El jurado tendrá que decidir si la muerte de Pablo Podadera fue un asesinato o un homicidio imprudente

Un momento del juicio esta mañana. /Francis Silva
Un momento del juicio esta mañana. / Francis Silva

El juicio ha comenzado hoy con las alegaciones de las acusaciones y las defensas de cuatro de los acusados, ya que hay un quinto procesado que no está localizado

JUAN CANO y ALVARO FRÍASMálaga

La primera sesión del juicio por la muerte de Pablo Podadera, el joven de 22 años que perdió la vida tras recibir varios golpes cuando mediaba en una pelea, ha servido para que acusaciones y defensas expongan al jurado algunos de sus argumentos sobre lo que ocurrió la madrugada del 20 de abril de 2017 en la puerta de la sala Theatro, en la calle Lazcano de la capital malagueña. Si fue un asesinato, como sostienen la Fiscalía y la abogada que representa a la familia, o un delito de lesiones en concurso con uno de homicidio imprudente, como mantienen las letradas que asisten a los presuntos autores del crimen.

Tras seleccionar a los miembros que componen el jurado, y después de la lectura de los escritos provisionales de las partes, ha sido la representante del Ministerio Público la que ha tomado la palabra. La Fiscalía considera los hechos constitutivos de un delito de asesinato, que atribuye a los acusados Alberto y Alejandro, para los que pide una pena de 18 años de cárcel. Para dos de los supuestos encubridores, Ignacio y Enrique, que se han sentado hoy en el banquillo, solicita condenas a dos años de prisión.

Aquella noche, la víctima había salido con unos amigos para celebrar sus 22 años y fueron a un local en el que se encontraban los acusados: uno de ellos trabajaba de portero del bar y los otros cuatro se fueron encontrando en el lugar. Cuando Pablo Podadera salió con un amigo para fumar, vio una fuerte discusión en la que estaban interviniendo algunos de los acusados. La víctima medió para «tratar de apaciguar los ánimos poniendo una mano en el torso» de un procesado. Entonces, según la Fiscalía, el joven recibió desde detrás «de forma totalmente sorpresiva violentos puñetazos» supuestamente por parte de dos de los acusados, uno de ellos practicante de boxeo, «con la intención de matarlo dada su envergadura, potencia y destino de los golpes», que impactaron en la sien de la víctima.

La acusación particular, que ejerce la familia de Pablo Podadera, a la que asiste la letrada Cecilia Pérez Raya, solicita 20 años para los presuntos autores materiales de la muerte, que también califica de asesinato, y dos años para los supuestos encubridores. «La víctima ni pudo defenderse entonces ni puede defenderse ahora, por eso estoy yo aquí, en representación de su familia, de sus padres y su hermana. A ellos lo único que les mueve es acreditar cómo se desarrolló la muerte de su hijo», explicó la letrada, que insistió en las pruebas que podrá examinar el jurado para tomar una decisión. Todas las partes hicieron especial hincapié en el vídeo captado por las cámaras de seguridad de la discoteca, que grabaron lo ocurrido. «No van a observar una pelea, van a ver una agresión», recalcó Pérez Raya, que destacó el carácter sorpresivo y contundente de ese ataque.

La defensa de Alberto, que ejerce la abogada Rosa María Roldán Herrero, ha rechazado que su cliente sea la «máquina de matar» que describen las acusaciones y precisó que solo dio «seis o siete» clases de boxeos «con unos amigos y unas manoplas». Insistió en que Alberto está «arrepentido» de lo que pasó, pero que dio dos puñetazos en el contexto de una pelea sin intencionalidad alguna de causar la muerte. ¿Cómo podía pensar que dos puñetazos podían matarlo? ¿En cuántas peleas se dan dos puñetazos?», preguntó, al tiempo que insistió en que «no se conocían de nada, por lo que no había relación de amistad ni enemistad». Calificó los hechos como delito de lesiones en concurso con uno de homicidio por imprudencia, por los que pidió una condena de dos años para su cliente, que «carece de antecedentes penales y policiales», reiteró la abogada.

La abogada Regina Apalategui, que representa a Alejandro, el otro investigado por la muerte de Pablo, coincidió en la calificación de los hechos y en la petición de condena para su cliente, y recordó que el juzgado instruyó la causa por homicidio, «nunca asesinato». La letrada, que coincidió también en la ausencia de intencionalidad, alegó: «Mi cliente se entregó voluntariamente en comisaría y ha colaborado (lo que pidió que sea valorado como un atenuante). No discuto que participara en los hechos y que tenga una responsabilidad penal, lo que discuto es el asesinato, si se planteaban [los acusados] como posibilidad que este chico pudiera o no fallecer».

El abogado Alfonso Sell, que representa a uno de los acusados de encubrimiento, que es amigo de Alberto, pidió que su cliente sea exonerado. «Él tuvo una actuación encaminada a apartarlo [a Alberto], a socorrerlo, y posiblemente se excede, llevado por esa amistad. Y sobre esos actos se puede hacer un juicio moral, pero no se les pide eso, sino determinar si lo que hizo fue susceptible de un delito de encubrimiento», explicó al jurado.

La defensa del otro acusado de encubrimiento, que trabajaba en el control de acceso de la sala Theatro cuando ocurrieron los hechos, y que también era amigo de Alberto, pide igualmente un veredicto exculpatorio para su cliente. El abogado Gonzalo Pérez Cerezo, que representa al portero, alegó: «No participa en la pelea salvo para separar, intenta hacer en todo momento su trabajo. ¿Qué hace aquí sentado? Jamás imaginé que llegaríamos hasta aquí. La jueza archivó la causa contra mi defendido, pero se reabrió porque recurrió la acusación particular». El letrado trató de aclarar que esa noche, cuando llegó la policía, su cliente dijo que solo había visto a uno de los individuos porque le unía un vínculo de amistad con Alberto, pero que al día siguiente, cuando se enteró de la muerte de Pablo, «intentó colaborar con la policía».

La segunda sesión del juicio está prevista mañana con las declaraciones de todos los acusados.