El futuro de Limasa, camino de otra patada adelante hasta después de las elecciones

El futuro de Limasa, camino de otra patada adelante hasta después de las elecciones

Equipo de gobierno y sindicatos vuelven a fracasar en la negociación para la municipalización mientras el servicio sigue prorrogado desde abril de 2017. «Es una pena», reconoce el alcalde

Francisco Jiménez
FRANCISCO JIMÉNEZMálaga

De la futura Limasa lleva hablándose en el Ayuntamiento de Málaga desde que comenzó el actual mandato a mediados de 2015. Para entonces, aún quedaba tiempo por delante, ya que el contrato del modelo mixto de gestión (51% en manos privadas) expiraba en abril de 2017. Pero entre la crisis interna que le generó al alcalde su idea de municipalizar, la posterior solución híbrida (limpieza externalizada y recogida de residuos pública) con la que logró salvar los recelos de su partido y también los de Ciudadanos, y el nuevo giro que el regidor le dio en junio del año pasado al apostar decididamente por la municipalización total, la realidad a día de hoy es que, salvo sorpresa, la concesión actual seguirá prorrogada 'sine die' a tenor de lo distantes que siguen las posturas entre equipo de gobierno y comité de empresa a la hora de cerrar un convenio colectivo que garantice la paz social cuando los trabajadores pasen al ámbito público. Un desencuentro que ha vuelto a quedar de manifiesto este jueves en la reunión mantenida en Limasa entre la concejala Teresa Porras y el comité de empresa. Más allá del descontento generalizado en las calles y en el propio Consistorio con el actual servicio de limpieza, conviene añadir un dato. Haciendo números, una gestión municipal supone un ahorro anual de unos ocho millones de euros si se compara con el sistema actual, que le cuesta a las arcas municipales unos cien millones anuales.

Tal y como ha avanzado este periódico, De la Torre ya empieza a darse por vencido y contempla aparcar el asunto durante lo que queda de mandato para que sea el gobierno que salga de las elecciones del 26 de mayo el que vuelva a abrir el melón. Una postura que este jueves ha confirmado el propio regidor, al remarcar que si los trabajadores no aceptan entre hoy y mañana la «última y definitiva» propuesta del Ayuntamiento se echará al freno. «Antes de las elecciones no hay tiempo material ni para una fórmula (municipalización) ni para otra (privatización)», ha asegurado De la Torre. En este sentido, el alcalde ha remarcado que sigue «creyendo» en la municipalización. «Es una pena porque yo he creído y creo en esa posible municipalización», ha afirmado. Sin embargo, considera «inasumible» las condiciones que ponen los sindicatos. «No es viable, no es defendible ante la opinión pública. Con nuestra propuesta quedarían tres millones de margen para renovar maquinaria, pero con lo que plantea el comité no sólo se consumirían los 8 millones de ahorro, sino que se superaría porque se situaría en diez millones», ha argumentado. Cara al futuro, también ha advertido de que en el escenario de una posible privatización lo más probable es que el contrato se dividiera por lotes. «No está claro, pero en principio la ley nos obliga a dividir el contrato por materias», ha añadido.

Mientras De la Torre intenta presionar a los sindicatos con lo ajustado que estarían los plazos para acometer la municipalización antes de las elecciones, los representantes de los trabajadores se lo toman con más calma. Al menos, hasta ver si el próximo martes reciben otro espaldarazo en los tribunales. Ese día está previsto que se reanude la vista en el Juzgado de lo Social número 4 de Málaga para concretar los derechos que deben recuperar los trabajadores en cuestiones como las tablas salariales y la citada paga de productividad, en cumplimiento de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que declara que el único convenio vigente en la empresa de limpieza es del de 2010-2012, previo a los recortes.

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La postura de los sindicatos es la misma que viene manteniendo en las últimas semanas, y es que los 8.200 euros que, según sus cálculos, les corresponde de media a cada trabajador por las subidas salariales no aplicadas entre 2012 y 2018 sean abonados aunque sea en varios ejercicios, rechazando que este dinero forme parte de un concepto variable ligado a la productividad. En la última propuesta municipal trasladada este lunes se ofrece que 5.500 euros se cobren fijos, aunque de forma escalonada y gradual durante la vigencia del convenio colectivo, que llegaría hasta 2023. Así, en 2019 se cobrarían íntegramente los 2.500 euros (867 euros de la antigua paga de productividad y otros 1.633 que aportaría la empresa a través de los citados atrasos); en 2020 serían 1.500 fijos y los mil restantes variables aplicados exclusivamente a no faltar al trabajo.

El tercer año serían 1.500 variables y 1.000 fijos; el cuarto año, 2.000 variables (1.500 ligados al no absentismo y 500 a la productividad) y 500 fijos; y no sería hasta el quinto año cuando los 2.500 euros serían íntegramente variables (1.500 al no absentismo y 1.000 de productividad). Además, esta paga se incrementaría en función de las subidas salariales contempladas en los Presupuestos Generales del Estado.

En cuanto a las vacaciones, que actualmente se concentran en verano pero que el Ayuntamiento pretende repartir durante el resto del año (21 días entre mayo y octubre; y las dos semanas restantes entre noviembre y abril) para reducir el gasto en contrataciones temporales, el comité se muestra abierto, pero siempre que se le compense al trabajador ya sea económicamente o con más días de asueto. Por último, el comité pide la conversión en fijos de más de 150 trabajadores, mientras la empresa ofrece ampliaciones a jornada completa a un centenar de empleados contratados a tiempo parcial.