Dos nuevos recursos judiciales complican aún más el futuro del proyecto de las torres de Repsol

Tras la retirada de otras tres ofertas, la promotora Urbania era la única que mantenía su propuesta para hacerse con estos derechos, por los que ofertó una puja de 66.422.950 euros. Sin embargo, la adjudicación no se había completado tras dos años de trámites en los que esta empresa inmobiliaria ha presentado escritos para hacer ver la inseguridad jurídica que le implica el condicionante introducido por Urbanismo a raíz del contencioso iniciado por Bosque Urbano, en el sentido de que «cualquier acto material de transformación urbanística de las parcelas queda en suspenso con carácter temporal y hasta tanto exista pronunciamiento judicial firme», según expusieron los informes municipales.

En el consejo rector de octubre, la Gerencia Municipal de Urbanismo acordó rechazar en su totalidad los recursos presentados por Urbania y requerirle que cumpla los condicionantes para confirmar su puja. Esto es, presentar una documentación y el abono de una garantía del 5% del precio que ofertó, que fue de 54.895.000 euros (66.422.950 euros si se incluye el IVA), por lo que ese adelanto ascendería a 2.744.750 euros.

Finalmente, Urbania ha optado por no efectuar ese pago y acudir a la vía contenciosa, lo que abre otra nueva incógnita respecto al futuro del proyecto de Repsol. Desde la promotora han señalado que «la resolución de adjudicación provisional fuere recurrida por Urbania por entender que se le imponía una limitación injusta y contraria a Derecho: la imposibilidad de obtener licencia para edificar».

«Urbania ha planteado esta reclamación en vía contencioso administrativa y el juzgado ha acordado esta semana la suspensión cautelar del acuerdo impugnado. El procedimiento queda por tanto suspendido a expensas de lo que el Juzgado resuelva en su momento», han señalado desde la empresa que, no obstante, manifiesta su voluntad de "de seguir adelante con el proyecto".

Pese a la presentación de los contenciosos, Urbanismo no da por retirada la oferta de Urbania, lo que la podría penalizar con una sanción del 3% del precio de salida sin IVA (43.757.630 euros era el total, por lo que supondría una multa de 1.312.728 euros), además de considerarla como no apta para futuras contrataciones con el Ayuntamiento.

Los responsables municipales no dan carpetazo a la subasta, frenada cautelarmente por el juzgado, y van a esperar a ver cómo se desarrollan los acontecimientos en la vía judicial abierta por la promotora. Según fuentes expertas consultadas, el mero hecho de la presentación de un recurso judicial no paraliza un acto o una decisión administrativa firme. En cualquier caso, se abren nuevos interrogantes sobre este controvertido proyecto urbanístico que está contemplado en el Plan General de Ordenación Urbanística del año 2011.

Desde Urbanismo han señalado que «el Ayuntamiento continúa con la hoja de ruta marcada en cuanto al proyecto de urbanización del ámbito que incluye el parque», lo que da a entender que el Consistorio se muestra dispuesto a asumir obras para empezar a transformar estos suelos, al constatar que Urbania no lo va a hacer por el momento.

La subasta municipal incluía los derechos para construir tres torres de 28, 30 y 32 plantas para 528 pisos de renta libre y oficinas, y otros dos edificios de cuatro plantas para uso comercial, sobre plantas subterráneas para más de un millar de plazas de aparcamiento. El resto del proyecto lo componen edificios para 400 viviendas de protección oficial, una cuarta torre de 35 plantas en manos de la Sareb (Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria) para unos 400 pisos (si bien también podría darle un uso hotelero), y un parque de 65.000 metros cuadrados con diseño del estudio HCP.

En total, son más de un millar las viviendas que podrían construirse en este enclave de la zona oeste de la capital, además de oficinas y zonas comerciales. No obstante, su materialización sigue pendiente de que se resuelvan los recursos judiciales presentados por Bosque Urbano, y de que se aclare la situación en la que queda la subasta de los derechos constructivos del Ayuntamiento tras acudir Urbania a la vía judicial.