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Las siete empresas de alquiler de patinetes eléctricos y bicis de pedaleo asistido que operan en Málaga tienen sus días contados. El Área de Movilidad, dirigida por la concejala Trinidad Hernández, es la que ultima el procedimiento para prohibir estacionar en las calles. En el ... restante, no se ha llegado a hacer efectiva la concesión. Los informes policiales derivados de las correspondientes inspecciones son demoledores: el grado de incumplimiento de las condiciones es altísimo. Muchos de los vehículos no están registrados entre los autorizados y el estacionamiento se hace fuera de las zonas habilitadas. Además, concurren nuevos elementos relacionados con la seguridad vial.
El documento, solicitado por la portavoz de Con Málaga, Toni Morillas, y al que ha tenido acceso SUR, no deja lugar a dudas: la convivencia de los vehículos de movilidad personal (VMP) en alquiler con la ciudad, en la que entraron en 2018, no ha sido buena.
Tras detectar determinados incumplimientos por parte de las empresas autorizadas, el Área de Movilidad inició, de oficio, un procedimiento de comprobación del grado de cumplimiento de las obligaciones y condiciones a las que están sometidas, expresamente, cada una de ellas.
El informe está firmado por el director general de Movilidad, José Cardador, y cuenta con el visto bueno de la edil Hernández. «[...] los VMP destinados a ejercer la actividad han de encontrarse explícitamente relacionados en el listado de VMP autorizados», recoge el informe, que añade que desde el Ayuntamiento se ha movilizado a una patrulla de agentes adscrita a la Jefatura de Policía Local de Barrio Centro, con instrucciones para inspeccionar las zonas de habilitación de estacionamiento que hay en el perímetro del Centro Histórico.
«Finalizado el servicio encomendado, los agentes han cumplimentado un informe individual por cada una de las empresas autorizadas que se encuentran ejerciendo. De lo recogido en dichos informes, se concluye que las seis empresas que se encuentran operando, incumplen en mayor o menor medida la condición referida en el párrafo anterior, dos de ellas de forma total, con el 100% de los vehículos identificados sin estar en la lista de autorizados, y las otras cuatro de forma parcial, moviéndose en una horquilla que va desde el 60% hasta el 81% de vehículos sin autorización», añade.
En este sentido, el documento recoge los siguientes niveles de incumplimiento: Bolt (100%), Ridedott (100%), Link (81%), Lime (80%), VOI (72) y Tier (60).
Han pesado en la decisión, por lo tanto, criterios de ordenamiento urbano, pero también factores de seguridad. El informe habla, sin precisar el número, de un aumento de accidentes: «Hay casos documentados de colisiones entre estos vehículos y peatones, que han resultado en lesiones graves». También se habla de conducción por áreas no autorizadas como zonas peatonales, aceras o espacios restringidos y que «interfieren el tránsito de peatones».
Otro elemento clave es que la ordenanza municipal obliga a llevar casco, chaleco y otra serie de medidas. Estas empresas no los cumplen: «Falta de equipos de protección de los conductores, que en un porcentaje significativo no utiliza cascos u otros dispositivos de seguridad (en este sentido resaltar que la nueva ordenanza de movilidad de Málaga establece la obligación expresa de que el conductor debe de utilizar casco de protección homologado o certificado)».
La resolución alega motivos de interés público por el hecho de que su abandono en las calles dificulta el uso y disfrute del espacio urbano: «Numerosos supuestos de estacionamiento desordenado, donde estos vehículos se encuentran obstruyendo aceras, carriles bici o accesos a espacios públicos, afectando la movilidad de peatones, especialmente de personas con discapacidad, creando un impacto visual negativo».
El texto añade la afección negativa a la movilidad peatonal, al ser utilizadas las aceras y espacios diseñados para peatones por estos vehículos, lo que entorpece el tránsito de personas con movilidad reducida, madres con carritos de bebé y otros usuarios vulnerables.
Y la palabra 'saturación' también sale a relucir: «E determinados puntos críticos de la ciudad, que se han visto desbordados por la alta concentración de estos vehículos, afectando negativamente la experiencia de residentes y turistas.
Así las cosas, el Área de Movilidad se ha armado de argumentos sólidos para revocar las autorizaciones otorgadas en precario. Los titulares de la autorización tuviera derecho a indemnización o compensación alguna.
Entre 2020 y el inicio de 2024, se impusieron en la ciudad 10.386 multas a patinetes eléctricos. De ellas, la mitad prácticamente correspondían a estacionamientos incorrectos, por lo que es lógico pensar que estas sanciones han recaído en las empresas. Sin embargo, la recaudación es muy baja en este tiempo: lo cobrado a particulares por parte de Gestrisam suma 343.360 euros y a empresas, 312.910.
Los patinetes protagonizan en la ciudad un 5% de los siniestros, en el 83% de los cuales, según datos de la Policía Local, el responsable es quien lleva este vehículo, que siempre ha estado en la agenda de las polémicas y centrado numerosos debates de movilidad en plenos y comisiones.
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