La Junta estudia prorrogar la concesión de los Baños del Carmen y dejar el ‘camping’ como parque
La resolución, que se está negociando con Costas, daría vía libre a una amplia zona verde pública y a un restaurante de unos 1.500 metros cuadrados
El conflicto histórico en torno al balneario de los Baños del Carmen se podría resolver en las próximas semanas. Y no es sólo por ... el hecho de que la concesión se caduque oficialmente el próximo 29 de julio. Los actuales socios de Parque Balneario Nuestra Señora del Carmen pidieron nuevamente la semana pasada a la Delegación de Medio Ambiente que les conceda una prórroga para explotar únicamente el restaurante y las terrazas, tal y como informó SUR en su edición de ayer. Ahora, los técnicos de la Junta aceptan que esta posibilidad es jurídicamente factible y están estudiando ya la vía legal para llevarla a cabo. Así se puso de relieve en una reunión celebrada esta semana entre responsables autonómicos y de Costas, según pudo saber este periódico ayer.
Oficialmente, un portavoz del Gobierno andaluz se limitó a corroborar que se ha recibido una solicitud para ampliar dicho periodo de uso por parte de la concesionaria y que se está estudiando, aunque todavía no hay ninguna decisión tomada al respecto. Estas fuentes mostraron el compromiso de la Administración por tomar una decisión al respecto con la máxima celeridad.
La posible resolución prevé, como premisa principal, que los 30.000 metros cuadrados de suelo del antiguo ‘camping’, así como las pistas deportivas y los jardines se revertirían y pasarían a ser ya de titularidad pública. Sobre ellos, el Ayuntamiento de Málaga, de forma coordinada con la Demarcación de Costas, acometerá un gran parque público, tal y como está consensuado a nivel institucional y con los vecinos de la zona.
Condicionado a la sentencia
Este movimiento tendría una condición principal, pues lo que se determine tendrá que estar ajustado a la sentencia del Tribunal Contencioso-Administrativo, que todavía tiene que dictaminar si la última transmisión de la concesión fue o no legal, un aspecto que mantiene enfrentados desde octubre de 2014 a los privados con el Gobierno andaluz. Así, en el supuesto de que la resolución judicial sea favorable a los primeros, tendrían muchas posibilidades de continuar con el negocio. En cambio, si da la razón al segundo, en el mes de agosto se iniciaría el expediente de caducidad del título concesional. En este punto, una vez resuelta la maraña judicial de recursos que previsiblemente se produciría después, los derechos de explotación podrían salir a concurso público, y cualquier empresario podría optar a quedarse con el restaurante.
Pomares: «El proyecto del parque está listo y a la espera de los terrenos»
Una de las grandes incógnitas es qué pretende hacer el Ayuntamiento en los terrenos del antiguo ‘camping’. Lo poco que se sabe es que será una zona verde pública y abierta a los vecinos, que vienen luchando por ella desde hace 40 años. El concejal de Urbanismo, Francisco Pomares, prefiere no desvelar detalles todavía, pero es tajante: «El proyecto del parque está listo y a la espera de los terrenos».
El edil, que reconoce que ya ha mantenido los primeros contactos con Costas sobre esta cuestión, se remite a las conversaciones que hubo hace cuatro años, en el sentido de que el Estado cedería al Consistorio la parte terrestre. «Existe una iniciativa consensuada con los vecinos, y también hemos cogido ideas de su proyecto» (elaborado por la arquitecta Lorena Garzarán).
Básicamente, se trata de preservar el bosque de eucaliptos y ponerlo en valor; salvar los árboles, crear paseos peatonales y en bici y mejorar el acceso, mediante un enlace directo con el paseo marítimo de Pedregalejo, para lo que sería necesario retranquear la nave de Nereo (aunque se mantendría su actividad). «No queremos iniciar los trámites hasta que nos lo cedan», comenta, y añade que, llegados a ese momento, se mostrará públicamente el diseño y se volverá a debatir con los vecinos y con Costas, para incluir mejoras.
Sobre la financiación de las obras, recuerda que el compromiso adquirido en 2014 era que al menos una parte del canon que se consiguiera se destinaría a financiar el proyecto, que podría ser incluso en especie (esto es, mediante la contratación directa por parte de los privados). A ello, se añade la rehabilitación del edificio, que también tendrán que afrontar los socios, con un presupuesto estimado de un millón de euros. «Si finalmente el Estado nos entrega los terrenos será por el bien de la ciudad. Si se dejan ya de trámites y le dan a los vecinos ese parque, les aplaudiré, porque es lo que tuvo que ser en su momento. Hay consenso de la ciudad y político, es lo queremos todos, y tenemos claro que el parque será público».
Llegados a este punto, surgen varias incógnitas. La primera es qué plazo se maneja para tomar una decisión. De momento, no se habla de una fecha, sino de estudiar con los servicios jurídicos de la Consejería de Medio Ambiente cuál sería el cauce legal correcto. Sin embargo, no se puede perder de vista que, a partir de finales de julio, cuando caduque el título, el negocio entrará en un limbo jurídico e institucional.
Otra duda es cuánto espacio ocupará el restaurante. Este aspecto depende de Costas, que baraja unos 1.500 metros cuadrados, repartidos entre el restaurante y la terraza, que estaría básicamente delimitada por la zona de las columnas. La parte de los jardines históricos, la fuente y la pajarera se quedan como espacio público; y quedaría por ver qué decide hacer el Ayuntamiento con el lateral más próximo al pedregal, al sur del edificio. El periodo de la prórroga también estará sujeto a la negociación entre la empresa y el organismo dependiente del Estado. Es factible, conforme a las conversaciones que hace cuatro años se produjeron con los propietarios anteriores, Vera y Acha –y que llegaron a estar muy avanzadas– que esta se pudiera prolongar hasta los 25 ó 30 años. Si se toma como referencia lo que se habló entonces, en el primer caso el coste sería de 2,06 millones de euros; y de 2,4 millones, en el segundo.
La negociación está sujeta a lo que dicte la sentencia del Contencioso
A la espera de que se resuelvan los detalles, la premisa que ambas administraciones comparten es que se tiene que acabar cuanto antes con la incógnita en torno al futuro del balneario. Tanto por el imperativo legal que marca la fecha de la caducidad, como por la necesidad de poner esos terrenos a disposición de los ciudadanos de Pedregalejo, en particular, tras 40 años de espera. En este punto, la espada de Damocles que pende sobre el procedimiento es que, si se mantiene la confrontación con los concesionarios, el asunto podría volver a llegar hasta el Tribunal Supremo, como ya ocurrió años atrás. Y el final de este manido debate se pospondría, al menos, otros diez años.
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