El TSJA deja en manos de la Junta la solución para el entorno de los Baños del Carmen

El fallo estima parcialmente el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la sociedad Parque Balneario Nuestra Señora del Carmen contra la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, y anula la resolución que consideró no válida la transmisión de las acciones de los anteriores propietarios, que además quedan libres de cualquier responsabilidad. Esto supone, de facto, el reconocimiento de plenos derechos a los actuales socios, el grupo liderado por Damián Caneda, para prorrogar la concesión, como cualquier otro chiringuito de Málaga, que tiene derecho a extensiones de 15 años, prorrogables por igual periodo. Cabe recordar que la semana pasada, esta misma consejería volvió a rechazar tal posibilidad de una extensión por tiempo determinado, y permitió sólo aplazamientos «tácitos» de seis en seis meses, hasta que se resolviera la situación legal y administrativa.

El fallo le abre la puerta también a la solución definitiva para que el antiguo 'camping' se pueda convertir en un gran parque de 30.000 metros cuadrados para los vecinos de Pedregalejo, ya que la Demarcación de Costas ya autorizó una concesión máxima de 1.802 metros cuadrados, a la que Medio Ambiente tendrá que dar ahora solución mediante una segragación del espacio concesional, negociada con los privados.

El Alto Tribunal expone que la parte demandada (la Junta) postuló que con carácter previo a la consumación de la transmisión, la Administración competente tenía que efectuar una declaración formal expresa sobre el cumplimiento por parte del adquirente de las condiciones necesarias, para convertirse en titular de la concesión, según el artículo 142.1 del Reglamento de la Ley Costas. No obstante, la Sala no comparte la interpretación que extrae la Administración: «Dicho precepto no prohíbe, ni imposibilita su transmisión». Y en otro punto: «A criterio de esta Sala nada impide que la partes puedan acordar la transmisión, mediante acuerdo de voluntades sobre la cosa y precio, con los efectos civiles o mercantiles inherentes a toda compraventa, que en el caso concreto se formalizó ante notario en escritura pública con fecha 30 de septiembre de 2014».

Del análisis de los preceptos aplicables concluye el TSJA que los derechos que otorga una concesión de explotación pueden ser transmitidos inter vivos. Además, para hacer uso de tales derechos transmitidos deberá solicitarse autorización de la autoridad da el permiso o la concesión, que la otorgará cuando se reúnan los correspondientes requisitos. Una vez efectuada la transmisión inter partes, formalizada ante notario, su validez a efectos administrativos quedará supeditada al otorgamiento de dicha autorización, previo reconocimiento por parte de la Administración de que concurren los requisitos que tanto la ley como el título concesional establecen, en cuyo caso autorizará la transmisión. En cualquier caso, la autorización regulada será únicamente a efectos administrativos, al margen de los derechos y obligaciones de carácter civil o mercantil que deriven del contrato de compraventa.

«Llegados a este punto, los argumentos vertidos en la presente sentencia nos llevan a estimar la pretensión de la parte actora, anulando la resolución administrativa por no ser conforme a derecho», afirman los magistrados. Con todo, esta estimación será parcial, pues la Sala no puede suplantar la labor de la Administración, en orden a valorar los documentos que ya fueron aportados por la recurrente, tras el requerimiento efectuado por la Delegación Territorial. Por todo ello, concluye: «A la vista de todos los razonamientos anteriores, procede estimar parcialmente el recurso contencioso-administrativo interpuesto, y en cuya virtud se acuerda anular el acto administrativo impugnado, por no resultar ajustado a derecho, debiendo retrotraer las actuaciones a fin de que la administración valore la documentación que fue aportada por la entidad recurrente, en cuanto al cumplimiento de las condiciones exigidas en la normativa en cuestión».

Ello significa que la Junta tendrá que volver a valorar si los concesionarios cumplen administrativamente las condiciones para serlo, como, de hecho, viene ocurriendo con éxito desde el año 2014. En consecuencia, tendrá que valorar si procede la prórroga oficial que se aplica en estos casos (15 más 15 años), en los términos aprobados por Costas, que ya autorizó una ocupación máxima de 1.802 metros cuadrados, incluyendo el restaurante y las terrazas. En este caso, Medio Ambiente se tendrá que sentar ahora con la Demarcación y con los socios para acordar la escisión de la antigua concesión, para separar la zona del área de acampada (de 30.000 metros cuadrados) y donde el Plan Especial prevé un gran parque público, que se construirá en colaboración entre el Ministerio de Medio Ambiente y el Ayuntamiento de la capital.

Por último, el TSJA determina excluir de este procedimiento a las entidades vendedoras, Albuñol S.A. (de la antigua Vera) y Felipe Acha S.A. Queda por ver si el Gobierno andaluz decide ahora dejarlo estar y acatar la sentencia, o si presenta el recurso de casación al que tiene derecho. Este ya habría que elevarlo ante la Sala de los Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo.