La concesión de los Baños del Carmen caducará mañana tras cien años con más dudas que certezas

A sólo 24 horas de que el recinto se quede sin título concesional, tras la última negativa de la Consejería de Medio Ambiente a prorrogarlo por un plazo cierto, de 15 años, lo poco seguro que se sabe es que el restaurante seguirá abierto. En la misma propuesta de resolución que emitió el pasado 13 de julio, la Junta autorizó mantener la actividad «de manera excepcional» y por periodos de seis meses «prorrogables tácitamente», hasta que se resuelva la concesión.

En este punto comienzan las dudas. El permiso para seguir ejerciendo la actividad actual de restauración sólo se podrá dar «en el espacio del perímetro concesional compatible de 1.802 metros cuadrados designado por la Demarcación de Costas», según el informe emitido el pasado abril. Los técnicos de la Consejería, en su documento, parecen apuntar a que el resto de la concesión, esto es, los 31.000 metros cuadrados del antiguo 'camping' revertirán a Costas para que se pueda llevar a cabo el gran parque público al que aspiran los vecinos de Pedregalejo. Pero lo cierto es que el escrito no concreta la forma en la que se dará forma a esta medida.

Al respecto, fuentes de Medio Ambiente indicaron a SUR que la fórmula administrativa ya está prevista y los términos definitivos se acordarán con Costas, previsiblemente, en septiembre. Por ello, se mostraron convencidos de que no habrá problemas para la esperada reversión. Al menos, existe consenso entre todas las partes para que el anhelo ciudadano se pueda cumplir a corto plazo.

La subdelegada del Gobierno, María Gámez, en sus primeras declaraciones sobre este debate, puso de relieve que, desde el punto de vista del Estado, se mantiene el compromiso por el proyecto de interés público aprobado en 2010 y «la voluntad de que se realice». Tras recordar que esta iniciativa «no es compatible con la concesión actual», de 33.000 metros cuadrados, reiteró: «Desde Costas y el Estado lo que queremos es poder actuar y hacer el parque marítimo para que los ciudadanos puedan disfrutar de esa zona costera, y vamos a trabajar para hacerlo, con un proyecto público».

Acerca del procedimiento de reversión, Gámez se mostró optimista: «Hay consenso y una clara voluntad de que podamos devolverlo a la ciudad, existe un clima de relación entre administraciones que reman en el mismo sentido», y añadió: «Esa posibilidad se ve como real y posible, la veo desbloqueada».

Damián Caneda, representante del grupo de socios que gestiona el balneario, también se mostró conciliador y anunció que ya han solicitado la nueva concesión, tal y como la Junta les indicó en la propuesta de resolución, como condición necesaria para que la autorización excepcional se pueda prorrogar tácitamente. La petición se refiere sólo a la superficie permitida por Costas, e incluye un plan de rehabilitación y de explotación. También han hecho una batería de alegaciones contra los argumentos de los funcionarios autonómicos para denegar la prórroga oficial.

En cuanto al resto de los terrenos, el empresario dijo que están plenamente dispuestos a que sea un parque para los vecinos cuanto antes:«Lo cederemos sin ningún problema cuando nos digan la fórmula, estamos a disposición de las administración para colaborar en lo que nos pidan».

Otra cuestión es qué va a ocurrir con el chiringuito. De momento, los actuales titulares de la sociedad Parque Balneario Nuestra Señora del Carmen podrán mantener la explotación hasta que se consiga desbloquear la situación legal. La intención manifestada por el delegado del Gobierno, José Luis Ruiz Espejo, es la de convocar un concurso público para elegir el mejor proyecto, siempre dentro del ámbito de la restauración, que es el único previsto. Pero todo apunta que la convocatoria irá para largo. Las fuentes consultadas en el seno de la Consejería de Medio Ambiente también dan por hecho que en septiembre presentarán un recurso de casación ante el Tribunal Supremo.

La reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA)dio la razón a los privados en el pleito que mantienen desde 2015 por la compraventa de la concesión a los anteriores titulares. Los servicios jurídicos autonómicos están convencidos de que su decisión fue correcta, a pesar del reciente varapalo judicial, y la defenderán hasta donde sea posible. En este supuesto, y con el precedente del TSJA en la mano, es previsible que el Supremo conceda las medidas cautelares, por lo que el concurso sólo se podrá convocar cuando haya una sentencia definitiva. El plazo previsto en estos casos es de unos cinco años.

La peor parte de este escenario –hipotético– es que el edificio no se podrá rehabilitar en todo este tiempo. El presupuesto de la inversión necesaria para recuperar el edificio y la terraza a su estado original es de casi medio millón de euros, que ningún empresario pondrá sobre la mesa sin la certeza de un periodo suficiente para amortizar el gasto.

Derivada de lo anterior, queda por ver si la Demarcación de Costas podrá acometer a medio plazo las medidas de protección marítima contra los temporales, para evitar las continuas inundaciones del restaurante a causa del oleaje del invierno…