La Junta estudia prorrogar la concesión de los Baños del Carmen y dejar el ‘camping’ como parque

Oficialmente, un portavoz del Gobierno andaluz se limitó a corroborar que se ha recibido una solicitud para ampliar dicho periodo de uso por parte de la concesionaria y que se está estudiando, aunque todavía no hay ninguna decisión tomada al respecto. Estas fuentes mostraron el compromiso de la Administración por tomar una decisión al respecto con la máxima celeridad.

La posible resolución prevé, como premisa principal, que los 30.000 metros cuadrados de suelo del antiguo ‘camping’, así como las pistas deportivas y los jardines se revertirían y pasarían a ser ya de titularidad pública. Sobre ellos, el Ayuntamiento de Málaga, de forma coordinada con la Demarcación de Costas, acometerá un gran parque público, tal y como está consensuado a nivel institucional y con los vecinos de la zona.

Este movimiento tendría una condición principal, pues lo que se determine tendrá que estar ajustado a la sentencia del Tribunal Contencioso-Administrativo, que todavía tiene que dictaminar si la última transmisión de la concesión fue o no legal, un aspecto que mantiene enfrentados desde octubre de 2014 a los privados con el Gobierno andaluz. Así, en el supuesto de que la resolución judicial sea favorable a los primeros, tendrían muchas posibilidades de continuar con el negocio. En cambio, si da la razón al segundo, en el mes de agosto se iniciaría el expediente de caducidad del título concesional. En este punto, una vez resuelta la maraña judicial de recursos que previsiblemente se produciría después, los derechos de explotación podrían salir a concurso público, y cualquier empresario podría optar a quedarse con el restaurante.

Llegados a este punto, surgen varias incógnitas. La primera es qué plazo se maneja para tomar una decisión. De momento, no se habla de una fecha, sino de estudiar con los servicios jurídicos de la Consejería de Medio Ambiente cuál sería el cauce legal correcto. Sin embargo, no se puede perder de vista que, a partir de finales de julio, cuando caduque el título, el negocio entrará en un limbo jurídico e institucional.

Otra duda es cuánto espacio ocupará el restaurante. Este aspecto depende de Costas, que baraja unos 1.500 metros cuadrados, repartidos entre el restaurante y la terraza, que estaría básicamente delimitada por la zona de las columnas. La parte de los jardines históricos, la fuente y la pajarera se quedan como espacio público; y quedaría por ver qué decide hacer el Ayuntamiento con el lateral más próximo al pedregal, al sur del edificio. El periodo de la prórroga también estará sujeto a la negociación entre la empresa y el organismo dependiente del Estado. Es factible, conforme a las conversaciones que hace cuatro años se produjeron con los propietarios anteriores, Vera y Acha –y que llegaron a estar muy avanzadas– que esta se pudiera prolongar hasta los 25 ó 30 años. Si se toma como referencia lo que se habló entonces, en el primer caso el coste sería de 2,06 millones de euros; y de 2,4 millones, en el segundo.

A la espera de que se resuelvan los detalles, la premisa que ambas administraciones comparten es que se tiene que acabar cuanto antes con la incógnita en torno al futuro del balneario. Tanto por el imperativo legal que marca la fecha de la caducidad, como por la necesidad de poner esos terrenos a disposición de los ciudadanos de Pedregalejo, en particular, tras 40 años de espera. En este punto, la espada de Damocles que pende sobre el procedimiento es que, si se mantiene la confrontación con los concesionarios, el asunto podría volver a llegar hasta el Tribunal Supremo, como ya ocurrió años atrás. Y el final de este manido debate se pospondría, al menos, otros diez años.