De privatizaciones y una transparencia descafeinada

En ese escenario, lo más reseñable de la mañana fue que el equipo de gobierno puso fin a seis meses de rumores y descartó que tengan intención de privatizar Smassa, una entidad de mayoría pública (el 51% está en manos del Ayuntamiento y el resto se lo reparten a partes iguales Unicaja y Empark), cuyos beneficios no paran de crecer y que el año pasado arrojaron un saldo positivo de 2,6 millones. Los ‘parkings’ y el SARE son rentables, y eso convierten a la sociedad en un caramelo por mucho que deba más de 20 millones a los bancos. Con los 127 trabajadores que integran la plantilla con la mosca detrás de la oreja, más aún después de que el alcalde, Francisco de la Torre, no aclarara nada en el consejo de administración de la semana pasada, fue ayer Mario Cortés, en su calidad de viceportavoz del PP «y máximo representante del equipo de gobierno en la sala» quien mostró la contundencia que el comité de empresa y la oposición exigían. «No está en la agenda política privatizar Smassa», aseguró, descartando además una venta de parte de las acciones porque «sería repetir el mismo error que en Limasa ya que supondría perder el control público».

Aprovechando la claridad con la que el PP despejó el futuro de Smassa, el concejal socialista Sergio Brenes trató de obtener la misma respuesta respecto a Limasa, cuyo horizonte sigue condicionado a que los populares resuelvan sus discrepancias internas desde que a comienzos de año De la Torre apostó por una gestión pública del servicio de limpieza viaria y recogida de residuos mientras buena parte de sus concejales se decantan por la privatización total. «¿Van a privatizarla? ¿sí o no?», inquirió el edil del PSOE. Su gozo en un pozo, porque lejos de arrojar luz, se añadió más incertidumbre. Primero porque hasta uno de los más firmes defensores de una Limasa externalizada por completo (ahora el 49% es municipal) como el propio Cortés se mostró más ambiguo. «Quizá se lleven ustedes una sorpresa y nos digan que no es viable al ver los números, o incluso que yo diga que el modelo público tiene más ventajas», lanzó. ¿A qué números se refería? Pues a los que salgan del enésimo informe encargado, ahora en busca de una fórmula que permita salvar el principal obstáculo para la municipalización, que es la inversión millonaria (se habla de unos 40 ó 50 millones) para renovar los 500 vehículos que componen la flota entre camiones y maquinaria, así como los contenedores. Un desembolso que en una gestión pública asumirían a pulmón las arcas municipales mientras que en un escenario privado lo adelantarían los concesionarios. La solución que se plantea consiste en adquirir los vehículos mediante el sistema de ‘leasing’ (alquiler con opción a compra). «Es una fórmula que no era posible en grandes vehículos pero parece que ahora sí hay empresas que lo ofrecen». De esta forma, el montante a pagar no se contemplaría como inversión, sino como gasto corriente y abonándose de forma prorrateada. «Cuando tengamos una cifra podremos tomar una decisión», afirmaba Cortés. ¿Gana enteros la municipalización? Eso sería mucho decir, porque a esa misma hora, a la conclusión de un acto público, el alcalde supeditaba lo supeditaba a la Ley de Presupuestos Generales del Estado, que pone límites a los ayuntamientos a la hora de absorber las plantillas de las contratas cuando se extinga la concesión. «Vamos a ver cómo queda el tema y si tenemos libertad y autonomía para decidir», advirtió. Eso sí, volviendo a dejar claro que su intención es municipalizar, siempre que sea capaz de convencer a sus concejales más díscolos.

Por otra parte, y como anticipo a los «detalles técnicos más precisos» que pretende aportar hoy en el consejo extraordinario de la Gerencia Municipal de Urbanismo, Francisco Pomares reconoció implícitamente que hay expedientes de infracción que han prescrito por no haber sido tramitados. Aunque se negó a admitirlo, sí que alegó que cada año se incoan un millar de actuaciones por infracciones urbanísticas y que se da prioridad a los casos más graves.