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El Ayuntamiento de Málaga parece dispuesto a poner toda la carne en el asador con tal de impulsar cuanto antes el desarrollo del proyecto para construir un millar de VPO en unos terrenos ubicados al oeste de la barriada de Soliva. Esta actuación, que durante ... años ha estado bloqueada por el propio Consistorio, al imponer a los propietarios de los suelos (las empresas Edipsa y Myramar) unos costes en infraestructuras que hacían inviable la urbanización de este espacio a nivel económico, encara su materialización.
El año pasado, el equipo de gobierno municipal tomó la salomónica decisión de quedarse con estos terrenos a cambio de ceder a Edipsa y Myramar derechos para construir pisos, tanto de renta libre como de protección oficial, en la cercana zona de Lagar de Oliveros, al oeste del Puerto de la Torre. De este modo, el Ayuntamiento se convierte en el promotor de las mil VPO de Soliva Oeste, asumiendo el coste de un vial que cruzará la zona de norte a sur y que estaba presupuestado en más de 11 millones de euros. Esta cuantía hace que los gastos totales de urbanización se eleven a unos 20 millones, cantidad que los privados no estaban dispuestos a asumir y por la que llegaron a demandar al Consistorio en los tribunales, llegando a obtener una prueba pericial que les daba la razón.
Superada esa situación, el alcalde, Francisco de la Torre, quiere ir lo más rápido posible en este proyecto de VPO. Por ello, pese a que el Ayuntamiento no es todavía oficialmente propietario del suelo de Soliva Oeste, ya que el consejo rector de Urbanismo del pasado miércoles aprobó el texto del convenio de permuta de derechos urbanísticos con sus todavía dueños, ha iniciado los trámites para desarrollar las mil viviendas protegidas en alquiler.
En concreto, la Sociedad Municipal de Viviendas ha sacado a concurso la redacción del proyecto de urbanización de los terrenos y la dirección de las obras, por un importe de 367 199 euros más IVA. El plazo de presentación de ofertas está abierto hasta el 3 de marzo.
Así, el Consistorio quiere meter velocidad a una operación residencial que todavía tardará varios años en desarrollarse y que está valorada en 195 millones de euros en total. La intención del equipo de gobierno es que 500 VPO sean cedidas a promotores privados para su ejecución y explotación, y la otra mitad sea asumida por el Ayuntamiento, que tendría que financiar con 106 millones de euros tanto la urbanización del suelo como la construcción de los edificios para los pisos protegidos en alquiler. Para cubrir ese coste para las arcas municipales, el equipo de gobierno está tramitando ante el Banco Europeo de Inversiones la obtención de un préstamo de 40 millones de euros. Asimismo, prevé recabar subvenciones europeas, estatales y autonómicas para completar el resto de la financiación.
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