El Gobierno central cierra la puerta a la solución definitiva para el peligro de inundación en el Guadalhorce: «No todas las obras pueden anular el riesgo»

Esta obra, valorada en unos 60 millones de euros, está declarada de interés general del Estado y contemplada como una inversión a ejecutar en el Plan Hidrológico Nacional aprobado por la ley 10/2001, y en el Plan Hidrológico de las Cuencas Mediterráneas Andaluzas aprobado por real decreto en 2016. Su objetivo es evitar que el puente de la antigua N-340 (actualmente MA-21) ejerza como un tapón en el encauzamiento de la desembocadura del río en momentos de fuertes precipitaciones, ya que no está dimensionado para la capacidad de los canales que se habilitaron.

El ministerio ha apostado por una alternativa a la sustitución del puente, unos veinte millones de euros más barata, que consiste en aumentar la capacidad del puente actual por su margen derecha mediante la realización de cuatro nuevos vanos de 30 metros, eliminar las estructuras de la antigua vía del ferrocarril, y prolongar los muros del encauzamiento aguas abajo del puente.

La Junta ha asumido en sus informes que, con ese planteamiento, añadiéndole una tercera fase de obras a ejecutar por el Ayuntamiento para mejorar las canalizaciones pluviales de los polígonos, el caudal de una hipotética avenida para un periodo de 500 años quedaría contenido «en su mayor parte dentro del encauzamiento y se eliminan los desbordamientos sobre la zona de los polígonos». No obstante, ha admitido que el riesgo se mantendría aguas abajo del puente, afectando a la urbanización de Guadalmar y a los polígonos de Villa Rosa y la Azucarera. En cambio, la sustitución del puente por uno nuevo (con dos vanos centrales de 92 metros de luz frente a los 18 metros actuales) eliminaría por completo el peligro de inundación en todo el entorno del Guadalhorce.

Sin embargo, la Administración central se mantiene en su postura de no asumir el proyecto del nuevo puente. A consultas de SUR, desde el Ministerio para la Transición Ecológica han argumentado que «de acuerdo con la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento, junto con el estudio de coste-beneficio, se ha llegado a que la solución que se va a ejecutar es la mejor de todas y más efectiva». «Suelos con riesgo de inundación en España hay muchos y, desgraciadamente, no todas las obras pueden anular el riesgo», han zanjado desde el Gobierno.

Este posicionamiento ha caído como un jarro de agua fría en los empresarios de la zona. José Alarcón, presidente del polígono Villa Rosa, ha insistido en que «lo suyo es hacer un puente nuevo» para evitar que el que ahora existe ejerza como una barrera en la evacuación del agua. «Están muy bien todas las obras que está haciendo la Junta en la zona para reducir el riesgo de inundación y las que pueda realizar el Gobierno, pero eso no es suficiente para acabar con el peligro», ha apuntado.

En el mismo sentido, José Manuel Filpo, administrador del polígono La Azucarera, ha recordado que esta zona empresarial «es la primera en inundarse» en momentos de fuerte lluvias, por lo que también ha reivindicado la sustitución del puente por un nuevo como está previsto en los diferentes planes aprobados tanto por la Junta como por el Gobierno central.

No obstante, desde el ministerio insisten en que las soluciones alternativas que se están diseñando van a llevar a un «riesgo de inundación muy bajo y compatible con los usos del suelo vigentes» en la zona del Guadalhorce. «Hay que buscar soluciones compatibles y normativas asociadas que sean proporcionales al riesgo, lo cual se está trabajando ya con todas las administraciones competentes», han añadido desde el Gobierno.