La Intervención echa por tierra el acuerdo para desbloquear el hotel de Moneo

La fórmula planteada por Braser II fue aceptada por el equipo de gobierno municipal. Sin embargo, no terminaba de pactarse su redacción por escrito debido a que los privados querían que quedara reflejada de un modo al que se negaban en rotundo los abogados del Ayuntamiento. Tras seis meses de discusión al respecto, la promotora terminó por aceptar los términos planteados por los asesores jurídicos municipales y la adenda al convenio firmado en 2008 (y revisado ya en 2013) para encajar el hotel de Moneo en el Hoyo de Esparteros se mandó al órgano fiscalizador de la Intervención del Consistorio para que emitiera su preceptivo informe al respecto. Ese pronunciamiento ya ha sido evacuado y, según ha podido confirmar este periódico, rechaza de plano el contenido de la modificación del convenio pactada inicialmente entre Urbanismo y Braser II para facilitar el pago de la deuda pendiente.

Según las informaciones recabadas por SUR, el informe del interventor adjunto al respecto de este asunto es contundente a la hora de mostrar su disconformidad con las condiciones reflejadas en la adenda que pretendían rubricar el equipo de gobierno y la promotora. Algunas fuentes consultadas apuntaron que llega a poner en cuestión las cantidades inicialmente pactadas entre los responsables de Urbanismo y Braser II. De este modo, el proyecto planteado para regenerar uno de los enclaves más degradados del Centro Histórico vuelve a quedar en entredicho y coloca al Ayuntamiento y a los privados en una complicada tesitura a la hora de procurar desbloquearlo.

La viabilidad jurídica de esta operación urbanística parece que no tiene vuelta atrás después de que una sentencia haya avalado los permisos para las obras que los grupos municipales de la oposición tumbaron con sus votos en contra en un consejo de administración de la Gerencia de Urbanismo celebrado hace dos años, en concreto el 12 de julio de 2016. El fallo considera que la deuda de más de cinco millones de euros que Braser II mantiene con las arcas municipales a cuenta del convenio urbanístico asociado a esta operación es independiente del procedimiento para dar luz verde a la urbanización, que contaba con informes positivos «confeccionados por funcionarios públicos, de los que ha de suponerse plena objetividad e imparcialidad», apuntaba el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 4 de Málaga.

Sin embargo, los principales problemas para poner en marcha el proyecto siguen en el terreno de lo económico, condicionado por las dificultades de la promotora para ingresar en las arcas del Consistorio los más de cinco millones de euros que este le reclama. Este débito hace que sobre los suelos del Hoyo de Esparteros pese todavía un embargo por parte del organismo autónomo de Gestión Tributaria (Gestrisam) para procurar garantizar el cobro de la deuda.