En Málaga ya hay más desahucios por impago de alquileres que de hipotecas

Miembros del Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Málaga./FRANCIS SILVA
Miembros del Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Málaga. / FRANCIS SILVA

La subida de precios alimentada por la escasez de oferta está detrás del aumento de lanzamientos ordenados por los juzgados, que ascienden a 1.589 en el último año

Nuria Triguero
NURIA TRIGUERO

La carestía del alquiler se está convirtiendo en un problema social de primer orden en Málaga. De hecho, el año pasado fueron desahuciadas más personas en Málaga por problemas relacionados con alquileres –impagos o finalizaciones de contrato– que con hipotecas. Así lo refleja la estadística publicada por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que cifra en 1.589 los desahucios practicados «como consecuencia de procedimientos derivados de la Ley de Arrendamientos Urbanos» en la provincia en 2017. Este número supone un incremento del 7% respecto al año anterior y representa la cota más alta desde 2013, año en que el CGPJ empezó a recopilar estas estadísticas . Es la evolución opuesta a la que vienen registrando los lanzamientos relacionados con ejecuciones hipotecarias: el año pasado hubo 1.336, un 19% menos que en 2016 y la mitad que en 2013.

Ayer, el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Málaga (SIIM) presentó un informe que pretende llamar la atención sobre las dimensiones que está cobrando el problema de la vivienda de alquiler en la ciudad. «En los últimos meses se ha evidenciado una desproporción creciente entre el precio de los alquileres y los ingresos medios de los vecinos de Málaga», declaró Curro Machuca, uno de los miembros de la mencionada plataforma, que pretende reunirse en los próximos días con todos los partidos representados en el Ayuntamiento para exponerles su estudio y sus propuestas para «sacar a los inquilinos de la situación de desprotección».

El informe cita a su vez el último estudio del buscador inmobiliario Mitula, que sitúa a Málaga como la cuarta provincia con los alquileres más caros de España, con 1.393 euros de media. Hay que tener en cuenta que esta cifra corresponde a los inmuebles ofertados ahora mismo en dicho portal, y no a todas las viviendas ya alquiladas. Frente a esta cifra, el Sindicato de Inquilinas recuerda que Málaga es una de las ciudades españoles con una renta media más baja: 24.287 euros anuales según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). «A esta desproporción se suma la alta tasa de desempleo de la ciudad, del 24,6%», recordó Machuca, añadiendo que con los precios que han alcanzado los alquileres, una familia media malagueña tiene que destinar el 40% de sus ingresos a pagar su vivienda, porcentaje que en los barrios más desfavorecidos se sitúa cercano al 50%.

El citado colectivo no duda en señalar a las viviendas con fines turísticos como la «causa más visible» del «incremento desmesurado» del precio del alquiler. Sus responsables entienden que buena parte de los más de 2.500 pisos que se alquilan por días o semanas en la capital malagueña (sin contar los que no están registrados, que se estima que pueden ser otros tantos) son viviendas que antes se alquilaban para larga temporada.

El SIIM incidió en que este problema está afectando «al modelo de ciudad», ya que las zonas de la capital donde se concentran las viviendas turísticas –Centro y litoral este– están sufriendo un acelerado proceso de gentrificación, al verse expulsados sus vecinos de toda la vida. «Según datos del propio Ayuntamiento, el Centro ha perdido al 28% de su población», recordó Machuca.

Las propuestas del Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Málaga para combatir esta situación son en buena parte compartidas con colectivos similares que han surgido en otras ciudades: reformar la Ley de Arrendamientos Urbanos para instaurar contratos más largos (como mínimo de seis años); regular los precios mediante un índice que dependa del coste de la vida; regular los honorarios de los intermediarios; acabar con los privilegios fiscales de las 'socimis'; paralizar los desahucios de familias sin alternativa habitacional; movilizar las viviendas vacías y crear un parque de VPO de alquiler para colectivos vulnerables; y establecer una moratoria para las viviendas turísticas.

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