El Supremo hace temblar al taxi al abrir la puerta a un aluvión de licencias de VTC

A día de hoy, esta ratio está más que rebasada en Málaga. Según los últimos datos publicados por el Ministerio de Fomento, que es el que regula la actividad aunque son las comunidades autónomas las encargadas de concederlas, en la provincia hay actualmente 604 licencias de VTC frente a 2.568 taxis, sólo superada por Madrid (2.522) y Barcelona (779), lo que da lugar a una proporción de una por cada 7 taxis. Es decir, que para ajustarse al marco legal deberían estar operativas únicamente 85 VTC o, visto desde el otro lado, 18.120 taxis.

El origen de este desfase está la liberalización del sector aprobada por el último Gobierno del PSOE, que eliminó esta limitación entre 2009 y 2013 dando origen a numerosas licencias. Con la llegada del PP a La Moncloa en 2013 se trató de poner freno con una modificación de la ley, pero su desarrollo en forma de reglamento se demoró dos años, por lo que la vuelta a la ratio 1/30 no entró en vigor hasta noviembre 2015. Ante tal proliferación, la Junta de Andalucía suspendió el otorgamiento de nuevas autorizaciones por la vía administrativa, pero las concesiones han seguido llegando vía tribunales de forma escalonada. Un goteo que en los próximos meses puede convertirse en una tromba ya que con las dos sentencias del Supremo que estiman los recursos presentados por las empresas Jojucar y Gran Vía Rent a Car, se espera que el resto de tribunales vayan ratificando las miles de licencias solicitadas hasta noviembre de 2015.

Tras conocerse ayer ambas sentencias, la patronal nacional Fedetaxi solicitó una reunión inmediata con el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, para «trabajar sin demora en la búsqueda de una reordenación eficaz de estas modalidades de transporte sin más graves perjuicios a los más de 65.000 taxistas españoles». En este sentido, advierte del desequilibrio que se está produciendo entre ambas modalidades de transporte de viajeros que «ponen en riesgo la adecuada prestación de los servicios públicos de taxi en España, incluso pudiendo hacerlos desaparecer a medio plazo».

Nada que ver con la valoración que hacían las compañías que operan con estos coches. Cabify consideró que el fallo de Supremo supone «un avance» para que estas empresas puedan atender a la creciente demanda que asegura tienen sus servicios, rechazando que su objetivo sea «acabar con los servicios tradicionales», sino «ofrecer opciones complementarios a las ya existentes para que los ciudadanos se planteen dejar su coche particular en casa».