El pleno pide a la Junta de Andalucía que apruebe el plan director para acabar la Catedral

Respondía así Doña a la petición de Conde de que se «agilizaran los trámites por parte de la Junta» para dar luz verde a ese documento del Obispado que necesita la aprobación del Gobierno regional. «No queremos una ciudad con museos cerrados (por el Bellas Artes), con edificios expoliados (por el convento de la Trinidad) y con monumentos que tengan que cerrar sus puertas temporalmente (por la Catedral)», contestaba el portavoz popular. La apreciación crispó los ánimos de la concejala socialista, que tiró de ironía al considerar que «justo ahora el equipo de gobierno se preocupa de la Catedral cuando no tiene problemas en poner durante la semana de feria unos urinarios públicos pegados a su fachada».

El debate, que contó con el voto a favor del resto de grupos –Ciudadanos, Málaga para la Gente e incluso el concejal no adscrito, además del PP– , se zanjó con la abstención de los nueve ediles socialistas en esta materia, pero también se dio de bruces con la negativa en rotundo de las tres ediles de Málaga Ahora por considerar que los intereses del Obispado «no están del todo claros». «En esta ciudad parece que todo se le da a la Iglesia, y en eso no estamos de acuerdo», declaró la portavoz la encargada de defender la postura de la formación de izquierdas, Isabel Jiménez.

A pesar de que el debate de la Catedral terminó por ‘animar’ el pleno en su recta final, el tono ya venía elevado de serie tras la discusión de otros asuntos medulares en el orden del día: a saber, el canon del agua y las plusvalías por herencias. En el primer caso, el equipo de gobierno dio marcha atrás de manera oficial a esta tasa extra y acordó, con el apoyo unánime de todos los grupos, instar a la Junta de Andalucía a llegar a un acuerdo para cofinanciar las obras que se necesitan en la capital y cuyo coste asciende a 130,7 millones de euros.

De nuevo en este capítulo se reprodujo la guerra de competencias entre el PP y PSOE, que sí dio el visto bueno a esta solución alternativa pero que se quedó solo en la defensa del canon autonómico, que se paga en los recibos de todos los andaluces desde el año 2011. «Sean ustedes coherentes, si este canon de a Junta es bueno para todos también lo será el canon municipal, y viceversa», protestaba el edil de Sostenibilidad Medioambiental, Raúl Jiménez, en la defensa de su moción. «Ustedes no entienden que el nuestro es un canon solidario para hacer obras en los territorios donde más se necesiten», reprochaba la socialista Begoña Medina, que tachaba la moción del PP de «maliciosa, engañosa e insolidaria».

El otro debate, el de las plusvalías por herencias, dejó la imagen de un portavoz socialista, Daniel Pérez, crecido en su batalla contra este impuesto municipal y acusando de «cuentistas y mentirosos» al alcalde, a Elías Bendodo y al líder de los populares andaluces, Juanma Moreno. El rifirrafe dialéctico, sin embargo, cayó finalmente del lado de los populares, que consiguieron el apoyo de Ciudadanos para frenar la petición al equipo de gobierno de una mesa técnica que modifique el artículo sexto de la ordenanza para que el requisito de la convivencia a la hora de heredar no sea obligatorio. Poco antes de tumbar este punto de la moción, el portavoz Carlos Conde avisaba al socialista que ese «debate debía hacerse en el marco de las ordenanzas municipales» y que en caso de insistir en otra fórmula «se verían obligados a rechazar la propuesta» tal y como finalmente hicieron.

En el orden del día también salió adelante (por unanimidad) la moción urgente de Ciudadanos exigiendo una auditoría externa en el CAC Málaga antes de que finalice el contrato y otra que presentó el PSOE exigiendo al Ayuntamiento que inicie el estudio de las obras para insonorizar los colegios que se han visto afectados recientemente por el problema de los ruidos.