Miguel, un guardia civil problemático

El grave accidente tuvo lugar en la confluencia de la AP-7 con la Hiperronda el pasado miércoles. Los primeros indicios apuntan a que fue el coche del guardia civil el que chocó contra otro, al que desplazó debido al impacto y acabó colisionando contra una furgoneta de transporte público, en la que viajaban las tres víctimas mortales y otros familiares más que resultaron heridos. Al parecer, ésta comenzó a dar vueltas de campana tras el incidente y varios de sus ocupantes salieron despedidos.

Numerosos efectivos de emergencias se desplazaron hasta el lugar de los hechos, donde yacía el cuerpo de una de las víctimas. Horas más tarde, en el hospital Carlos Haya fallecían dos personas más, a consecuencia de los traumatismos que sufrieron. Asimismo, hay otras personas que resultaron heridas de diversa consideración, como una madre y una hija, que tuvieron que ser intervenidas quirúrgicamente. Además, también sigue en la Unidad de Cuidados Intensivos una chica de 18 años estable dentro de la gravedad.

En cuanto a los hechos, tras el accidente, Miguel C.L. se bajó de su coche, un Hyundai blanco que luce una bandera de España junto al maletero, y caminó hacia el arcén, llegando a alejarse algunos metros del lugar del siniestro. De hecho, incluso saltó la mediana. Sin embargo, fue interceptado por unos policías nacionales destinados en Cádiz que iban de servicio, aunque de paisano, cuando se toparon con el accidente. Al parecer, y siempre según las fuentes consultadas, el conductor les comentó que se estaba yendo porque necesitaba asistencia médica. Se lo impidieron y le dijeron que debía esperar a que llegara la Guardia Civil y los sanitarios.

Curiosamente, no es la primera vez que el sargento utiliza ese mismo argumento para ausentarse, o al menos intentarlo, del lugar de un accidente. El 26 de mayo de 2014, tras otro percance de tráfico en Mijas, supuestamente le dio sus datos al conductor de uno de los vehículo implicados y le dijo que debía marcharse porque se encontraba mal y tenía que verlo un médico. La Guardia Civil, que acudió a atender ese siniestro, lo estuvo buscando por todos los hospitales, pero no pudo localizarlo hasta la mañana siguiente. El juicio por este episodio está señalado para septiembre.

Desde la Asociación Unificada de Guardias Civilesdenunciaron la inacción de la comandancia y del subdelegado del Gobierno para frenar la «conducta» y los problemas que estaba ocasionando el suboficial. Según ha podido saber SUR, en realidad ha sido objeto de seis investigaciones internas, alguna de ellas cerradas sin detectar que tuviera responsabilidad. En otras, sin embargo, la propia Benemérita ya había actuado contra él por tres faltas muy graves y una falta grave al régimen disciplinario; los motivos, variados: uso indebido de atribuciones, emborracharse fuera del servicio...

De hecho, el sargento ya había sido suspendido de funciones, como le volvió a ocurrir el miércoles, cuando dio positivo tras el accidente que le ha costado la vida a tres turistas de Bahrein y Kuwait que acababan de llegar a la estación María Zambrano, donde cogieron junto a sus familiares –todos ellos hospitalizados con heridas de diversa consideración– un taxi de 9 plazas para dirigirse a Marbella. Iban a pasar unos días de vacaciones en Puerto Banús.

Sus problemas con la disciplina del Cuerpo también le habían supuesto la pérdida de algún destino, le ocurrió en Tolox, donde fue destituido tras varios incidentes con vecinos del municipio por la letra de una murga que le dedicaron en el Carnaval. Uno de esos episodios acabó incluso en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Coín, que lo condenó por una falta de maltrato de obra, dos faltas de injurias y amenazas y una falta de amenazas, además de dictar una orden de alejamiento respecto al denunciante.

Las fuentes explicaron que sus problemas en Tolox, donde era comandante de puesto, comenzaron cuando pretendió regular la «cohetá», una tradición del municipio que consiste en el lanzamiento de petardos y cohetes durante la procesión con motivo de las fiestas de San Roque. En 2013, el sargento, sin embargo, decidió limitar el uso de la pirotecnia a la plaza del pueblo y empezó a sancionar a los vecinos con multas que iban de 3.000 a 30.000 euros. En respuesta, ellos se vengaron dedicándole una letra para una murga del Carnaval titulada ‘Mi sargento’.

La coplilla no llegó a sonar en el carnaval, aunque se repartió entre los habitantes del municipio. El suboficial reaccionó increpando y amenazando al autor de la letra, que acabó denunciándolo, lo que se tradujo en la sentencia dictada por el juzgado de Coín y que supuso su salida del pueblo. En 2016 fue trasladado a Horcajo de los Montes (Ciudad Real), y cuando pidió ser destinado de nuevo a Málaga, la Guardia Civil lo envió a la localidad sevillana de Casariche, que era su actual destino, y donde al parecer ya había protagonizado alguna polémica y tenía prohibido llevar armas, así como usar vehículos del cuerpo.