«El problema del empleo juvenil no debe presentarse como una confrontación entre generaciones»

–En plena polémica por la subida de las cuotas, ¿cree que están bien tratados los autónomos en España?

–Para responder a esta pregunta tenemos que contextualizar. En este sentido, el RETA ha sido tradicionalmente un régimen deficitario que afectaba al mantenimiento de las pensiones. La reforma que en 2023 introduce una cotización por ingresos reales trata de paliar ese problema, pero los autónomos siguen teniendo prestaciones más bajas. El incremento de cuotas tendería a resolver esta cuestión, pero hay ser cuidadoso para que los incrementos no afecten al empleo o a la propia subsistencia de los que tienen bajos ingresos.

–En estos momentos, Gobierno y sindicatos negocian la reforma de la regulación actual del despido improcedente en España para adecuarla a la Carta Social Europea, que califica de «insuficientes» los límites máximos de indemnización fijados por la normativa española para reparar el perjuicio sufrido por el trabajador y disuadir al empresario. ¿Cree necesaria esta revisión o, por el contrario, esa indemnización es adecuada?

–No cabe una respuesta única para esta pregunta. A veces es suficiente y otras no. Pero le hago yo una pregunta: si yo mañana dejo la universidad porque me hacen una oferta de empleo estupenda, vendo mi piso, invierto en otra vivienda en otra ciudad y al mes me despiden sin justificación, ¿me compensan si me pagan la parte proporcional de 33 días de salario por año de servicio (2,75 días)? Yo creo que a esto sí que hay que darle una vuelta.

–Con una esperanza de vida creciente, una tasa de natalidad que cae en picado y una incorporación cada vez más tardía al mercado laboral de los jóvenes ¿Es sostenible el actual sistema de pensiones? ¿Es suficiente el MEI y la cuota de solidaridad planteada para los salarios más altos?

–Quiero creer y creo que el sistema es y debe ser sostenible, porque es uno de los grandes éxitos de nuestro Estado del Bienestar. Pero con medidas concretas como el MEI o la cuota de solidarias por sí solas, no es suficiente. Precisamente dirigimos un Proyecto de Investigación Nacional, financiado por el Ministerio, sobre la sostenibilidad social y financiera del sistema de pensiones y que cuenta con los mayores expertos de España e Italia en la materia. Este proyecto está en su fase final y está arrojando resultados muy interesantes que nos hacen ser optimistas de cara al futuro, pero que pasa por la adopción de más medidas.

–¿Cuáles serían esas posibles soluciones para revertir la situación?

–Europa nos viene diciendo que necesitamos más medidas. Por ello se han ido planificando sucesivas reformas en las que se fueron introduciendo medidas como, por ejemplo, la eliminación de gastos que no tendría que soportar el sistema de pensiones. En cualquier caso, seguramente se tendrán que adoptar medidas impositivas, entre otras.

–¿Recomienda abrirse planes de pensiones privados?

–No como solución para el mantenimiento del sistema o como medida estrella para conseguir una renta suficiente en la vejez. Más aún porque para poder hacer un plan de pensiones hay que tener suficiente capacidad de ahorro, lo que no está al alcance de todos. Pero como complemento al sistema público, obviamente cada uno puede invertir en lo que entienda que le puede ser más rentable .

–Así las cosas, en lugar de retrasar la jubilación, ¿no habría que incentivar con mejores salarios la incorporación más temprana de los jóvenes al mercado laboral? Actualmente, los jóvenes españoles dejan la casa de sus padres a los 30, casi cuatro años después que la media europea.

–El problema del empleo juvenil es terrible. Tienen más tasa de desempleo y más precariedad en el empleo. Si los jóvenes tuvieran mejores condiciones laborales, habría mejores cotizaciones, lo que repercute directamente en más ingresos para el sistema e, indirectamente, en un incremento del poder adquisitivo y del dinero circulante. Lo que se traduce en más empleo que termina repercutiendo también en mayores aportaciones para la sostenibilidad del sistema. En cualquier caso, no podemos ni debemos vincular las políticas que afectan al mantenimiento del empleo de los mayores (nuevas formas de compatibilidad de trabajo y jubilación) o de los jóvenes. Podremos estar más o menos de acuerdo con esas políticas pero no debemos presentar el problema como una confrontación entre generaciones.

–España es el país de la OCDE con mayor proporción de jóvenes que tras los estudios no obtienen un trabajo (9,1% frente a una media del 3,8%) y quienes sí lo consiguen se topan con el problema de la temporalidad y parcialidad. ¿Es la precariedad laboral el gran lastre de nuestra sociedad por el impacto que tiene en el acceso a una vivienda, formación de una familia…?

–Sin duda. Y no hay en muchas ocasiones razones que justifiquen los contratos de corta duración. Contratos que, a la larga, salen más caros. Pero las estadísticas muestran la realidad: los jóvenes son un colectivo que formaliza una enorme cantidad de contratos temporales, pero con una escasa incidencia de los que tienen naturaleza formativa.

–Cada vez más empresas acuden a los servicios de detectives privados para hacer seguimiento de las bajas médicas de sus trabajadores. ¿La gestión de la incapacidad temporal se ha convertido en un dolor de cabeza para las compañías?

