Los concesionarios de los Baños del Carmen piden una prórroga para seguir con el restaurante

Los empresarios, a través de su despacho de abogados, enviaron la semana pasada un nuevo escrito a Medio Ambiente, en el que reiteran las peticiones que en este sentido ya han hecho en varias ocasiones, la última, el pasado noviembre, en respuesta a una resolución anterior, que admitió por primera vez la capacidad de la entidad para pedir dicha ampliación. Según el documento, al que tuvo acceso SUR, la sociedad alega que no existen impedimentos legales para continuar con el negocio.

Lo que es más importante: ofrece voluntariamente a la Administración un acuerdo para «reconfigurar el ámbito concesional», de forma que sea compatible con el Plan Especial. Este estaría limitado a las zonas donde se ejerce la actividad hostelera, o sea, el restaurante y las terrazas. Quedaría fuera, por tanto, todo el espacio anexo, formado por la gran parcela de los eucaliptos y las pistas deportivas, que volverían de esta manera a ser de titularidad pública.

Aunque no lo dice expresamente en la solicitud, según fuentes consultadas el espacio al que se restringiría esta actividad sumaría entre 1.200 y 1.500 metros cuadrados, formado por el edificio del restaurante, una terraza fija y otra para la temporada alta.

Al respecto, los empresarios recuerdan la existencia de un informe, emitido por la Demarcación de Costas el pasado septiembre, por el cuál se admite la posibilidad de mantener la actividad más allá de la fecha de caducidad, siempre y cuando se ciña el espacio que se explota comercialmente sólo al que se ha comentado anteriormente.

La entidad también aboga por abrir cuanto antes una negociación con ambas instituciones para firmar un convenio que permita igualmente «actualizar el canon», lo que supondría un fuerte aumento de ingresos para la Administración. El actual es el que había históricamente, que nunca se ha actualizado y que es meramente simbólico (15 céntimos de euros al mes, es decir, 1,80 euros al año). En cambio, en los términos en los que los anteriores titulares –Vera y Acha– negociaron su continuidad con Costas, la aportación rondaba los 2,06 millones de euros, por 25 años; y 2,4 millones, por 30 años. De hecho, los actuales propietarios aluden expresamente a que los anteriores tuvieron la oportunidad de acordar estos términos con el organismo dependiente del Ministerio de Medio Ambiente; por lo que piden para ellos el mismo trato institucional.

En cuanto a la cuestión clave del Recurso Contencioso-Administrativo, que está todavía a la espera de sentencia, el citado informe esgrime que, hasta el momento, los autos dictados «validan cautelarmente la validez a efectos administrativos de esa transmisión (se refiere a la venta de las acciones, que fue considerada ilegal por la Junta)». Al respecto, el tribunal ya concedió medidas en favor de los empresarios.