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Martes, 24 de octubre 2017, 17:33
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La titular del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Málaga ha paralizado de forma cautelar la suspensión de empleo y sueldo impuesta a un bombero de la capital por negarse a retirar las pegatinas y pintadas de los camiones. El sargento Juan Gálvez, sobre el que pesa una penalización de 37 días que empezó a hacerse efectiva el pasado día 13, recurrió la suspensión en los tribunales. Ahora, la magistrada ha aceptado la petición de paralizar la medida de forma cautelar hasta que se resuelva el recurso sin necesidad de dar audiencia previa al Ayuntamiento. En un auto emitido ayer, la jueza justifica esta medida argumentando que de no ser así se «privaría de eficacia la eventual decisión de suspender la ejecutividad de la misma, con el consiguiente quebranto al derecho de obtener la tutela judicial efectiva».
Los hechos que propiciaron la incoación del expediente sancionador se remontan al 31 de diciembre del año pasado en el parque de Las Pirámides durante la visita institucional que realizó el alcalde, Francisco de la Torre. Según relatan desde el comité de huelga, el origen de la discusión estuvo en la lectura de un escrito que el sargento Juan Gálvez trasladó al regidor. A partir de ahí, el jefe del Cuerpo, José Cruz, le requirió que quitara las pegatinas y pintadas que los bomberos habían realizado en los camiones como señal de protesta, a lo que Gálvez se negó respondiendo, siempre según el comité de huelga, que no era su obligación.
Aquella situación derivó en la apertura de un expediente disciplinario que derivó en una propuesta de sanción de 37 días de suspensión de empleo y sueldo: 30 días por una falta grave consistente en «el incumplimiento de las obligaciones de dar cuenta a las autoridades y mandos de quienes dependen de cualquier asunto que requiera su conocimiento; y otros 7 días por «la falta de obediencia debida a los superiores y autoridades».
Las pintadas en los vehículos son habituales en los camiones de Bomberos desde que a finales de año estalló el conflicto entre la plantilla y el Ayuntamiento. Las principales reivindicaciones son la elaboración de un nuevo reglamento que regule la actividad del servicio (dotación en los parques, formación, turnos, el operativo de distintas unidades o la segunda actividad) para actualizar el texto vigente desde 1959; una reducción de la jornada laboral (la más alta entre las grandes ciudades con 1.822 horas anuales) y la reclasificación profesional del grupo C2 al C1 para tener la categoría de bomberos especialistas.
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