La Junta y los privados empiezan a negociar alternativas por no llevar el metro al Hospital Civil

Obras del metro en la avenida de Andalucía./Migue Fernández. Archivo
Obras del metro en la avenida de Andalucía. / Migue Fernández. Archivo

La consejera de Fomento se reúne con los socios de la concesionaria, con los que tendrá que abordar la llegada al PTA y las posibles compensaciones

Ignacio Lillo
IGNACIO LILLOMálaga

La situación que se ha creado tras los cambios anunciados por el presidente de la Junta, Juanma Moreno, en el proyecto del metro de Málaga se ha convertido en una de las máximas prioridades para los nuevos gestores de la Consejería de Fomento. Tanto es así que la reunión que la consejera, Marifrán Carazo, y su equipo mantuvieron ayer con los directivos de la sociedad concesionaria Metro de Málaga ha sido una de las primeras en su agenda. No se puede obviar el hecho de que ha pasado menos de un mes desde su toma de posesión.

La de ayer fue «una primera toma de contacto», según fuentes consultadas, que sirvió para que ambas partes se pongan cara y para un primer intercambio de ideas, sobe la base de las nuevas propuestas del Gobierno andaluz, a saber: descartar, al menos a corto plazo, la llegada prevista hasta el Civil y la prolongación en su lugar a Campanillas y el Parque Tecnológico. En la cita, que tuvo lugar ayer por la tarde en Sevilla, participaron, junto a la consejera, los dos altos cargos que llevarán el peso de la ronda de negociación a partir de ahora: el secretario general de Ordenación del Territorio e Infraestructuras, Andrés Gutiérrez Istria; y el director de la Agencia de Obra Pública, Julio Caballero, ambos especialistas en infraestructuras y que han desarrollado buena parte de su carrera profesional en Málaga.

Plataformas de negociación

A partir de este momento, se abrirá un periodo de análisis del escenario que se ha creado, en el que ambas partes tendrán que dar forma a sus respectivas plataformas negociadoras. Por lo poco que ha trascendido hasta ahora, el Gobierno andaluz pretende ofrecer como compensación por la pérdida de viajeros que se producirá –unos 2,7 millones al año– respecto a los previstos con el Civil, la construcción del ramal en superficie hasta el PTA. Con este, según las primeras estimaciones de la concesionaria, se podrían captar unos dos millones de usuarios, tras una inversión de 80 millones de euros (lo que se considera muy poco rentable).

Los socios privados contemplan otras alternativas. Una de ellas es el pago de un canon equivalente a los ingresos que habrían supuesto esos 2,7 millones de personas que se dejan de subir al metro, al menos hasta que se llegue a los 20,7 millones que se pactaron en el contrato en vigor. Ahí aparece la cuestión clave del cómputo que se utiliza para calcular esa cifra: a 0,95 por cada billete no vendido (2,6 millones de euros anuales). O la tarifa técnica completa, que en 2020 será de cuatro euros por pasajero (casi once millones al año). También cabe prorrogar el periodo de explotación más allá del año 2042, cuando caducará.

Incluso, se podría plantear la posibilidad de retomar otros tramos que se descartaron en su momento, caso de la llegada a Ciudad Jardín o a El Palo, y que tienen una capacidad muy superior de captación de público frente a la Tecnópolis.