Tráfico prepara un plan contra la siniestralidad tras el repunte de muertos en verano

Pere Navarro defiende más radares, más vigilancia y una reducción de la velocidad máxima en las carreteras convencionales

J. LUIS ÁLVAREZ

Madrid. El verano terminó en las carreteras con 259 muertos en 236 accidentes, 34 fallecidos más que en los meses de julio y agosto del pasado, lo que supone un aumento del 15% respecto al año pasado, según las cifras provisionales de la Dirección General de Tráfico (DGT). El máximo responsable del organismo, Pere Navarro, cree que estos datos «no son buenos, pero no hay sorpresas después de tres años de continuo aumento de los fallecidos». Para poner freno a esta siniestralidad, Navarro prepara un paquete de medidas que incluyen más radares, la reducción del límite de velocidad en las carreteras convencionales y el aumento de la vigilancia de las vías.

Después de analizar el balance que deja el verano en la carreteras, donde otras 904 personas resultaron heridas graves, el director general de Tráfico centró toda su atención en el lugar donde han perdido la vida 198 personas, el 76% de los fallecidos en julio y agosto, para sacar las primeras conclusiones. Y es que son las carreteras convencionales -las de un carril en cada sentido- donde Navarro pretende «concentrar todos los esfuerzos» en los casi dos años que restan de legislatura para «resolver el problema».

De los siniestros ocurridos durante este verano en estas carreteras, que suman nada menos que 150.000 kilómetros, el 37% se produjo por una salida de la vía. Según detalló Pere Navarro, el 51% de esos accidentes se debió a excesos de velocidad.

Ante estos datos «que indican donde debemos hacer los esfuerzos», el director de la DGT incidió en que «si hay políticas de seguridad vial, los accidentes podrían bajar». Aquí destacó que la velocidad «es la asignatura pendiente de la seguridad vial y está detrás de las lesiones». Por ello, como primera medida, el responsable de Tráfico defendió el incremento de los radares. La segunda medida pasa por reducir la velocidad máxima permitida en las carreteras convencionales. Esta reducción vendría recogida en la reforma del Reglamento General de Circulación, asunto que lleva pendiente más de cuatro años.

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