El Supremo condena al Ayuntamiento de Málaga a abonar cinco millones de euros por tres parcelas

Los suelos están en la zona delMonte Sancha./Migue Fernández
Los suelos están en la zona delMonte Sancha. / Migue Fernández

La sentencia reproduce el argumento de otra por la que el Consistorio tuvo que abonar 6,2 millones por unos suelos en la misma zona

Jesús Hinojosa
JESÚS HINOJOSAMálaga

La zona del Monte Sancha, entre Gibralfaro y el Limonar, se ha convertido para el Ayuntamiento en el escenario de sus peores pesadillas en lo que se refiere a la aparición de sentencias judiciales que le obligan a desembolsar grandes sumas de dinero por la expropiación de unos suelos de dudosa utilidad para la ciudad. A finales de 2016, una sentencia del Tribunal Supremo tasó en 6,2 millones de euros el precio de dos parcelas de este ámbito con una pronunciada pendiente. El equipo de gobierno se vio obligado a modificar el presupuesto para hacer frente al pago de este desagradable imprevisto.

Un año y medio después, el mismo tribunal ha emitido un nuevo fallo relativo a tres parcelas, también de la zona de Monte Sancha, por el que obliga al Consistorio a desembolsar cinco millones de euros a sus propietarios.

En este caso, las fincas suman una superficie de unos nueve mil metros cuadrados y están situadas en la zona de las calles Apamares y Padre Isla, entre otros puntos del Monte Sancha. La propiedad de estos terrenos solicitó su expropiación en 2004, en base al artículo 140 de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, que fuerza a la administración, en este caso el Consistorio, a través de la Gerencia de Urbanismo, a incoar el correspondiente expediente expropiatorio transcurridos cuatro años desde la aprobación del planeamiento urbanístico que lo contempla, cuestión que se cumple en este caso.

No obstante, los privados, defendidos por el abogado Juan Ramón Fernández-Canivell, del despacho Consulting de Derecho Urbanístico, no presentaron su valoración de los terrenos, cifrada en unos treinta millones de euros, hasta 2009. Sostuvieron que el método de valoración de los suelos tenía que ser el correspondiente a ese año y no el que determina la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), que señala que debe tomarse la valoración del momento en el que se inicia el expediente a petición de los interesados, es decir, en los seis meses posteriores desde el momento en que lo solicitan.

Un primer fallo judicial del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) les quitó la razón y tasó el valor de estos nueve mil metros cuadrados en 1,7 millones de euros. Sin embargo, el Supremo ha rebatido esa sentencia y ha remarcado que la fecha a tomar en consideración para la valoración de los suelos expropiados a petición de sus propietarios «es la establecida por la legislación estatal en materia de expropiaciones, esto es, la correspondiente a la formulación de la hora de aprecio por los expropiados», precisa el alto tribunal.

De este modo, el Supremo entiende que debe aplicarse el método vigente en 2009 y admite la valoración del perito judicial, cifrada en 538 euros el metro cuadrado, lo que arroja un montante 4.850.513 euros que, sumado el 5% de premio, hace un total de 5.093.093 euros, cantidad que aumentará con los intereses.

Relevancia regional

El abogado Juan Ramón Fernández-Canivell destacó que, al ser la segunda sentencia del Supremo que repite el mismo argumento en contra de lo contenido en la LOUAsobre este aspecto –la anterior también fue a raíz de un recurso presentado por este letrado–, el fallo sienta jurisprudencia y abre una vía aplicable a otros casos similares a nivel andaluz. «Es una sentencia importante para toda Andalucía porque ataca por segunda vez al artículo 140 de la LOUA», señaló.

Este varapalo judicial para las arcas municipales se suma a otros similares que han obligado al Ayuntamiento a desembolsar ya más de veinte millones de euros por terrenos situados en las proximidades de Gibralfaro y de El Morlaco. En algunos casos, comparten el hecho de que fueron contemplados décadas atrás como zonas verdes a expropiar pese a que su orografía impide en la práctica que puedan ser utilizados por los vecinos.

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