Piden cuatro años de cárcel para un acusado de lanzar un ataque informático contra la empresa que le despidió

Piden cuatro años de cárcel para un acusado de lanzar un ataque informático contra la empresa que le despidió

La Fiscalía de Málaga dice que actuó contra el servidor, lo saturó y cortó el servicio a los clientes, generando daños valorados en 300.000 euros

Alvaro Frías
ALVARO FRÍAS

El Juzgado de lo Penal número 5 de Málaga tiene previsto juzgar hoy a un hombre acusado de lanzar un ataque informático contra la empresa que le despidió. Así lo considera la Fiscalía de Málaga, que asegura que el procesado actuó movido por la venganza y solicita que sea condenado a cuatro años de cárcel.

En el escrito de acusación, se explica que la empresa, con sede en Málaga y dedicada a ofrecer servicios tecnológicos a otras sociedades en España, despidió al procesado el 28 de octubre de 2013. Para vengarse de ello, precisa el representante del Ministerio Público, aprovechó que conocía las claves de acceso para lanzar un ataque informático.

En concreto, fue un «ataque de denegación de servicio» (DOS) contra el servidor de la empresa. Este consiste en realizar, de forma simultánea, múltiples peticiones de acceso a la página web, con el objetivo de saturar el acceso a la misma, ya que este está limitado por el ancho de banda de la línea de red de los servidores.

El procesado, continúa el fiscal, logró su objetivo. En el escrito de acusación, al que ha tenido acceso este periódico, se asegura que, debido al ataque informático, se cortó el servicio web de la empresa a 200 clientes.

Ante esta situación, la sociedad malagueña tuvo que contratar a un informático para que recuperara el sistema. Unas horas más tarde, el profesional conseguía bloquear la dirección IP desde la que presuntamente actuaba el acusado, consiguiendo cambiar la clave de administrador y permitiendo de esta manera que todo funcionara correctamente.

Sin embargo, el representante del Ministerio Público señala que, al día siguiente, el procesado se hizo de nuevo con los dos servidores de la empresa malagueña. Esta vez, asegura que formateó y reseteó los servidores, provocando que la sociedad perdiera toda la información de los clientes que habían contratado con ellos el hosting –se trata de un alojamiento web, es decir, el espacio donde se aloja un sitio web para que cualquiera pueda verlo en la red–.

De esta manera, el día 2 de noviembre, un representante de la empresa denunció los hechos. Expuso que sufrió un perjuicio, así como los más de 300 clientes que tenía en ese momento la sociedad en toda España, estando muchos de ellos dedicados al comercio online.

Desde la Fiscalía se indica que, al investigar el registro de actividad de los ordenadores de las operaciones anteriormente mencionadas, se observó que el acusado cambió los correos electrónicos administrativos de los servidores, siendo uno de ellos propiedad y usado por el procesado. Siempre según asevera el fiscal, el teléfono de contacto que aparece en Google en el reseteo de las contraseñas maestras del dominio pertenece a este mismo hombre, así como la cuenta de correo.

Además, el representante del Ministerio Público insiste en que era el administrador de sistemas de la empresa, por lo que era el único empleado que tenía posibilidad de acceder al panel de control de los servidores de la sociedad y a sus contraseñas. De hecho, las direcciones IP investigadas fueron asignadas al procesado, concluye el fiscal.

Cuatro de arreglos

En el escrito de acusación se recoge que los daños causados a la empresa «fueron cuantiosos», ya que los arreglos tardaron en solventarse cuatro meses, tiempo durante el que no pudieron asistir a nuevos clientes. También perdieron a otros al borrarse del todo sus páginas web y tuvieron que construirlas desde el inicio, valorando la sociedad malagueña los daños en 300.000 euros.

Con este relato de los hechos, la Fiscalía considera que el procesado es responsable de un delito de daños informáticos de especial gravedad. Por ello, además de la citada pena de prisión, pide al juzgado de lo penal que le imponga una multa de 300.000 euros y la obligación de indemnizar a la empresa con la suma que se estime en ejecución de sentencia.