Los tribunales vuelven a dar la razón a la plantilla de Limasa y anulan recortes aplicados

Empleados de Limasa./
Empleados de Limasa.

El juzgado tumba todos los argumentos de la empresa y considera que el único marco legal vigente es el convenio previo a la crisis

FRANCISCO JIMÉNEZ MÁLAGA.

Los juzgados vuelven a dar la razón a los trabajadores de Limasa en el litigio que empresa y sindicatos mantienen desde hace años a cuenta del convenio colectivo, que se encuentra prorrogado desde el año 2012 aunque salpicado por varios acuerdos puntuales para desactivar distintas amenazas de huelga. La titular del Juzgado de lo Social número 12 de Málaga ha desestimado la demanda presentada por la empresa con la que pretendía consolidar los recortes aplicados a la plantilla que se plasmaron en los acuerdos que pusieron fin a la huelga de 2013. Esas medidas pactadas expiraron a finales de 2015 y desde entonces, los trabajadores vienen reclamando su recuperación.

Tras analizar la documentación aportada por ambas partes y escuchar los argumentos de unos y otros durante el juicio celebrado el pasado 27 de septiembre, la jueza ha rechazado la tesis de la empresa y entiende que el único convenio vigente a día de hoy es el de 2010-2012. De hecho, no ha entrado en el fondo del asunto al considerar que se trata de «cosa juzgada», en referencia a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) de julio de 2017, que es firme tras ser refrendada por el Supremo el pasado mes de mayo y que ya instaba a la empresa mixta de limpieza (el 49% está en manos del Ayuntamiento) a reponer a la plantilla las condiciones socioeconómicas que tenían antes del acuerdo que desactivó la huelga de 2013.

Pero además, también tumba los argumentos esgrimidos por la compañía para tratar de mantener los recortes consensuados de forma puntual para desactivar sendas amenazas de huelga en febrero del año 2012 y marzo de 2013. En su pronunciamiento, la jueza incide en que en ambos casos se trataba de «medidas concretas y temporales» para desconvocar sendos conflictos laborales, como lo demuestra el hecho de que esos acuerdos fueron firmados por el comité de huelga, no por el comité de empresa que es el que tiene la potestad para negociar el convenio colectivo.

El impacto económico en la futura Limasa pública puede rondar los 10 millones anuales

A tenor de este fallo, contra el que cabe recurso ante el TSJA, los sindicatos consideran que deben recuperar todos los derechos perdidos en los últimos años: la paga de productividad (1.431 euros), descansar todos los fines de semana, disfrutar las vacaciones en verano, poder trabajar los festivos que se pagan a 140 euros, percibir el complemento a cargo de la empresa en caso de hospitalización o incapacidad hasta alcanzar el 100% de la base reguladora, recibir un uniforme completo en invierno y otro en verano y la cesta de Navidad valorada en 68 euros. En su conjunto, el impacto económico podría rondar los diez millones de euros anuales, sin contar los retrasos que podrían reclamarse.

Tras serle notificada la sentencia, el comité de empresa tiene previsto reunirse hoy para analizarla de una forma más detallada y determinar los pasos a seguir, siempre en consonancia con lo que decida la plantilla.

Por su parte, desde Limasa también están estudiando el fallo para valorar si en los próximos cinco días que tiene de margen se interpone un recurso ante el TSJA.

Diferencias salariales

La empresa, incluso antes de conocer el fallo, reconocía la existencia de diferencias salariales que habría que concretar (estuvo intentando llegar a un acuerdo hasta el día antes del juicio), pero tras una primera lectura entiende que siguen sin estar definidas cuestiones como las tablas salariales o la cuantía de la polémica paga de productividad.

En este sentido, la concejala responsable del servicio de limpieza, Teresa Porras, afirmaba ayer que «aún quedan algunas cuestiones por analizar que no están del todo claras». Además, abogó por encontrar una salida negociada con los sindicatos para despejar el camino hacia la municipalización del servicio que pretende acometer el alcalde, Francisco de la Torre.

En cualquier caso, esta nueva victoria de los trabajadores en los tribunales les deja en una posición de fuerza a la hora de sentarse a abordar las condiciones laborales que tendrá la plantilla cuando el servicio de limpieza sea municipalizado. Ambas partes coinciden en que queda mucho por hablar.

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