Solo cuatro de cada diez agresiones a profesionales sanitarios se denuncian en Málaga

María Gémz y Carlos Bautista. /SUR
María Gémz y Carlos Bautista. / SUR

María Gámez destaca que nadie tiene «licencia» para ejercer una conducta violenta contra el personal de la sanidad

Ángel Escalera
ÁNGEL ESCALERAMálaga

Solo cuatro de cada diez agresiones a profesionales sanitarios de las que se producen en la provincia malagueña se denuncian, según ha dicho este lunes la subdelegada del Gobierno en Málaga, María Gámez, que ha animado a presentar denuncias, porque es imprescindible para que pueda haber una condena. Gámez ha añadido que en la mitad de los casos que se denuncian se produce la detención del agresor. «Si no se denuncia, no hay nada», ha señalado la subdelegada, que ha recomendado a los profesionales que hagan el esfuerzo de sacar a la luz las conductas violentas que padecen. Para facilitarles esa labor, existe la llamada denuncia exprés, a través de la que miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado acuden al centro sanitario donde se ha cometido la agresión para ahorrarles trámites al profesional.

El año pasado se registraron en la provincia de Málaga 96 delitos por agresiones a profesionales sanitarios. En el primer semestre de 2019 hay contabilizados 46. «¿Quiere decir esto que hay más agresiones?», se ha preguntado Gámez. «Es difícil saber la respuesta. Lo que sabemos es que están aflorando más. Puede ser porque se denuncian más casos o porque realmente hay un aumento de agresiones. Las cifras hay que tratarlas con cuidado», ha dicho la subdelegada del Gobierno. «En cualquier caso, desde una ya me parece lamentable.

«Es inadmisible que quienes nos ayudan, nos cuidan y nos curan sean objeto de insultos, amenazas y agresiones», ha lamentado Gámez y ha recalcado que ante ese tipo de conductas violentas se va a seguir «con tolerancia cero». A ese respecto, ha destacado que nadie tiene «licencia» para agredir ni para armar un lío a los profesionales sanitarios.

«No hay nada que justifique eso», ha indicado la subdelegada, que se ha referido a que hay cauces reglamentarios por vías pacíficas para expresar quejas y reclamaciones si no se está de acuerdo con la asistencia recibida, pero sin traspasar nunca las líneas de la buena educación. María Gámez ha hecho estas declaraciones momentos antes de presidir una mesa en la que se ha abordado la lacra de las conductas violentas que soporta el personal de la sanidad, con la participación de colegios profesionales, sindicatos del sector y representantes de la Administración y de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. La subdelegada ha señalado que durante el verano se intensifica la vigilancia policial en los centros sanitarios, sobre todo en los que son considerados «puntos calientes».

El delegado provincial de Salud y Familias, Carlos Bautista, ha asegurado que suscribe al cien por cien las palabras pronunciadas por María Gámez sobre las agresiones contra el personal de la sanidad. Bautista ha dado las gracias a todos los profesionales sanitarios, «que están una vez más pasando un verano difícil». El dirigente de Salud espera que el Gobierno central lleve a cabo algún tipo de iniciativa política para, que dentro de la legalidad, se incrementen las sanciones y las penas contra los agresores. «No es de recibo que una persona que quiere ayudarte reciba la ira de los usuarios», ha manifestado Bautista.

En estos momentos, la ley contempla penas de cárcel de seis meses a dos años por atentado contra la autoridad en caso de agresión a un médico. La media de las condenas es de un año de prisión. En la mayoría de las ocasiones, si el agresor no tiene otras condenas, el ingreso en prisión queda en suspenso al no superar la pena los dos años.