Málaga desiste de regular las distancias entre salones de juego ante el rechazo de la Junta

El Ayuntamiento de Málaga ha optado finalmente por dar marcha atrás y desistir de regular la distancias mínimas entre los establecimientos recreativos como salones de juego, bingos, casinos y casas de apuestas, una cuestión que había abierto un cisma con la Junta de Andalucía. En marzo del año pasado, el Consistorio aprobó de manera inicial un cambio en la normativa del Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) de la capital para establecer una distancia mínima de 500 metros de este tipo de negocios entre sí y respecto a zonas verdes públicas y edificios con uso educativo, deportivo y social. Ya entonces, la Consejería de Hacienda advirtió al equipo de gobierno municipal de que no era competente para fijar esa regulación y le remitió un escrito en contra.

Sin embargo, el ejecutivo local optó por seguir adelante con la tramitación de esa regulación y volvió a ratificarla en la Junta de Gobierno Local celebrada el pasado 18 de marzo. Este paso ha vuelto a recibir un escrito de rechazo por parte de la administración regional que, esta vez sí, va a ser acatado por el Consistorio. En el documento en cuestión, al que ha podido tener acceso este periódico, la Consejería de Hacienda insiste en su postura desfavorable con la actuación municipal, como ya informó en marzo de 2021, y avisa al Ayuntamiento de que, si no da marcha atrás en esa regulación de distancias respecto a los salones de juego, por parte de la Junta se presentaría un recurso judicial contencioso-administrativo y se pediría su suspensión cautelar.

En ese sentido, el Gobierno andaluz le recuerda al municipal que ya posee un pronunciamiento judicial a su favor respecto a un modificación urbanística similar realizada por el Ayuntamiento de Cádiz. En concreto, se trata de un auto de la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía de fecha del pasado 22 de marzo.

Ante esta tesitura, el concejal de Ordenación del Territorio, Raúl López, ha anunciado que no van a seguir con esa modificación del PGOU porque, de hacerlo, podría implicar una responsabilidad patrimonial para el Ayuntamiento en los términos de «inseguridad jurídica» que la Junta pone de manifiesto en su nuevo informe. «Nos insisten en que cuentan con un pronunciamiento judicial favorable en el caso de Cádiz, así que no vamos a hacer algo a sabiendas de que se puede derogar», ha señalado López, quien ha recordado que, no obstante, contaban con informes internos de los servicios jurídicos municipales que avalaban el planteamiento iniciado.

En mayo del año pasado, la Consejería de Hacienda aprobó un decreto para establecer nuevos límites a los negocios recreativos. En concreto, a diferencia de los 500 metros de distancia planteados por el Ayuntamiento de Málaga, la Junta aprobó que sean 150 metros, y únicamente respecto a colegios e institutos, sin incluir las zonas verdes. Asimismo, la administración regional prohibió cualquier tipo de publicidad, cartelería o imágenes sobre el juego o las apuestas en las fachadas de estos establecimientos.

La modificación del PGOU que pretendía aprobar el Ayuntamiento de la capital no solo ha recabado dos informes en contra de la Junta, sino también un recurso por parte de la Asociación de Empresarios del Recreativo de Málaga (Aerma), que comparte la tesis de que la administración local no es competente para dar este paso, y denunciaba el perjuicio económico que suponía la propuesta municipal para el sector de los salones de juego. Asimismo, los empresarios de recreativos criticaron que el Ayuntamiento estableciera una moratoria de un año para la concesión de permisos para estos negocios.

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