El metro hasta el Hospital Civil: ¿qué va a pasar a partir de ahora?

Una de las últimas reuniones entre el alcalde y el consejero de Fomento./SUR
Una de las últimas reuniones entre el alcalde y el consejero de Fomento. / SUR

A partir de noviembre de 2020 la concesionaria podrá reclamar un lucro cesante de hasta tres millones al año por no llegar al Civil, aunque hay margen para volver a negociar

Ignacio Lillo
IGNACIO LILLOMálaga

La prolongación de la línea 2 hasta el Hospital Civil forma parte del manido protocolo de intenciones de 2013, por el cual la Consejería de Fomento (bajo mandato entonces de IU) y el alcalde, Francisco de la Torre, acordaron la última configuración del metro de Málaga. Fue un conjunto de decisiones fruto de la crisis económica y de la premura por inaugurar de forma parcial las líneas 1 y 2 conectadas en el intercambiador del Perchel (lo que se produjo al año siguiente), y en las negociaciones participaron también los responsables de la sociedad concesionaria, Metro de Málaga. Todo ello, bajo la supervisión del Banco Europeo de Inversiones (BEI), entidad que financia la infraestructura. La negociación tuvo dos patas principales: la llegada soterrada hasta la Alameda Principal, que exigió De la Torre y donde no hay problemas. Y la prolongación, en su mayor parte en superficie, hasta el entorno de los centros hospitalarios del norte (Civil y Materno), a propuesta de la Junta.

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Este ramal tenía como razón de ser la de captar una demanda de viajeros que redondeara las cifras del suburbano para lograr su equilibrio económico-financiero. Según los últimos cálculos autonómicos, serían unos 2,5 millones de pasajeros, para dar un global de 20,5 millones anuales. Como las obras no se iban a poder terminar a corto plazo, se estableció lo que se dio en llamar un «periodo transitorio», un plazo de seis años en los que el pago del canon era casi fijo (unos 70 millones de euros) y que suponía una compensación por no poder alcanzar las cifras de usuarios previstas. Este año se cerrará en el entorno de los seis millones.

Si los últimos plazos se cumplen, en noviembre de 2020 los trenes llegarán al Centro (estación Atarazanas). Unos seis meses después abrirá también la estación Guadalmedina, frente a El Corte Inglés. Ello supondrá el primer gran salto hacia el equilibrio económico de la explotación, con la previsión de alcanzar un horizonte de 18 millones de usuarios. En cambio, la Junta le seguirá 'debiendo' a la concesionaria los 2,5 millones de pasajeros que le prometieron con el Civil. En este escenario, se abrirá un abanico de posibilidades. La primera es que los privados tendrán la posibilidad de demandar al Gobierno andaluz el lucro cesante, que en su día se estimó en el entorno de los tres millones de euros al año, hasta el final del periodo de explotación.

Pero hay otras opciones, y una de ellas podría ser que se vuelva a negociar el contrato de concesión del servicio. En julio de 2015, Junta y Metro de Málaga prorrogaron el periodo de explotación hasta el año 2042, y la cuestión se podría resolver con algunos años más de negocio. Además, el líder del PP y candidato a la Presidencia, Juanma Moreno, ha prometido que el metro llegaría soterrado (evidentemente, con un mayor coste y plazo de construcción). De esta forma, cabría negociar un nuevo periodo transitorio, a partir de 2020, sólo para este tramo.

Otra opción, que está en sintonía con las promesas electorales del PP y las demandas de los trabajadores, es que el nuevo ejecutivo le dé prioridad a la llegada hasta el Parque Tecnológico (PTA) y la barriada de Campanillas, con lo que se podrían captar al menos parte de los usuarios que se pierden en Eugenio Gross. La única referencia que existe sobre la demanda potencial la aporta la EMT, que estima en un millón de viajeros los que moverá el sistema intermodal de 'metrobús'. Por descontado, si se evita la necesidad de hacer transbordo (que penaliza siempre) serán muchos más, aunque no existe una cifra clara.

¿Y si se adjudica?

Un segundo foco de interés tiene que ver con la adjudicación del contrato de obras, cuyo plazo de recepción de ofertas terminó el miércoles pasado. La elección final de la constructora está prevista, según el calendario del proceso, hacia el mes de mayo, por lo que hay margen para que un eventual gobierno del PP al frente de la Junta paralizara el proceso, tal y como ha anunciado; y para volver a proyectarlo en subterráneo.

Peor será el escenario si antes de esa fecha no hay un nuevo ejecutivo y los trámites burocráticos para la contratación siguen su curso. En el caso de que se llegue a adjudicar, aunque finalmente no se construya la empresa ganadora tendrá derecho a reclamar compensaciones por el lucro cesante. Según la causa de la resolución esta cifra está entre el 2% y 6% del valor del contrato. El proyecto del Civil ha salido a licitación por un presupuesto base de 41,42 millones de euros, y la adjudicación final, tras las bajas ofrecidas por los licitadores, podría estar en torno a los 35 millones. Esto es, se podría llevar entre 700.000 y 2,1 millones. Sólo por ganar el contrato.

 

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