Borrar
Trabajadores de Limasa, en la plaza de la Constitución durante el dispositivo de feria. Salvador Salas
Las condiciones laborales en la nueva Limasa, pendientes de un juzgado

Las condiciones laborales en la nueva Limasa, pendientes de un juzgado

Ayuntamiento y comité de empresa pactan que sean los tribunales los que decidan si la plantilla recupera o no los derechos perdidos durante los últimos años

Necesitas ser suscriptor para acceder a esta funcionalidad.

Lunes, 20 de agosto 2018, 00:43

Necesitas ser suscriptor para acceder a esta funcionalidad.

Compartir

La maquinaria del Ayuntamiento de Málaga para la municipalización de Limasa arrancó antes del verano, pero para que la apuesta del alcalde por una gestión de la limpieza cien por cien pública quede completamente despejada aún tienen que resolverse las condiciones laborales de la plantilla. No significa que la decisión de Francisco de la Torre pueda cambiar, pero sí que son unos flecos que pueden demorar la puesta en marcha del nuevo modelo ya que de ellos dependerán los gastos en el capítulo de personal. El regidor aspira a que el proceso esté listo antes de que concluya el año, aunque el ritmo vendrá condicionado del juicio previsto para septiembre en el que deberían quedar sentadas las bases del nuevo convenio colectivo. «Me gustaría dejarlo despejado este año, aunque no tengo un empeño especial», remarcaba hace unos días a este periódico.

Mientras se avanza en la liquidación de la entidad, en el plano laboral hay dos cuestiones aún por concretar. Por un lado, el alcalde da por hecho –porque ésa es una de las condiciones de su propuesta– que una parte del salario (unos 2.800 euros anuales divididos en dos pagas) irá ligada a la productividad del trabajador mediante el control del absentismo, la eficiencia y la calidad en las tareas. Pero más allá de esta remuneración variable que parece encarrilada en el fondo aunque aún queda por determinar las formas (se ha planteado incluso la posibilidad de controlar a los operarios por GPS), el punto que queda por zanjar es si la plantilla recuperará o no los derechos perdidos durante la crisis. La cuestión no es baladí, ya que el impacto económico puede rondar los diez millones de euros anuales, sin contar los atrasos que podrían reclamarse.

El TSJA ya se pronunció

Los trabajadores cuentan a su favor con la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) –es firme desde mayo tras rechazar el Supremo el recurso interpuesto por Limasa– que insta a la todavía empresa mixta de limpieza (51% en manos privadas) a reponer a la plantilla las condiciones de trabajo que tenía antes del acuerdo que puso fin a la huelga de 2013, de forma que el convenio vigente es el de 2010-2012, previo a los recortes. La intención inicial del equipo de gobierno del PP era que los trabajadores renunciaran a la aplicación de este fallo judicial logrado por un sindicato sin representación en el comité de empresa (el Sindicato de Trabajadores de la Administración Local), pero la respuesta ha sido negativa.

El impacto económico del pronunciamiento judicial puede rondar los diez millones de euros anuales

De la Torre confía en que el procedimiento para una Limasa pública «quede despejado este año»

Así que después de abordar la cuestión en varias reuniones con las seis fuerzas que integran el comité, ambas partes han acordado jugársela a una sola carta: la que se dilucidará a partir del juicio previsto para el próximo 17 de septiembre en el Juzgado de lo Social número 12 en un procedimiento paralelo que tienen abierto –quedó en suspenso a la espera del Supremo– para determinar si los acuerdos que pusieron fin a la huelga de 2013 tienen o no rango de convenio. Es decir, si los recortes aplicados entonces a la plantilla deben quedar consolidados en el nuevo marco laboral, como pretenden la entidad y el Ayuntamiento, o si la negociación debe partir teniendo como referencia el marco laboral vigente, que es el de 2010-2012. Tanto unos como otros confían en que la jueza se pronuncie pronto, aunque en caso de retrasarse más de lo previsto, no descartan la posibilidad de cerrar un acuerdo con la plantilla dejando esta cuestión pendiente del dictamen judicial.

De confirmarse en los juzgados la tesis de los trabajadores, la plantilla debería recuperar todos los recortes sufridos en los últimos años: la paga de productividad (1.431 euros), descansar todos los fines de semana, disfrutar las vacaciones en verano, poder trabajar los festivos que se pagan a 140 euros, percibir el complemento a cargo de la empresa en caso de hospitalización o incapacidad hasta alcanzar el 100% de la base reguladora, recibir un uniforme completo en invierno y otro en verano y la cesta de Navidad valorada en 68 euros.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios