La petición de varios informes al Puerto de Málaga retrasa los trámites de la torre

La lista de documentos que el Ayuntamiento demanda incluye un análisis financiero y de rendimientos, comparativo de la situación actual del planeamiento y la prevista en el futuro, con la repercusión que tendrían los distintos usos urbanísticos del solar del dique de Levante: el actual, como ampliación de la terminal de cruceros; y el previsto, para el hotel de lujo. Además, se ha pedido un estudio más profundo sobre las consideraciones arquitectónicas, paisajísticas y de calidad ambiental de la torre.

Por último, se demanda un compromiso expreso –solicitado por la Delegación de Cultura, durante el reciente trámite ambiental de la Junta– de que se harán catas arqueológicas submarinas si el edificio o las tareas constructivas llegaran a afectar a zonas marítimas.

Este escenario supondrá un retraso de varias semanas para el inicio del proceso de cambio del Plan Especial del Puerto. El alcalde, Francisco de la Torre, pretendía que la aprobación inicial –que corresponde a la Junta de Gobierno Local– se hubiera producido de forma inminente, después de que la Delegación de Medio Ambiente le diera a mediados de octubre el visto bueno ambiental.

Consultado al respecto, el presidente de la Autoridad Portuaria, Paulino Plata, afirmó: «Vamos a atender la petición y a encargar los trabajos para atender esa demanda de información, dentro de la absoluta normalidad, para que el expediente esté inmaculado». Reconoció que el Puerto necesitará tiempo y tendrá que contratar a un equipo técnico adecuado para poder elaborar estos informes, puesto que «los medios son limitados»; aunque se comprometió a responder «a la mayor brevedad».

El concejal de Urbanismo, Francisco Pomares, aclaró que, una vez estudiada toda la documentación que se tiene que tramitar para la modificación del Plan Especial del Puerto, el 31 de octubre se comunicó a la Autoridad Portuaria todas las subsanaciones que tienen que incorporar. La más importante es la justificación de la viabilidad económica, conforme a lo previsto en el artículo 22.5 de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana (7/2015).

El resto se consideran cambios menores, tales como un apartado de justificación de la altura, que analice su repercusión en relación con el entorno portuario y ciudadano. De esta forma, la Autoridad Portuaria deberá incorporar una sección de todo el dique de Levante con el perfil de la ciudad, un estudio que ya se presentó para otros temas menos relevantes en el trámite del Plan Especial del Puerto de 1998. Además, según el edil, estos informes ya se solicitaron en el año 2016. Por último, en cuanto a la afección arqueológica del fondo marino, bastaría con que informen de que no existe tal riesgo. Por ello, Pomares recordó que el Ayuntamiento está a la espera de que se presente toda la documentación que marca la ley en estos casos para iniciar la tramitación, y espera que se produzca con celeridad.

La Delegación de Medio Ambiente de la Junta concluyó el 13 de octubre el informe de la Evaluación Ambiental Estratégica. El mismo día, lo remitió a la Gerencia de Urbanismo. Una vez que se produzca la aprobación inicial en la Junta de Gobierno Local, se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) y se solicitarán los informes sectoriales, que son cuatro: dos correspondientes a la Junta (Ordenación del Territorio y Cultura); y otros dos del Gobierno central (Aviación Civil y Costas). A la vez, se abrirá el periodo de información pública, en el que cualquier ciudadano interesado podrá presentar alegaciones, con un plazo de un mes. La Gerencia de Urbanismo las tramitará y las contestará.

Los informes sectoriales tendrán un plazo máximo de seis meses para su redacción y envío. Cuando todos ellos sean positivos se producirá la aprobación provisional de la Junta de Gobierno Local. Entonces, se volverá a publicar y se hará una verificación de los informes sectoriales (un mes). Una vez verificado, se efectuará la aprobación definitiva, primero en la Comisión de Urbanismo y por último, la ratificación en el Pleno del Ayuntamiento. Una vez publicada en el boletín oficial entrará en vigor y se dará por terminado. El plazo estimado desde que empiece –todavía no lo ha hecho– será de entre nueve y doce meses.