La Junta plantea abrir los colegios para niños de hasta 2º de la ESO cuyos padres trabajen

En este escenario, el debate dentro y fuera de los hogares ha ido en aumento y ya han sido muchas las voces que han exigido a las administraciones medidas complementarias de conciliación para que ese juego de malabarismos no sea un imposible. Y a falta de conocer todos los detalles, la Junta de Andalucía, a través de la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, ya tiene diseñada una hoja de ruta que se debatirá este lunes en Consejo de Gobierno. El plan, de carácter transversal, incluye una serie de medidas que ya están sobre esa mesa de trabajo.

La más relevante por la cantidad de población a la que afecta es, precisamente, la que trata de dar respuesta a las familias con hijos menores en edad escolar. Y en este caso la solución podría venir de la mano de los centros educativos. Según ha podido saber SUR, la Consejería de Igualdad plantea abrirlos para dar asistencia, entre el 25 de mayo y el 30 de junio, a los niños de hasta 2º de la ESO -previsiblemente- cuyos padres tengan que incorporarse al trabajo. El marco temporal se fija en el 25 de mayo porque es entonces cuando Andalucía entraría en la fase 2 de la desescalada y, por tanto, ya se podrían abrir los centros escolares bajo las condiciones extraordinarias que recoge en el Plan Nacional para la Transición hacia la Nueva Normalidad, impulsado por el Ministerio de Sanidad. Hay que tener en cuenta que a pesar de aquella propuesta del Gobierno de Pedro Sánchez- que integraba en esa excepcionalidad a los menores de hasta 6 años o a los alumnos que tuvieran la prueba de la EBAU, entre otros- la medida fue tomada con reservas por parte del gobierno regional, hasta el punto de que el consejero de Educación, Javier Imbroda, llegó a decir que no se podía confundir la labor educativa con la asistencial y que los colegios «no son guarderías».

Sin embargo, la necesidad de dar una respuesta coordinada a las exigencias de conciliación ha llevado a explorar esta vía. Los detalles aún no se conocen en todos sus extremos por ser una cuestión en la que aún trabajan las autoridades, pero sí las líneas maestras: en esencia, la Consejería de Educación ha puesto a disposición de la cartera de Igualdad una serie de centros para que los alumnos cuyos padres tengan que incorporarse al trabajo puedan asistir a los colegios. Fuentes consultadas por SUR aclaran, sin embargo, que los estudiantes no estarán atendidos por los profesores -que siguen dando clases por vía telemática desde sus domicilios-, sino por monitores que hasta el momento estaban en una situación de ERTE por la cancelación del curso escolar, caso de los del servicio de comedor, y que de este modo reanudarían sus contratos. Serán ellos los que supervisen la estancia de los alumnos en el centro escolar, teniendo en cuenta que los estudiantes que tengan clases telemáticas deben seguir cumpliendo ese programa con el dispositivo electrónico con el que lo haya seguido en las últimas semanas (con su tablet o su ordenador).

Además de esta medida concreta, la consejería de Educación tiene previsto poner en marcha, durante el mes de julio, su segundo Programa de Refuerzo Estival, una iniciativa sufragada con fondos europeos y estrenada el año pasado para alumnos que necesitaran ese recurso extraordinario. Sin embargo, ahora se modifican los requisitos para sumar en esa necesaria conciliación. Esa «mejora», según avanzan las mismas fuentes, permitirá que el programa esté abierto a todos los niños en edad escolar hasta 2º de la ESO, que podrán incorporarse al plan y asistir a los centros educativos de la red pública que se ofrezcan como voluntarios. De este modo, Educación abrirá esos colegios de referencia en la zona a demanda, es decir, a partir de las solicitudes que se reciban. Los alumnos de la concertada podrán sumarse al programa y asistir a ese centro público de referencia que se encuentre en el entorno de su domicilio o del trabajo de sus padres. Otra de las novedades con respecto al año pasado es su carácter gratuito (el pasado año el coste era de 15 euros por alumno y quincena).

Más allá de las medidas destinadas a favorecer la conciliación de familias con menores en edad escolar, el Consejo de Gobierno tiene previsto aprobar este lunes otras iniciativas que permitan llegar a ese equilibrio en hogares donde también es imprescindible. Es el caso de las personas trabajadoras que tengan a su cargo personas dependientes, ya sean mayores o con alguna discapacidad, y siempre que se encuentren con algún recurso asistencial suspendido (suspensión de ingresos de residencias de mayores o personas con discapacidad, cierre de centros de día…).

En estos casos, la cobertura se prestará a través de las Comisiones Provinciales de Emergencia Social (hay constituidas ocho en cada provincia), para dar atención a las necesidades de todas las personas trabajadoras por cuenta propia o ajena que deban reincorporarse a su puesto de trabajo con carácter presencial y a los que la suspensión de un recurso de la dependencia les genere la imposibilidad de conciliar. Fuentes de la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación confirman que hasta el momento se han tramitado unas 50 peticiones, aunque la previsión es la de ampliar este recurso a cualquier persona trabajadora que tenga una persona dependiente a su cargo. En estos casos, se evaluará cada caso y se ofrecerá una alternativa de asistencia (por ejemplo con ayuda a domicilio), asumiendo la Junta de Andalucía el coste de este servicio. Las personas podrán acceder a las comisiones de emergencia de su provincia a través de los servicios sociales comunitarios o las delegaciones provinciales de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación. A pesar de que aún no se conoce cuántas familias podrán acogerse a este recurso extraordinario, la Consejería de Políticas Sociales cuenta en sus registros -según el último dato del pasado 30 de abril- con 87.317 personas beneficiarias del servicio de la ayuda a domicilio.