Ya hay sentencia en el Balneario, ¿ahora qué pasa?

Primer punto. Dado que la sociedad Parque Balneario Nuestra Señora del Carmen continúa siendo la concesionaria, pues la sentencia dicta que no ha incurrido en causa de nulidad, ello significa que sus titulares tienen derecho a solicitar una prórroga oficial (de 15 más 15 años), como cualquier otro chiringuito de Málaga. La Consejería de Medio Ambiente ya ha denegado –en una propuesta de resolución anterior a la sentencia– tal posibilidad, y sólo le ha concedido extensiones de plazo parciales, de seis en seis meses renovables tácitamente, hasta que se resuelva el dilema de la concesión.

Como primera conclusión, hay que poner de relieve que el servicio del restaurante se mantiene en manos de los mismos empresarios, y es previsible que esta situación provisional se pueda alargar durante varios meses, incluso años, hasta que se produzca la resolución definitiva.

Segundo punto. La Junta, en la revisión del expediente al que le ha obligado la Justicia, tiene dos caminos posibles. Una, de sentido común y que permitiría una salida más rápida al entuerto, sería negociar con el grupo empresarial una fórmula de prórroga, pero únicamente sobre la parcela que la Demarcación de Costas considera compatible con la obra pública, y que se mantendría para el uso del chiringuito (1.802 metros cuadrados). Para que esto fuera posible, con carácter previo habría que llegar a un acuerdo para desgajar los 30.000 metros cuadrados del solar del antiguo 'camping'. Este se entregaría a Costas y, con la ayuda del Ayuntamiento, se convertiría en un parque público para los vecinos del barrio de Pedregalejo. Fuentes jurídicas expertas indicaron a SUR que esta vía legal es factible, máxime cuando el organismo dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica ya ha delimitado la zona que sería compatible con la ejecución del proyecto del PlanEspecial.

En cambio, a tenor de las recientes manifestaciones públicas de sus responsables y, sobre todo, de la última resolución autonómica, todo apunta que la solución no será tan fácil. Cuando retome el expediente, los técnicos autonómicos tendrán (por sentencia) que admitir al grupo de Caneda como concesionarios de pleno derecho. Pero no se puede olvidar que la concesión de cien años se caducará oficialmente el próximo 29 de julio. De manera que podrían alegar que los derechos se han extinguido, y que la prórroga no es factible porque afecta a una superficie diferente. Además, está sometida al desarrollo de una obra pública, que prevalece legalmente. Este es el argumentario que Medio Ambiente de la Junta ha mantenido esta última semana.

Llegados a este caso, el Gobierno andaluz pretende tener el beneplácito de los privados, a los que ya ha invitado a solicitar formalmente una nueva concesión sobre la parcela que está autorizada. Aunque en última instancia esta se resolvería mediante un concurso público, entre cuyos elementos de valoración se tendría en cuenta la experiencia en la gestión del espacio.

Sea por una vía o por otra, la solución debería pasar obligatoriamente por un acuerdo político y técnico entre los responsables autonómicos y los concesionarios. En caso contrario, frente a un dictamen que vulnere sus derechos, estos últimos podrían acudir de nuevo a los tribunales, lo que dilataría nuevamente la conclusión y, lo que es peor, la posibilidad de convertir los terrenos abandonados en un jardín para los ciudadanos.

En paralelo a todo este proceso administrativo, y aunque todavía no se ha tomado una decisión, tampoco se puede perder de vista en el terreno judicial que la Junta tiene derecho a presentar un recurso de casación contra la sentencia, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo. En este supuesto, la solución final tendrá que esperar hasta el siguiente veredicto.

A falta de conocer la valoración que hacen los servicios jurídicos de la Consejería de Medio Ambiente acerca de la sentencia del TSJA, la Junta defiende la convocatoria de un concurso público para elegir al concesionario que explotará en el futuro el balneario de los Baños del Carmen. El delegado del Gobierno andaluz, José Luis Ruiz Espejo, recordó ayer que ya ha trasladado en un informe a los propietarios de la explotación que la opción elegida, de momento, va a ser la de proponer prórrogas consecutivas por seis meses hasta que se pueda adjudicar definitivamente.

Para este trámite final, el responsable autonómico defiende la vía de la licitación, con un pliego que tenga en cuenta el proyecto público del parque y los espigones, «para evitar los temporales que de forma recurrente se producen en la zona». Así, insiste en que el aprovechamiento debe ser acorde con el espacio que se puede explotar. «Creemos que es la mejor opción, un proyecto definitivo que permitirá el uso del espacio con total garantía y con la posibilidad de que se puedan presentar los actuales explotadores, basados en su experiencia», afirmó Ruiz Espejo, y añadió: «Una vez que termine la concesión, este 2018 podremos tener una nueva, con un espacio temporal suficiente para el proyecto público, que cambia las condiciones que había hasta ahora; es la posición más razonable».