La Fiscalía le da un tirón de orejas al Ayuntamiento de Málaga

El escrito, que tiene fecha del 23 de octubre de 2024, acaba con el siguiente oído a navegantes: «el Fiscal interesa se tenga por no cumplido el fallo de la sentencia dictada y se acuerde proceder conforme dispone el artículo 112 de LRJCA».

¿Pero por qué no ha cumplido el Ayuntamiento la sentencia? El escrito del fiscal explica lo rocambolesco de la situación. Vayamos por partes. El funcionario azote, Wenceslao Alonso, ahora está destinado a 'Objetos Perdidos', lo que podría tener cierto regusto poético. Si con este destino, lo que pretende el Ayuntamiento es que ceje en su empeño de tener un mejor puesto de trabajo conforme a su formación, éste ya ha dejado claro en numerosas denuncias al juzgado que no va a tirar la toalla.

En este caso se trata del proceso de selección de la jefatura de negociado de la Oficina Municipal de Atención a la Ciudadanía (OMAC) de El Palo, en la que Wenchy, como se le conoce de modo familiar en el Consistorio, participó en el proceso para la provisión de este puesto de trabajo.

Terminado el proceso, y habiendo sido elegida otra persona, Alonso solicitó al área de Recursos Humanos «información y copia del expediente para presentar alegaciones a la puntuación y calificación realizada por la comisión de valoración».

En esa tesitura, exigió información sobre su contrincante, el que había obtenido la plaza, para poder proceder a presentar alegaciones. Como el Ayuntamiento de Málaga no le facilitó la información acogiéndose a la protección de datos, éste decidió presentar un recurso contencioso-administrativo.

Precisamente, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 8 de Málaga fallaba en julio de 2022 que estimaba parcialmente la demanda de Alonso, condenaba en costas al Ayuntamiento de Málaga (que se pagan del erario público) y le exigía que retrotrayese el proceso de selección al momento inmediatamente anterior a aquel en que se produjo la vulneración de los derechos fundamentales de Alonso reconocidos en los artículos 23 y 24 de la Constitución Española, «esto es, al momento en el que se solicitó por el recurrente información y copia del expediente para presentar alegaciones a la puntuación y calificación realizada por la comisión de valoración del Ayuntamiento». El nombramiento del jefe del negociado de la OMAC se produjo, según la sentencia, el 29 de julio de 2022, así que cuando se dictó sentencia, el elegido ya llevaba un año ejerciendo.

Pues bien, Alonso viendo que no se cumplía la sentencia instó la ejecución del fallo por escrito al juzgado en noviembre de 2023. El Ayuntamiento envió entonces un informe diciendo que iba a cesar al elegido, que es auxiliar administrativo del subrupo C2, y que durante tres meses percibiría las retribuciones complementarias correspondientes al puesto que ocupaba. Pero ni rastro de la documentación que debía entregar el Ayuntamiento a Wenceslao Alonso para que pudiera ejercer sus derechos fundamentales. Y aquí es cuando viene lo surrealista del asunto. El 29 de mayo de 2024, Alonso vuelve a indicar al juzgado que sigue sin ejecutarse la sentencia, y da cuenta de que al ya cesado le vuelven a ratificar con la puntuación obtenida inicialmente, y proponen de nuevo su nombramiento como jefe de la OMAC de El Palo, algo que es efectivo, ya que aparece así en la página web municipal.

Es decir, le cesan y le vuelven a nombrar con la misma puntuación y sin darle al funcionario azote la información que hace que no se vulneren sus derechos fundamentales, lo que ha motivado el escrito de Fiscalía exigiendo el cumplimiento de la sentencia.

La realidad es que da cierta fatiga leer el escrito del Ministerio Fiscal dándole el tirón de orejas al Ayuntamiento de Málaga, que llegó el pasado mes de octubre y donde todavía nada ha cambiado a este respecto. «Esto es ya un puro cachondeo», dice sin miramientos Alonso a esta sección. Subraya que todas las resoluciones que vayan en contra de la sentencia son «nulas de pleno derecho y es como si no se hubieran dictado», entre ellas que su contrincante haya sido nombrado jefe de nuevo.

«El Ayuntamiento de Málaga aquí podría estar prevaricando, y me reservo acciones penales sobre personas físicas concretas», acaba diciendo Alonso. Convendría saber cómo se resuelve este asunto. ¿No era que las administraciones debían dar ejemplo?