–Sí, pero no siempre sirve la prueba de detectives, porque o bien no se conoce la dolencia o ésta puede resultar compatible con la enfermedad o incluso que podamos incurrir en políticas discriminatorias. Es muy importante consultar a un profesional del derecho laboral con carácter previo.

–¿Sigue habiendo mucha picaresca en el absentismo laboral?

–Como en cualquier otro aspecto de la vida diaria, pero lo que ocurre es que hay una gran cantidad de sentencias que retratan situaciones realmente llamativas. Es cierto que es un campo en el que se detecta un importante grado de fraude, pero eso no implica que se pueda criminalizar, de manera indiferenciada a todos aquellos que por razones justificadas se ausentan del trabajo.

–Cuando popularmente se habla de que España es el país de las 'paguitas', en alusión a los subsidios y ayudas que reciben los desempleados, ¿cree adecuado, justo y proporcionado el actual sistema de protección social?

–No estoy de acuerdo con esa calificación. El único límite es el que Europa nos ha venido señalando: que no resulte más rentable no trabajar que trabajar. Pero, además, al margen de los intereses estrictamente sociales, desde un punto de vista absolutamente materialista ¿le interesa a nuestra sociedad y economía dejar sin rentas a estas personas? ¿Qué consecuencias puede haber? Lo que hay que incentivar es que en la mayor parte de los casos sirvan para insertar a esas personas en el mercado de trabajo o impidan su exclusión social. Lo que se echa de menos, a veces, es una mayor sistematización y lógica entre las medidas existentes o que se programan.

–Derechos de conciliación, excedencias, reducciones de jornada, teletrabajo, permisos laborales, registro horario, reforma de los subsidios por desempleo… ¿Cómo está impactando en las empresas y trabajadores esta prolífica actividad regulatoria del Gobierno en estos últimos años?

–Aunque ahora ha parado un poco la producción normativa, los continuos cambios que se han producido –y los que están por venir– suponen, realmente un reto para empresas y trabajadores. Desde la Universidad asumimos el compromiso de formar a los mejores profesionales, así como hacer transferencia de conocimiento al tejido empresarial para que puedan enfrentarse a esa necesidad. Y es que estar al día en materia laboral es algo absolutamente indispensable. Una empresa, por ejemplo, que no esté al tanto de las nuevas novedades normativas u obligaciones en materia laboral o de seguridad social, está abocada a un incremento de costes, sanciones, problemas, etc.

–Medidas como el registro horario o la evaluación de los riesgos laborales que las familias con empleadas de hogar están obligadas a hacer desde el 14 de noviembre, ¿son realmente efectivas o por las peculiaridades de su trabajo, en un ámbito privado, es difícil controlar su cumplimiento?

–Estamos hablando de un colectivo que ha estado abandonado y absolutamente desprotegido y que fue el motivo de que Europa nos sacara los colores. En este sentido hay cosas manifiestamente mejorables, pero sí es positivo introducir estas medidas. El tiempo nos mostrará su posible éxito… o no.

–¿Cree factible en España la reducción de la jornada laboral de 40 a 37,5 horas semanales tal como plantea el Gobierno?

–No de manera generalizada. No es lo mismo un sector que otro, ni una empresa grande que una pyme. Generalizar, desde mi punto de vista, no es bueno y la experiencia nos demuestra que en muchas ocasiones con posterioridad hay que regular excepciones. Por ejemplo, tenemos una regulación general de la jornada, pero también una norma específica que regula las jornadas especiales según el sector, tipo de trabajo, etc.

–¿Cree que el teletrabajo, con una mayor flexibilidad horaria y autonomía en la organización de las tareas, mejora la productividad o, por el contrario, favorece el escaqueo?

–Yo llevo años teletrabajando y es lo que más me cunde. El problema es de diseño y de mentalización, pero hay herramientas y un marco normativo que permite su implantación sin grandes inconvenientes.

–¿Qué papel juega la IA en el ámbito laboral? ¿Deben temer los trabajadores por su puesto de trabajo?

–Pues teniendo en cuenta que hemos pasado ya por grandes procesos de revolución en las formas de producción y de prestación de servicios, no hay razones para pensar que no va a ser igual ahora. La IA es una oportunidad y una herramienta que debemos aprender a utilizar en todos los contextos y, como en cualquier otro, en el laboral también. De hecho, es algo muy demandando como formación: la sección de laboral del Colegio de Abogados me ha solicitado la preparación de un curso específico (microcréditos) para abordar esta cuestión y una Universidad Argentina nos ha propuesto un Título compartido para estudiar la IA en el marco de las relaciones laborales.

–Como vicerrector de la UMA, ¿comparte la idea de que la universidad es el principal ascensor social o es un planteamiento ya caduco?

–Es una realidad absoluta y tiene plena vigencia. Y le planteo una cuestión: ¿cuántos años tiene la UMA? ¿Y desde cuándo Málaga ha despegado? La Universidad pública ha dado la oportunidad a los que, de otro modo, no habrían llegado a su situación actual y, por tanto, no habrían contribuido al desarrollo exponencial de nuestra provincia. Podemos poner algún ejemplo claro: uno de nuestros últimos investidos honoris causa, Bernardo Quintero, alto directivo actual de Google, siempre recuerda que, gracias a sus estudios universitarios públicos, un chico humilde de Vélez-Málaga ha podido alcanzar un puesto relevante en una de las mayores empresas del mundo.