Primeras obras para recuperar el edificio más deteriorado en Palma-Palmilla: este es el proyecto

Las primeras obras para dar paso a esa intervención encaran su inicio después de que el Instituto Municipal de la Vivienda haya rubricado en días pasados el contrato con la empresa que llevará a cabo las demoliciones previas en el interior del edificio. Se trata de la sociedad Urcotex Inmobiliaria, que acometerá estos trabajos con un presupuesto de 144.830 euros y un plazo de ejecución de dos meses.

No obstante, la ejecución del proyecto en sí sigue pendiente de que el Ayuntamiento licite las obras de adaptación del edificio, que se valoraron en más de seis millones de euros. El equipo de gobierno municipal ha intentado en los últimos años recabar fondos europeos para financiarlas, pero no los ha conseguido por ahora. Según ha podido conocer SUR, la obtención de dinero de Bruselas o de otras administraciones resulta clave para que el Consistorio saque adelante esta operación, por lo que su financiación podría modificar el destino final del inmueble.

Inicialmente, el proyecto para el nuevo Cabriel 27, diseñado por el arquitecto Manuel Navarro, contempla 30 alojamientos de un dormitorio para estudiantes y otros 12 para mayores entre las plantas 8 y 13, donde habría salas comunes de comedor y lavandería para fomentar la convivencia entre los inquilinos. De ahí para abajo se proponen distintos usos, desde espacio para colectivos vecinales hasta un centro de emprendedores y 'coworking', pasando por talleres de empleo, escuela de padres, programas de apoyo a familias e incluso un centro juvenil.

Con esta actuación se aspira a darle una nueva oportunidad a un bloque que fue levantado por el Estado en los años 70 en el marco de la política de erradicación del chabolismo en Málaga y que en los últimos años entró en una espiral de deterioro empujado por la ocupación ilegal, los incendios originados por la acumulación de residuos o los enganches ilegales, las peleas y el hedor porque había inquilinos que tiraban la basura por la ventana. De hecho, la imposibilidad de constituir una comunidad de propietarios, dado que sólo cuatro de los 52 dueños residían en el inmueble mientras el resto de pisos fueron revendidos sin escritura de por medio u okupados, le dejó fuera del plan de rehabilitación integral y arreglo de zonas comunes del que sí se han ido beneficiando otros bloques del distrito en los que el Consistorio asumía el 90% de los gastos.

Así, sin mantenimiento alguno y con unas carencias fruto también de la falta de control de las administraciones (el Gobierno central, que lo construyó; la Junta que asumió las competencias en materia de vivienda pública; y el Ayuntamiento en el plano social), la reacción llegó tras rozarse de nuevo la tragedia la madrugada del 15 de julio de 2018 por un incendio. Una vez sofocadas las llamas, el Ayuntamiento decretó el desalojo del bloque no porque presentara signos de ruina física, sino porque carecía de las condiciones mínimas de seguridad y salubridad. Para las familias afectadas se aprobó una ayuda extraordinaria de 2.950 euros para que pudieran pagarse el alquiler mientras eran reubicadas en alguna vivienda social.