Ocho cámaras camufladas destaparon los malos tratos en la residencia de discapacitados en Málaga

La dirección de la residencia, que es propiedad de la Asociación Malagueña en Favor de las Personas con Discapacidad Intelectual (Aspromanis) y está situada en el Camino de la Corta, recurrió a una agencia de detectives privados para comprobar si los cuidadores cumplían con su labor, ya que algunos de ellos, pese a trabajar de 00.00 a 06.00 horas, parecían estar descansados al hacer el relevo de la mañana, según fuentes del centro.

La empresa propuso a la institución emplear cámaras para verificar este extremo. La parte más complicada fue colocarlas, ya que la residencia tiene 46 trabajadores repartidos en los distintos turnos de servicio y otros tantos usuarios, lo que dificultaba la instalación de un sistema de videovigilancia espía sin que el personal supiera de su presencia, como pretendían.

Para ello, se repartieron ocho cámaras por distintos puntos del recinto, ocultándolas aprovechando los escondites que ofrecía el mobiliario para no despertar sospechas. Pero el resultado no fue el esperado. Cuando los detectives revisaron las imágenes, se toparon con escenas de supuestos malos tratos por parte de algunos empleados a, al menos, seis usuarios del centro, tal y como ayer publicó este periódico.

Al parecer, una de las víctimas lo habría sido con carácter continuado, a tenor de los vídeos filmados por las cámaras. Se trata de un hombre de unos 40 años que padece una discapacidad intelectual severa que le impide hablar, lo que habría facilitado la impunidad del presunto agresor.

En este caso concreto, la videovigilancia captó cómo uno de los cuidadores propinaba patadas y golpes al usuario. Y esa escena, según las fuentes, se habría repetido varios días, «bien por la mañana, al levantarlo, o por la noche al acostarlo».

Al ver las imágenes, el presidente de Aspromanis, Alfonso Rubio del Castillo, y la directora de la residencia, Antonia Díaz, acudieron a la comisaría del distrito Norte para denunciar los hechos y entregaron un pen drive con los vídeos.

Desde la asociación aseguran que, además de denunciar los hechos ante el Cuerpo Nacional de Policía, también se procedió a informar inmediatamente a las posibles víctimas, al resto de los trabajadores y a las entidades públicas –Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales y Diputación de Málaga– con las que el centro tiene concertadas las plazas para atender a las personas con discapacidad intelectual.

Por su parte, la policía no tardó en arrestar a este cuidador, al que se le atribuyeron otras dos víctimas, aunque en estos casos no habría empleado la misma violencia que en el anterior. Quedó en libertad provisional tras comparecer ante el juez. El arresto se produjo hace ya una semana, pero la investigación, dirigida por el Juzgado de Instrucción número 5 de Málaga, no se detuvo ahí.

Los policías nacionales de la comisaría del distrito Norte continuaron revisando imágenes e identificaron a otras tres cuidadoras que, a tenor de las grabaciones, también habrían proferido un trato degradante o vejatorio a cuatro usuarios, entre los que también se encontraría el agredido por su compañero arrestado. A ellas se las detuvo el jueves.

Paralelamente al transcurso de las pesquisas policiales, desde el centro explican que se actuó «inmediatamente» para impedir que los trabajadores supuestamente implicados en los hechos tuvieran contacto con las personas con discapacidad intelectual que se atienden en la residencia. Asimismo, insisten en que la asociación se personará como acusación en el procedimiento abierto y que «colaborará activamente con todos para que nunca más puedan producirse hechos similares».