La Junta prorroga la concesión de los Baños del Carmen hasta que se resuelva la situación legal

Ello se debe a la aprobación de una autorización excepcional de seis meses, «prorrogables tácitamente por periodos de igual duración» para seguir ejerciendo la actividad, hasta que se resuelva el procedimiento de concesión definitiva. Esta actividad sólo se podrá ejercer sobre el espacio de 1.802 metros cuadrados que la Demarcación de Costas ya ha autorizado para ello.

En cambio, y como primera gran duda, el documento no aclara de qué forma legal y cuándo revertirán al Gobierno central los 30.000 metros cuadrados correspondientes al antiguo 'camping', que están en la actual concesión, y donde el Plan Especial contempla la creación, en colaboración con el Ayuntamiento, de un gran parque público para el barrio de Pedregalejo.

Medio Ambiente sí aclara que esta prórroga precaria se otorga «para no causar perjuicios indebidos en el empleo, en la actividad económica y en la prestación de servicios al público en general», y para la protección del espacio. Para que esta «autorización excepcional» pueda ser prorrogada «tácitamente» (sin necesidad de un trámite, que se supone o se sobreentiende), los titulares deberán presentar ahora una solicitud para una nueva concesión.

De esta forma, el Gobierno andaluz rechaza una prórroga definitiva (por 15 años) que los privados solicitaron meses atrás, y que habría supuesto la regularización de la situación administrativa ante la oportunidad que supone la efeméride histórica que se producirá el 29 de julio, cuando se caduca la concesión primitiva, de 100 años, que el balneario obtuvo en 1918. Al menos, esta fecha ha dejado de ser una espada de Damocles, ya que también se podía haber determinado que ese día finalizara la actividad, aunque esa opción nunca ha estado realmente sobre la mesa de la administración.

Por otro lado, la Delegación no llega a aclarar en su escrito si optará por la vía de un concurso público o por negociar con los actuales titulares. Al respecto, sí pone de relieve que estos pueden solicitar una nueva concesión de ocupación, compatible con el Plan Especial. Y, de hecho, deben hacerlo como condición indispensable para optar a la prórroga tácita.

Lo cierto es que la administración tampoco lo pone fácil a la hora de que los empresarios actuales o los que se presenten a una hipotética licitación puedan hacerse con este espacio. En uno de los puntos se alude al hecho de que el chiringuito sufre una «manifiesta afectación de inundaciones por los alcances de temporales notoriamente reiterados». Y todavía hay otro que genera mayor controversia: «Se añade la dificultad por la protección arquitectónica del edificio principal, que obliga a elevar las cotas del mismo para no verse afectado por los alcances de los temporales». Medio Ambiente considera que estas intervenciones son imprescindibles para la continuidad y la renovación del título.

Sin embargo, en ese momento obvia que el edificio del restaurante está declarado Bien de Interés Cultural (BIC) y tiene el máximo grado de protección arquitectónica. Ello implica que no se puede intervenir sobre él más que para rehabilitarlo. De forma contradictoria, en el siguiente párrafo sí reconoce que el edificio está protegido.

De momento, los trabajadores, los clientes y los empresarios ya saben que después del día 29 la actividad podrá continuar como hasta ahora. En el lado opuesto, todo quedará a expensas de la sentencia del Contencioso-Administrativo que se dirime en el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA); y de los trámites burocráticos para otorgar un nuevo título. También se quedará congelada, de momento, la inversión de casi medio millón de euros prevista para rehabilitar el restaurante.