Málaga cierra el reparto de parcelas para construir más de un millar de VPO junto a Intelhorce

Sin embargo, Bucéfalo terminó renunciando a cinco de los seis lotes, por lo que el Instituto Municipal de la Vivienda ha tenido que echar mano de las ofertas que quedaron en segunda o tercera posición para poder adjudicar cada uno de ellos. Según ha podido conocer SUR, el reparto, que está prácticamente cerrado, aunque todavía pendiente de algunos trámites para hacerse oficial, supone finalmente que cada lote va a ser desarrollado por una empresa diferente, algo que han propiciado las conversaciones entre las empresas que se presentaron al concurso para repartirse las parcelas en función de sus intereses.

Así, el lote 1, formado por una promoción de 167 viviendas protegidas a precio limitado que se van a construir en los suelos de Cortijo Merino, se mantiene en manos de Bucéfalo, que ha proyectado pisos en venta. Este lote corresponde a la modalidad de VPO con unos precios más elevados, a la que pueden acceder familias con hasta 39.600 euros de ingresos anuales, es decir, 5,5 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM). Según la oferta de Bucéfalo, el precio del metro cuadrado útil se reduce de los 2.523 euros fijados por el concurso a unos 1.950 euros, lo que arroja viviendas entre 137.000 y 129.000 euros, de unos 70 metros cuadrados, más IVA, y sin incluir garaje y trastero.

El lote 2, también en Cortijo Merino, cuyas obras de urbanización comenzaron la pasada primavera, lideradas por Neinor Homes, está formado por 281 VPO (repartidas en cuatro parcelas) del régimen más económico, al que solo pueden acceder familias cuyos ingresos no superen 3,5 veces el IPREM, lo que actualmente serían 25.200 euros al año. Tras la renuncia de Bucéfalo, este lote recayó en la promotora Galivivienda, especializada también en la construcción por cooperativas. Sin embargo, esta sociedad ha terminado renunciando igualmente a estas parcelas, que han quedado definitivamente en manos de Vimpyca, una entidad cordobesa sin ánimo de lucro, cuya mitad pertenece al Cabildo Catedral de la Diócesis de Córdoba, y que ha desarrollado ya varios proyectos de VPO en municipios de la Costa del Sol.

En el caso de estas 281 viviendas de Cortijo Merino serán VPO en venta (por unos 125.000 euros más IVA, y sin incluir anejos) que sumará a las que ya tiene proyectadas desde hace años en Distrito Zeta, un total de 411 de las que ya ha obtenido la licencia de obras para una primera fase de 111 que se va a poner en marcha en breve. Así, serán casi setecientas las VPO que Vimpyca va a desarrollar en el entorno de Intelhorce.

El lote 3 ha quedado finalmente en manos de la promotora Lagoom Living, un grupo de capital sueco que se ha hecho ya con suelo para promover más de un millar de pisos en alquiler en la capital, de los que 800 son VPO. En dos parcelas de Cortijo Merino desarrollará un total de 114 viviendas protegidas de alquiler del régimen intermedio, a las que podrían acceder las personas inscritas en el registro de demandantes de VPO cuyos ingresos no superen los 28.800 euros al año en doce pagas (cuatro veces el IPREM).

En cuanto al lote 4, tras la renuncia de Bucéfalo y también de Coanfi, una promotora de Zaragoza que quedó en segunda posición, ha recaído en Galivivienda, según han confirmado desde esta empresa. En este caso, se trata de la construcción de 324 VPO del régimen más económico repartidas en tres parcelas de las que ya se están urbanizando en el sector de Distrito Zeta, que quedará listo para albergar las primeras construcciones a lo largo del año que viene. Galivivienda, especializada en la promoción por cooperativas, baraja que estos pisos sean en alquiler con opción a compra transcurridos unos años, una fórmula que facilita el que puedan ser adjudicados a familias con menos recursos.

El lote 5, compuesto por 135 VPO del régimen intermedio en Distrito Zeta, corresponderá a Coanfi, que quedó en segunda posición tras Bucéfalo. Y el lote 6, que son dos suelos para 147 pisos protegidos del régimen con precios más elevados, quedaría en posesión de la promotora y constructora madrileña Pecsa, que quedó en tercera posición para hacerse con estas parcelas, tras la renuncia de Coanfi, que se situaba en el segundo lugar.

Según ha podido conocer SUR, la intención del equipo de gobierno es que a lo largo del mes de diciembre, antes de que acabe el año, puedan quedar firmados los contratos de cesión de las parcelas a estas seis promotoras para que puedan empezar a trabajar en la redacción de los proyectos que le han sido adjudicados. A cambio de ceder estos suelos, los promotores que se quedan con cada una de las parcelas deberán ceder al Ayuntamiento un número de viviendas equivalente al valor del terreno en cuestión. En total, el Consistorio recibirá 135 pisos protegidos ya construidos, repartidos entre los 13 proyectos, que serán destinados a jóvenes menores de 35 años bajo el régimen de alquiler con opción a compra en diez años.

Así, en enero se pondrá en marcha el contador de los plazos fijados por el IMV para que se lleven a cabo estos proyectos. En el concurso se establecieron unos límites temporales que obligan a las empresas a no dilatar el inicio de las diferentes construcciones. Por ello, tienen seis meses para solicitar la licencia de obras desde que se eleve a público el contrato de obtención de los terrenos. Y, desde la obtención de la licencia y la calificación de las VPO, tienen un máximo de 30 meses para construir las viviendas, por lo que no estarían listas al menos hasta finales de 2027 o a lo largo de 2028.

Además, el Ayuntamiento fijó un plazo máximo de seis meses para que se entreguen desde que obtengan los certificados finales de obra y calificación. Los sorteos para adjudicarlas podrían llevarse a cabo una vez que estén en marcha las obras, ya que lo habitual es que se adjudiquen muy pocas entre las listas de seleccionados y suplentes, y tenga que abrirse una venta abierta por orden de llegada.

De igual modo, también se contemplan sanciones. Por cada mes de retraso que la promotora genere respecto a estos plazos, el IMV la penalizará con una multa económica del 0,5% del valor del contrato de cesión del suelo, que se corresponde con el valor del terreno. Además, podrá sancionarla con un 0,1% de esa cantidad económica por cada vez que no permita el acceso de los técnicos municipales a las obras. Y también está contemplada la posibilidad de retirarle la concesión del suelo si el Consistorio observa un incumplimiento reiterado y prolongado de sus compromisos.