El TSJA confirma el fraude en la contratación de ocho bibliotecarios del Ayuntamiento

La biblioteca de El Palo, donde trabajaba uno de ellos./
La biblioteca de El Palo, donde trabajaba uno de ellos.

Los trabajadores consiguen que se reconozca que estaban cedidos ilegalmente a las empresas que los contrataban, pero no la nulidad de sus despidos

Pilar R. Quirós
PILAR R. QUIRÓSMálaga

Tras los falsos autónomos del OMAU, que según este periódico ha confirmado están todos finalmente despedidos;las sentencias a favor del funcionario azote Wenceslao Alonso por no realizarse los procesos de selección de internos por mérito, capacidad e igualdad, ahora se suma, o más bien se implementa que el TSJA confirma que los ocho bibliotecarios que demandaron al Ayuntamiento estaban en fraude de ley, y que el Ayuntamiento realizaba una cesión ilegal de estos empleados a las empresas que finalmente los contrataban (vía licitación por concurso o contrato menor). Así que, tras este reguero de fallos en contra del Consistorio sólo cabe esperar que en el próximo mandato municipal se organicen mejor los contratos laborales y la selección de personal intramuros.

En este caso, en el que los bibliotecarios incluso fueron al pleno a quejarse de la situación en la que habían estado trabajando, con contratos intermitentes pero realizando las mismas tareas que los funcionarios ha llevado además a que, ganando en primera instancia, recurrieran al TSJA para intentar probar el despido nulo por garantía de indemnidad. El TSJA, sin embargo, se ha ceñido al fallo en primera instancia confirmando que el Ayuntamiento había realizado una «cesión ilegal» de estos trabajadores, en concreto siete mujeres y un hombre, a las dos empresas que los habían contratado (BCMGestión de Servicios y Educomex Multiservicios) por medio de una licitación por concurso o contrato menor.

En este asunto, que ha llevado la letrada Mar Bascuñana, el TSJA confirma el «fraude en la contratación» de la sentencia inicial, y subraya que la primera demandante (el fallo no cambiaría para los demás por seguridad jurídica), Belén J. G., a veces a abría y cerraba las biblioteca en la que trabajaba, concretamente en la de Emilio Prados (El Palo), y como técnico auxiliar de biblioteca atendía las salas y a los usuarios, daba altas y bajas a los mismos, hacía préstamos, utilizaba material existente en las mismas, como el ordenador, e incluso aparecía en los cuadrantes de trabajo del Consistorio. Es decir, hacía el trabajo de una empleada laboral del Consistorio.

Este asunto se vio en la una comisión de Derechos Sociales, a la que hace alusión la sentencia del TSJA, lo que pone en entredicho aquello de que lo que se ve en el pleno son sólo posicionamientos políticos que tanto venimos escuchando en este mandato, cuya iniciativa presentaba IU-Málaga para la Gente. En la misma intervino el que estuvo contratado como bibliotecario Guillermo Wilson, que pedía la subrogración y la mejora de las condiciones laborales, ya que ganaban 4,5 euros a la hora, como dijo. La concejala de Cultura, Gema del Corral, les explicaba a los empleados presentes que desde el Ayuntamiento no podían entrar en la relación laboral que tuviera la empresa con ellos, ya que sería ilegal. Lo que en ese momento nadie esperaba, y luego se ha confirmado en primera instancia, y ahora en segunda, que la relación laboral no era con la empresa, sino del Ayuntamiento.

Parece mentira que una administración que debiera dar mayor ejemplo en lo que se trata de derechos de los ciudadanos, y sobre todo en asuntos laborales, cometa imprudencias de este tipo, que nos cuestan el dinero a todos y que dejan en entredicho su responsabilidad como organismo público. Los bibliotecarios han sido indemnizados conforme al convenio del personal laboral del Ayuntamiento, por lo que ahora han demandado la diferencia salarial por el último año de contratación conforme al convenio laboral del Consistorio.

Begoña Casares.
Begoña Casares.

Agradecimiento a una buena secretaria de comisión

Llegaba el final del mandato municipal, la última comisión de Derechos Sociales hasta que se conforme el nuevo gobierno de la Casona. En estos encuentro participan activamente los ediles y sus partidos poniendo en marcha iniciativas, mociones y debatiendo las del resto para, se supone, mejorar la vida de los ciudadanos. A veces prosperan, y se materializan, otras muchas veces no, y se quedan escondidas en un cajón o lo que vienen siendo las actas de los plenos. Pero para que todo funcione siempre hay además personal funcionario de la casa que hace su trabajo y pone su empeño para que todo funcione. Uno de los más conocidos es Raúl Montoya, del Centro de Informática Municipal (CEMI), que pone todos los medios para que se escuchen las sesiones en el salón de plenos y en casa vía Youtube. Pero el último día tocaba darle las gracias a la que, seguramente, es uno de los mejores secretarios de comisión, que siempre lee los acuerdos en voz alta para que los plumillas no nos liemos con las retocadas redacciones, que hace un repaso de las votaciones y que está atenta al devenir de las sesiones. Por eso, la edil Mar Torres agradeció su trabajo a la secretaria de la comisión de Derechos Sociales, Begoña Casares, «por su santa paciencia». Damos fe.