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Viernes, 20 de julio 2018, 01:15
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La Universidad de Málaga no podrá finalmente celebrar las oposiciones para cubrir trece plazas en la escala administrativa, prueba para la que se habían presentado más de un millar de personas. Al menos no podrá hacerlo de la forma en la que lo había previsto inicialmente después de que la Justicia haya declarado nulo un anexo que garantizaba mayor puntuación a los empleados de la UMA.
Según se expone en la sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 7 de Málaga, dicho anexo «vulnera el derecho fundamental a acceder a la función pública en condiciones de igualdad». El proceso se inició tras la denuncia presentada por Wenceslao Alonso, quien denunció a la UMA por vulnerar los derechos fundamentales de las personas. El titular del juzgado condena también a la Universidad malagueña a pagar las costas de todo el proceso.
En el escrito se argumenta que la valoración de experiencia como mérito es perfectamente válida desde el punto de vista constitucional, «pero en ningún caso puede llegar a convertirse en un requisito que excluya la posibilidad de concurrencia de terceros, ni tener una dimensión cuantitativa que rebase el límite de lo tolerable». El concurso público convocado establecía como único mérito evaluable la prestación de servicios como interino y asignaba a ese mérito hasta el 40% de la puntuación total, una cifra que el tribunal considera «desproporcionada en cuanto concede una ventaja sustancial y prácticamente insuperable a quienes disfrutaren de aquel mérito». El juez concluye que no corresponde al tribunal la forma en la que debería redactarse dicho anexo sino que la Administración autora de la convocatoria, esto es, la UMA, es la que debe establecer una nueva redacción para respetar los criterios fijados.
Las oposiciones a las que se refiere esta sentencia ya habían sido suspendidas por la propia Universidad al conocer la denuncia. El primer ejercicio debería haberse celebrado el pasado día 15 de julio, pero los gestores de la UMA decidieron posponer la prueba al comprobar que el informe del fiscal se mostraba «inequívocamente favorable a la estimación del recurso contencioso interpuesto». Tras conocer esta sentencia no tendrán más remedio que cancelarla de forma definitiva y establecer los nuevos criterios de la convocatoria.
Desde el primer momento esta convocatoria ha estado marcada por la polémica, con varios recursos administrativos en relación a la puntuación que se otorga a los trabajadores interinos de la UMA, experiencia que no se ha reconocido en el caso de otras administraciones públicas. No obstante, la UMA siguió con el procedimiento selectivo, con la publicación de admitidos y excluidos, la valoración provisional de méritos y, finalmente, el pasado 20 de junio, el anuncio de la celebración del primer ejercicio, previsto para el día 15 de julio, así como la publicación de la puntuación de los aspirantes en la fase de concurso.
La suspensión de la prueba se realizó durante la última semana de junio, cuando los servicios jurídicos de la UMA recibieron el informe del fiscal y el auto judicial que declaraba el recurso contencioso administrativo interpuesto contra la convocatoria, ya que ya estaba visto para sentencia. Desde la UMA, que no estaban de acuerdo con dicho aspecto, decidieron suspender la prueba hasta que se dictara sentencia. Ahora, tras conocerla, reconocen que habrá que volver a convocarla con otra redacción.
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