El Ayuntamiento pretende que la futura Limasa pública esté operativa a comienzos de 2020

Instalaciones de Limasa en Los Ruíces. /Ñito Salas
Instalaciones de Limasa en Los Ruíces. / Ñito Salas

La empresa de limpieza cumple su parte del convenio laboral y refuerza el servicio ordinario en los barrios con 120 operarios que pasan a trabajar como fijos a jornada completa

Francisco Jiménez
FRANCISCO JIMÉNEZMálaga

La municipalización de Limasa, que después de años de debates, negociaciones y dudas quedó zanjada el pasado mes de abril con el acuerdo con los sindicatos a la hora de cerrar un convenio colectivo que garantice la paz social cuando los trabajadores pasen al ámbito público, podría hacerse efectiva a comienzos de 2020. Nuevo año, nueva etapa en el servicio de limpieza viaria y recogida de residuos para poner fin a un sistema mixto (el 51% está en manos privadas) que debía acabar en abril de 2017 tras 16 años de concesión pero que sigue prorrogado. Ése es, al menos, el calendario que manejan en el Ayuntamiento de Málaga. Los planes del equipo de gobierno pasan por aprobar a finales de este mes de octubre o las primeras semanas de noviembre los estatutos de la nueva entidad pública y la ordenanza que regularán el servicio, con el objetivo de que la tramitación no se alargue más allá del preceptivo plazo de exposición pública de forma que el cambio de gestión se materialice en enero de 2020.

Este calendario ha sido expuesto la tarde de este miércoles al consejo de administración de Limasa (integrado por los grupos políticos con representación municipal y la parte privada de la empresa), una reunión en la que también se ha abordado la evolución sobre la aplicación del convenio laboral suscrito en abril y que aún está pendiente de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, así como la renovación de la flota que se ha llevado a cabo en los últimos meses y la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que el pasado junio libraba a la compañía de abonar los 10 millones de euros en atrasos que reclamaban los trabajadores.

Precisamente ligado al nuevo marco laboral, 120 empleados de Limasa que estaban contratados a tiempo parcial (trabajaban sábados, domingos y festivos) se acaban de incorporar a la plantilla de fijos a jornada completa a razón de 35 horas semanales. Con la rúbrica de los nuevos contratos se da por cumplido uno de los acuerdos incluidos en el nuevo convenio colectivo que empresa, Ayuntamiento y sindicatos pactaron el pasado mes de abril con una vigencia de cuatro años, y además se refuerza el servicio ordinario en los barrios de lunes a viernes.

Una vez completada la lista de los 120 'domingueros', que no ha estado exenta de tensión por el criterio de selección en función de las horas trabajadas en lugar de antigüedad y que ha provocada varias decenas de reclamaciones ante la comisión paritaria formada por la compañía y el comité de empresa, se sigue trabajando en la mejora contractual de más trabajadores. Por un lado, la de los 10 que cada mes de enero hasta 2021 deberán pasar también a jornada completa. Y por otro, la de los operarios que taparán los huecos que dejan estos 120. En principio, se ampliarán las horas del personal que únicamente trabaja los sábados (el personal a jornada completa trabaja de lunes a viernes) para que también hagan domingos y festivos, además de tirar de la lista de eventuales.

Con este proceso se completa uno de los principales puntos del nuevo marco laboral en Limasa, en el que en materia salarial se prevé una subida anual ligada al IPC para cada uno de los cuatro años de vigencia, mientras las vacaciones se repartirán durante todo el año (15 días entre junio y septiembre, y 21 en el resto de meses) en lugar de concentrarse en verano para reducir el gasto en contrataciones de refuerzo en la temporada estival. Estas cuestiones están vigentes al margen de cuándo se haga realidad la municipalización. De hecho, mantiene los polémicos puestos hereditarios mientras la empresa siga siendo mayoritariamente privada (el 51% de las acciones están en manos de FCC, Urbaser, Sando y Unicaja) y no será hasta que la gestión sea pública cuando una parte del salario (1.481 euros anuales) se convierta en variable y vaya ligado a la eficiencia en el trabajo diario y al no absentismo.