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La agilización de los trámites para recabar un permiso de obras en el Centro de Málaga sigue siendo una utopía para promotores y arquitectos que ... todavía tendrán que esperar más para que pueda alcanzarse. Una cuestión clave para que los expedientes urbanísticos puedan tramitarse con mayor rapidez es que el Plan Especial de Protección y Reforma Interior (PEPRI) del Centro esté adaptado a la Ley de Patrimonio Histórico de Andalucía, cuestión que la Junta de Andalucía lleva reclamando al Ayuntamiento desde hace más de una década. Sin embargo, esa adaptación vuelve a demorarse.
Desde la Gerencia Municipal de Urbanismo han condicionado la puesta al día del PEPRI Centro –ya obsoleto tras su elaboración en 1989– a la realización de una revisión del catálogo de edificios protegidos que el Consistorio sacó a concurso en 2018. Sin embargo, ese procedimiento de contratación ha estado frenado durante los últimos seis años por un recurso judicial presentado por el Colegio de Arquitectos, que consideró excesivamente bajos los precios estipulados por el Ayuntamiento para llevar a cabo esa tarea.
Tras dos sentencias judiciales en contra de las pretensiones de los arquitectos, el asunto quedó zanjado el pasado otoño después de que la decana del colegio, Susana Gómez de Lara, anunciara que no iba a recurrir el segundo fallo de los tribunales en su contra. De este modo, quedaba expedito el camino para que Urbanismo pudiera contratar la revisión del catálogo de edificios protegidos con la única empresa que aspiró a ejecutar ese servicio en 2018: el despacho de arquitectura granadino García de los Reyes.
Pues bien, tras seis años de periplo, el asunto vuelve a quedar en punto muerto. Urbanismo ha tenido que declarar desierto el concurso para contratar la revisión del inventario de inmuebles con protección arquitectónica porque la citada empresa granadina no ha aportado la documentación que le ha requerido el Ayuntamiento para adjudicarle definitivamente este trabajo, que salió a licitación por 102.850 euros y con un plazo de ejecución de diez meses.
Así, vuelve a ponerse en contador a cero y el Consistorio tendrá que volver a convocar un concurso para contratar la revisión del catálogo de edificios protegidos del Centro de Málaga. Todo apunta a que Urbanismo tendrá que subir los precios que barajó hace seis años para ese trabajo si quiere asegurarse que va a poder contar con estudios de arquitectura dispuestos a llevarlo a cabo.
Tener adaptado el planeamiento del corazón de la capital a la Ley de Patrimonio andaluza permitiría a la Junta delegar en el Consistorio las competencias para autorizar directamente cualquier obra que se desarrolle en el corazón de la ciudad, siempre que no afecte a monumentos, jardines históricos o zonas arqueológicas. Eso reducirá considerablemente los casos en los que los expedientes tienen que pasar por la delegación de la Consejería de Cultura.
Hace ya diez años que la Junta comunicó al Ayuntamiento que tenía la obligación del adaptar el planeamiento del Centro Histórico a la ley de patrimonio regional después de que Cultura lo delimitara e inscribiera dentro del Catálogo del Patrimonio Histórico Andaluz como bien de interés cultural con la tipología de conjunto histórico en 2012. La Gerencia Municipal de Urbanismo llegó a aprobar en octubre de 2014 un avance de la revisión del PEPRI Centro para actualizarlo y adaptarlo a la ley andaluza de patrimonio. Sin embargo, aquellos primeros pasos no tuvieron una continuidad en el tiempo por parte del equipo de gobierno local hasta que el Consistorio inició en 2018 el procedimiento para contratar la revisión del catálogo de edificios protegidos del PEPRI, que ahora ha tenido que declarar desierta.
La adaptación del plan urbanístico del Centro de Málaga a la normativa de la Junta en materia de patrimonio no solo implicará la agilización de un buen número de permisos de obra, sino también el desbloqueo de actuaciones que llevan años lastradas por el conflicto jurídico entre la administración regional y el Ayuntamiento de la capital a cuenta de las alineaciones de parcelas. Las dos administraciones discrepan sobre el mantenimiento o no de la trama urbana primitiva. La adaptación del PEPRI Centro a la Ley de Patrimonio de la Junta resolvería este conflicto, que ha frenado proyectos que requieren modificar el parcelario.
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