Juan Cassá deja en minoría a De la Torre y desata conjeturas sobre una moción de censura

Aunque se podía esperar un movimiento de este tipo desde que hace más de un año se distanció de su partido por diferencias con la dirección provincial y autonómica, sorprendió el momento elegido para el anuncio: con una crisis sanitaria y económica provocada por el coronavirus y con el alcalde de la ciudad de baja médica mientras se recupera de la operación de una lesión cerebral.

Cassá justificó la fecha elegida por la celebración, este fin de semana, por vía telemática de la V Asamblea General del partido naranja que tuvo que ser pospuesta hace unas semanas por la propagación del virus y que aupó a Inés Arrimadas al liderazgo en sustitución de Albert Rivera. «Ciudadanos comienza una nueva etapa y considero que ha terminado un ciclo para mí. Ya no siguen liderando el partido las mismas personas con las que empecé ni los planteamientos y principios son los mismos que yo compartía plenamente y que me llevaron a participar con gran ilusión en el proyecto», anunció en sus redes sociales.

De los órganos de dirección nacional salió Cassá, quien fue miembro del Consejo General, del que sí forman parte malagueños como Guillermo Díaz, Javier Imbroda, Carlos Hernández White, Teresa Pardo, Alejandro Carballo y José Luis Paradas Romero.

Juan Cassá, que guardó silencio durante el resto del día y no atendió las llamadas de SUR, anunció que seguirá trabajando por Málaga y su provincia desde el grupo de los no adscritos. «Creo firmemente en el potencial de Málaga y pondré todo de mi parte para defender sus intereses y los de la ciudadanía», dijo.

El portazo dado por Cassá desestabiliza institucionalmente el Ayuntamiento de Málaga y abre un escenario de incertidumbre. Hasta el momento el PP (14 concejales) y Ciudadanos (2 ediles) sumaban la mayoría absoluta de 16 escaños, mientras que la izquierda se quedaba con quince (12 del PSOE y 3 de Adelante Málaga). Ahora Cassá tendrá más si cabe la llave de la gobernabilidad porque la aprobación de las decisiones pasan por él y puede negociar tanto con el equipo de gobierno como con la oposición.

Entre las opciones que están encima de la mesa cobra protagonismo la posibilidad de que se pueda producir una moción de censura si decide apoyar a la izquierda. Aunque en varias ocasiones, Cassá mostró sus reticencias a pactar con Adelante, en septiembre del pasado año, en una entrevista a este periódico, declaró: «No tengo la bolita mágica para saber si habrá moción de censura a De la Torre».

En el caso de la Diputación de Málaga, la mayoría absoluta sigue garantizada porque en la institución provincial el PP tiene quince escaños y sólo necesita uno para la estabilidad; éste se lo garantiza el dirigente naranja Juan Carlos Maldonado, que es el vicepresidente primero.

Una vez conocida su decisión, Ciudadanos le exigió a Cassá que entregara su acta de concejal en el Ayuntamiento de Málaga, con lo que automáticamente dejaría de ser diputado provincial ya que para serlo es necesario ser edil.

La formación naranja le instó a que «por coherencia personal y respeto a los principios éticos» entregara el acta en cumplimiento de lo establecido en el artículo 10.3 de los Estatutos y del compromiso asumido en la Carta Ética y Financiera que firmó Cassá cuando fue designado candidato, donde se recoge el compromiso a dejar el acta de concejal si causa baja en el partido por cualquier motivo.

Una exigencia que le recordó su hasta ahora compañera de bancada, Noelia Losada. «Por coherencia personal y como tantas veces se manifestó en el anterior mandato a favor de la ética, espero que deje su acta», afirmó la concejal de Cultura, quien reiteró que el pacto de gobierno con el PPsigue vigente.

Cuestionada sobre la posibilidad de una moción de censura, Losada dijo que no cree que se vaya a realizar ninguna en un momento tan delicado. «Sería un suicidio político», recalcó, al tiempo que hizo un llamamiento a que en este momento «prime la responsabilidad política y la estabilidad».

Desde el PP y a pesar de la trascendencia de los hechos, el alcalde, aún de baja, y la alcaldesa accidental, Susana Carillo, optaron por guardar silencio y sólo se pronunció el edil de Economía, Carlos Conde, quien tras mostrar su «sorpresa» por la decisión de Cassá y preguntado sobre una posible moción de censura, dijo: «Debe ser Cassá o Ciudadanos quienes se manifiesten sobre este futurible».

Por su parte, Juan Carlos Maldonado, que se enteró de la decisión a través de las redes sociales, respetó la postura de Cassá y subrayó que su marcha de Ciudadanos no afectará a la gobernabilidad de la Diputación Provincial.

«El pacto (con el PP) sigue vigente y no hay motivos para la ruptura», subrayó Maldonado, quien añadió que seguirá trabajando en la defensa de los intereses de la provincia y los malagueños y que su «principal» preocupación en estos momentos es trabajar para afrontar los efectos económicos y sociales de la crisis del coronavirus.

La historia de la separación que este lunes acabó en divorcio entre Juan Cassá y Ciudadanos comenzó hace poco más de un año, en la precampaña de las elecciones municipales de mayo de 2019. La tardanza en nombrarle como candidato a la Alcaldía por segunda vez, el hecho de que en esas semanas a la cita previa con las urnas Albert Rivera no fuera tan claro en los apoyos a Cassá y la política de la formación naranja de fichajes de independientes para sus listas dio pábulo a todo tipo de hipótesis sobre sus opciones y a que había perdido fuerza en la formación.

Finalmente fue nombrado cabeza de cartel, pero se creó un caldo de cultivo que auguraba marejadas en la relación de Cassá con su partido. Ciudadanos sufrió una caída electoral y perdió uno de los tres ediles, aunque seguía siendo determinante para la gobernabilidad. Sin embargo, no fue Cassá quien llevó el peso de las negociaciones con el PP sino que lo hizo Losada, que fue la que firmó el acuerdo de gobierno.

Cassá no se integró en el equipo de gobierno y decidió irse a la Diputación como vía de escape a las malas relaciones que mantenía con la dirección provincial y regional de su partido. En la institución provincial tampoco asumió responsabilidad de gestión y se quedó como portavoz adjunto del equipo de gobierno con un sueldo anual de 71.982 euros, al que se une un montante estimativo de 12.000 euros al año por asistencia a plenos y comisiones.