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Miércoles, 20 de marzo 2019, 00:55
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El edificio de Correos sigue atrayendo inversores interesados en comprarlo para desarrollar un proyecto privado al calor de la recuperación económica tras la crisis. Según ha podido conocer este periódico, uno de los últimos movimientos en ese sentido es el de unos inversores de origen belga que están prácticamente decididos a adquirlo, si bien para ello deberían ganar la correspondiente subasta que tendría que convocar la Junta de Andalucía, propietaria de esta construcción que lleva años clausurada y cubierta por una lona para evitar desprendimientos.
Estos inversores ya han dado pasos para conocer las características de la que fue sede central de Correos en Málaga, un activo inmobiliario que la Junta recibió del Gobierno central en 2010, por un valor de 30 millones de euros, como pago de la llamada 'deuda histórica'. No obstante, desde la delegación del Gobierno andaluz aseguraron ayer que, por el momento, no tienen oferta alguna «sobre la mesa» que les invite a poner en marcha el procedimiento para desprenderse de este edificio, sobre el que sigue pesando un embargo de la Diputación Provincial a cuenta de la deuda de la Administración regional con ayuntamientos malagueños en materia tributaria. Fuentes consultadas por SUR señalaron que esa deuda asciende todavía a 1,5 millones de euros, después de que la Junta saldará unos cinco millones a finales del año pasado.
La Junta llegó a iniciar ante la Gerencia de Urbanismo los trámites para que se apruebe una modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbanística de Málaga (PGOU) con el objetivo de que la finca deje de tener una calificación como equipamiento público de carácter local y un uso de servicio de interés público y social, y pase a ser para el servicio terciario hotelero.
Se trata de una variación del Plan General que tendría que pasar por una compleja tramitación, incluida una evalución ambiental y un informe del Consejo Consultivo de Andalucía; y que no llegó a activarse por la falta de acuerdo entre el anterior gobierno socialista en la Junta y los responsables municipales respecto a las compensaciones que obtendría la ciudad a cambio de permitir un uso lucrativo la parcela del edificio, al pasar a calificarse como hotel.
La Junta propuso la entrega de los locales de la calle Palestina que albergaron la sede de la Gerencia de Urbanismo, pero el Consistorio le reclamó más suelos.
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