El interventor pone en marcha un plan para fiscalizar a las empresas municipales

El alcalde, el secretario y el interventor. /Salvador Salas
El alcalde, el secretario y el interventor. / Salvador Salas

Cada trimestre una empresa u organismo autónomo se someterá a un chequeo financiero de veinte puntos, que deberá pasar

Pilar R. Quirós
PILAR R. QUIRÓSMálaga

El equipo de Intervención, a las órdenes del titular Fermín Vallecillo, ha puesto en marcha un nuevo plan para fiscalizar a las empresas municipales. El 'Plan Anual de Control Financiero', dio cuenta en el pasado pleno el alcalde Francisco de la Torre, tiene por objetivo, como su nombre indica, estrechar el control financiero a todo el holding municipal compuesto por el Ayuntamiento, 12 empresas, seis organismos autónomos, tres fundaciones (Thyssen, Pérez Estrada, Revello de Toro) y el consorcio Orquesta Ciudad de Málaga. Sólo hacer el recuento da vértigo. Los que saben de números en la cosa municipal suelen explicar, entre bambalinas, que el control en el propio Ayuntamiento es férreo pero que habría que dar más pasos para fiscalizar aún mejor a las empresas municipales, y todo apunta a que este nuevo plan conseguirá que haya más control en las cuentas aledañas a la sede municipal.

El plan tiene como objetivo cumplir las nuevas exigencias que entraron en vigor el pasado 1 de julio del Decreto 424/2017 de Régimen jurídico de control interno de entidades del sector público local. Esta normativa pretende que haya una gestión más transparente, homogénea y eficaz en los órganos de control interno de las corporaciones locales dada la importancia de las funciones que desempeñan y su repercusión en el interés general.

Pero, sobre todo, quiere cubrir el vacío legal existente que hay en materia de fiscalización interna de las empresas y otras entidades que conforman el sector público local. Para ello, en el Ayuntamiento cada trimestre se va a analizar una empresa u organismo autónomo, que deberá pasar 'check list' de 20 puntos. Entre estos están verificar que las nóminas satisfechas no tengan mayor incremento del permitido por ley, control de las horas extraordinarias de los trabajadores, la forma de acceso del personal, inspeccionar que los contratos de más de 40.000 euros han seguido las normas de control público, si se han cumplido los objetivos presupuestarios y las desviaciones del presupuesto así como analizar los datos de solvencia y las fuentes de financiación.

Todo esto que a los profanos en la materia nos puede sonar farragoso supone que la Intervención General vaya a profundizar en cómo se gastan los dineros municipales, públicos, porque aunque la actual vicepresidenta Carmen Calvo dijera cuando era ministra de Zapatero que el dinero público no es de nadie, lo cierto es que es justo lo contrario, es de todos, sufragado a base de un gran y doloroso abanico de impuestos.

La nueva era Vallecillo se nota. En tan sólo un año y medio ha puesto en marcha un plan de subvenciones a entidades, ha iniciado el control a la asignación municipal a los grupos, la fiscalización limitada previa en ingresos y gastos, y ahora un plan anual de control financiero, que supone mayor vigilancia sobre las arcas municipales. A cada uno lo suyo.

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