Exjefes de Urbanismo acusan al equipo de gobierno de incitarles a «mirar para otro lado»

Sesión de la comisión de investigación municipal sobre la gestión de las infracciones urbanísticas/Félix Palacios
Sesión de la comisión de investigación municipal sobre la gestión de las infracciones urbanísticas / Félix Palacios

Los anteriores responsables del servicio de infracciones denuncian que les impusieron límites para frenar la tramitación de los expedientes

Jesús Hinojosa
JESÚS HINOJOSAMálaga

Dos funcionarios de la Gerencia Municipal de Urbanismo, responsables años atrás del departamento que tramita las infracciones urbanísticas, pusieron ayer contra las cuerdas al equipo de gobierno del PP al acusarlo públicamente de incitarles a dar un trato de favor a los casos de obras ilegales que se detectaron en 2013 en la urbanización de Villas del Arenal, junto a Intelhorce. La anterior responsable del departamento encargado de la disciplina urbanística, Teresa Domingo, y el que fuera jefe de sección de Inspección Urbanística, Alberto Íñiguez, comparecieron ante los concejales de la corporación, en el marco de la comisión de investigación abierta para analizar la gestión de los expedientes de infracción tramitados entre 2006 y 2016, y coincidieron en que miembros del gobierno local les incitaron a relajar su acción sancionadora en este caso.

En el verano de 2013, Urbanismo abrió 115 expedientes de infracción en Villas del Arenal por obras de techado y ampliación de volúmenes sin licencia que provocaron una crisis en la gestión municipal que terminó con la destitución de Teresa Domingo en septiembre de 2014.

Los anteriores responsables del servicio de infracciones denuncian que les impusieron límites para frenar la tramitación de los expedientes

El concejal y el gerente no niegan las injerencias y argumentan que hubo «ofuscación» de los técnicos en Villas del Arenal

Según relató ella ayer, acudió a una visita a la citada urbanización junto con la concejala del distrito de Cruz del Humilladero, Teresa Porras, y el gerente de Urbanismo, José Cardador, en la que éste le preguntó «si no podíamos mirar para otro lado y dejar prescribir las infracciones, que eran pobre gente y que tenían derecho a que sus aparcamientos estuvieran cubiertos». «Me pedían informes jurídicos que justificaran la no imposición de multas y la no ejecución subsidiaria. Jurídicamente no se puede justificar, me pedían un imposible y no les satisfacía nunca», dijo Teresa Domingo.

Alberto Íñiguez, también hoy apartado de la jefatura de inspección por lo que considera una «represalia política», avaló las afirmaciones de Domingo y desveló que tuvo un encuentro con la concejala Teresa Porras, con el concejal de Ordenación del Territorio, Francisco Pomares, presente, en el que ésta le dijo que, en el caso de Villas del Arenal, «allí había que mirar para otro lado». «Pomares no desautorizó a Porras. Ya no me volvieron a llamar para más reuniones. Tengo documentación que avala esta verdad. Aquel asunto fue un disparate y desencadenó todo», comentó. Íñiguez aseguró que se «minoraron» las sanciones que inicialmente se dictaron para esa urbanización, cuyas infracciones han sido finalmente legalizadas en gran medida mediante la aprobación de una figura de planeamiento urbanístico, si bien algunas han sido objeto de demoliciones.

Ni el edil Pomares ni el gerente de Urbanismo negaron estas injerencias en la sesión de la comisión de investigación. El concejal volvió a recordar que una sentencia judicial, a raíz de un recurso de Teresa Domingo por su cese, avaló el cambio de criterio que se produjo en los expedientes de Villas del Arenal. Alberto Íñiguez le espetó que el problema es que ese cambio de criterio no se aplicó a toda la ciudad «sino a la ínsula de los expedientes de Arenal 2000». Por su parte, Teresa Porras, a preguntas de este periódico, afirmó que no va a «entrar en el juego» de estos exjefes de Urbanismo pero no aclaró si son ciertas o no sus acusaciones. «Ellos se reflejan solos», se limitó a contestar.

Teresa Domingo: «Puse al alcalde en conocimiento de todo lo que ocurría y más»

. Tanto Alberto Íñiguez como Teresa Domingo remarcaron que el alcalde, Francisco de la Torre, estuvo al corriente de las presiones que sufrieron por parte de los responsables de Urbanismo para ejercer su labor. Domingo desveló que, el 1 de julio de 2014, tuvo una reunión con el regidor que duró una hora y cuarenta minutos en la que «le puse en conocimiento de todo lo que ocurría y más». «Le dije al alcalde que ponía mi cargo a su disposición porque Pomares y Cardador me estaban exigiendo cruzar una línea que jamás iba a traspasar, la línea de la legalidad, y también le pedí expresamente que no me pidiera que la cruzara. Estuvo muy atento y me dijo que iba a hablar con el señor Pomares», manifestó Domingo, que fue destituida tres meses después de ese encuentro con el regidor.

De la Torre fue citado por el PSOE a que compareciera en la comisión de ayer. Sin embargo, optó por delegar en el gerente de Urbanismo, lo que fue criticado por el portavoz socialista, Daniel Pérez. «Algo tendrá que esconder», dijo. El alcalde, por su parte, justificó su rechazo a comparecer en problemas de agenda y falta de información sobre el asunto. «Cuando la oposición quiere tener toda la información, lo lógico es que vaya la persona que tenga más información. Y la diferencia entre la información que puede tener el gerente y la que puedo tener yo es abismal», argumentó, al tiempo que espetó que las críticas de Pérez son «una tontería como un templo».

Teresa Domingo, por su parte, aseguró que, no solo hubo injerencias en su labor en el caso de Villas del Arenal, sino en el resto de expedientes de infracción desde que Pomares y Cardador tomaron las riendas de la Gerencia en 2013, con el fin de evitar y retrasar multas y derribos forzosos. Según relató, tenían que avisar por correo electrónico a las juntas de distrito de los expedientes de infracción que se abrían en su ámbito, correos que en ocasiones no se abrían, por lo que tenían que realizar tres intentos como mínimo antes de continuar con el procedimiento. «Teníamos también la prohibición expresa, de manera verbal, de que los inspectores fueran a cierto distrito sin antes haber avisado a la concejala o al director del distrito», afirmó. Y, según aseguró, también se le dio la «instrucción expresa» de no firmar más de diez resoluciones a la semana, de las que al menos tres tenían que ser estimatorias o de archivo, y que no se impusiera más de una multa coercitiva al año por expediente.

«Si hubo injerencias políticas han sido para atender mejor a los vecinos, dentro de la legalidad y buscando hacer bien mi trabajo que es servir a la ciudadanía», remarcó Francisco Pomares. Por su parte, Cardador se defendió acusando a estos funcionarios de haber ejercido una «prevaricación activa» al dedicarse prácticamente por completo durante un tiempo al asunto de Villas del Arenal, desatendiendo otros casos. «Hubo una ofuscación en esos expedientes», afirmó.

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