Urbanismo avanza en los trámites para ingresar 18 millones de un convenio

Una de las operaciones económicas a cuenta de convenios urbanísticos que el Ayuntamiento tiene más accesible actualmente es la relacionada con los terrenos de Sánchez Blanca, unos suelos junto a la zona de Intelhorce en los que está prevista desde hace más de una década la construcción de 3.443 viviendas. Los promotores de este ámbito son Unicaja, a través de la sociedad GIA (que posee el 83,3%), y la inmobiliaria madrileña Andria (16,6%). El 3 de mayo del año pasado expiró el plazo que tenían ambos para abonar al Ayuntamiento los 28,4 millones de euros pendientes del convenio asociado a esta actuación. Los dos recurrieron el pago de ese dinero, pero Unicaja se abrió a negociar con el Consistorio una modificación del acuerdo que finalmente fue aprobada en una ajustada votación celebrada en el consejo rector de la Gerencia de Urbanismo del pasado mes de julio.

Esa variación consiste en que la deuda se rebaja porque el Consistorio se queda con los derechos para construir 57.312 metros cuadrados de techo para viviendas de protección oficial. A cambio, el montante de la deuda del convenio se reduce a 13,7 millones de euros de los que Unicaja respondería por 11,4 millones de euros, en función de su porcentaje de participación en la actuación. La entidad financiera se ha comprometido a abonar esa cantidad más intereses, lo que a la fecha actual supondría un total de 17,8 millones de euros, en el momento en que se firme el acuerdo para revisar el convenio. Andria, por su lado, se ha declarado insolvente y mantiene dos recursos judiciales contra el Ayuntamiento.

Uno de estos recursos hace alusión a un escrito que Andria presentó en junio del año pasado ante Urbanismo y en el que pide que se anulen todos los convenios relacionados con Sánchez Blanca, que el Ayuntamiento devuelva a los propietarios 26,7 millones de euros que ya abonaron por esos acuerdos así como un aval de más de medio millón de euros y que se revise la calificación del sector, recogida en el vigente Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU).

La Gerencia de Urbanismo ha elaborado una respuesta a las pretensiones de Andria –reiteradas en la alegación que presentó el mes pasado contra el acuerdo alcanzado entre Unicaja y el equipo de gobierno– en la que las rechaza de plano y critica a esta empresa inmobiliaria por «pretender cuestionarse una serie de actuaciones administraciones firmes y consentidas por todas las partes, con el único objetivo de eludir torticeramente el cumplimento de las obligaciones urbanísticas asumidas en su día».

El rechazo al escrito presentado por Andria en junio del año pasado ha sido aprobado este lunes, con nueve votos a favor del PP y el PSOE y la abstención del resto de grupos, en el marco de la comisión plenaria de Ordenación del Territorio. En el expediente, los técnicos de Urbanismo aclaran que las cuestiones relativas a la revisión de la calificación del sector deben ser abordadas por la Junta de Andalucía, ya que fue ella la que dio el visto bueno definitivo al actual PGOU.

El gerente de Urbanismo, José Cardador, ha explicado que al próximo consejo rector de la Gerencia de este mes se llevará la resolución de las alegaciones respecto al acuerdo con GIA para ingresar los casi 18 millones de euros del convenio de Sánchez Blanca, de forma que pueda ratificarse en el consejo de diciembre y firmarse lo antes posible. Al mismo tiempo de la rúbrica, Unicaja deberá ingresar el dinero pendiente al Ayuntamiento.

Por otro lado, se ha aprobado de manera definitiva en la citada comisión plenaria (por seis votos a favor, tres abstenciones y dos votos en contra) un estudio urbanístico para facilitar la construcción de un complejo de apartamentos turísticos junto a la iglesia de San Juan, en el Centro Histórico de la capital. En este caso, el expediente urbanístico permite la construcción de un edificio de planta baja más dos en el número 6 del pasaje Comandante, junto a la rehabilitación integral de dos inmuebles colindantes situados en el número 3 del citado pasaje y en el número 14 de la calle San Juan.

Asimismo, la comisión ha dado luz verde por unanimidad a una propuesta para fijar con más claridad la protección de los suelos situados al sur del Monte Coronado para clasificarlos como no urbanizables, de especial protección, a raíz de fallos judiciales motivados por recursos del grupo Prasa y otros privados.