Ciudadanos llevará a la Fiscalía el caso de los contratos de Marina Bravo

El anuncio lo hizo la formación naranja ayer en el pleno de la Diputación después de conocerse el informe del interventor general donde puso reparos al fraccionamiento de facturas para no tener que convocar un concurso público y el de la secretaria general en el que se recomendaba abrir, como ya se ha hecho, un procedimiento contradictorio para que Bravo explique la adjudicación de los contratos para dilucidar si hubo o no conflicto de intereses.

Gonzalo Sichar, portavoz de Ciudadanos, sostuvo en el pleno que con estos informes «aparecen serias dudas» sobre la legalidad y recalcó que la apertura de un expediente interno es «insuficiente». «Quien se debe pronunciar sobre este turbio asunto es la Fiscalía y mañana (por hoy) mismo vamos a ir con la documentación. Y la Cámara de Cuentas debe tener conocimiento de este asunto», dijo.

Sichar aseguró que «hay indicios» sobre presuntas ilegalidades y recordó que es la primera vez que su formación va a acudir al Ministerio Público por un asunto sobre gestión política en la Diputación.

PSOE, IU y Málaga Ahora, por su parte, votaron, junto a Ciudadanos, una moción socialista en la que se acuerda poner en conocimiento de la Fiscalía toda la información sobre los contratos de Bravo con la empresa donde trabaja su pareja.

Por su parte, desde el equipo de gobierno popular, el presidente de la Diputación, Elías Bendodo, respetó la decisión de los grupos de la oposición provincial de llevar el caso a la Fiscalía, pero recordó que el procedimiento administrativo aún no ha concluido ya que se ha abierto un procedimiento contradictorio -donde Bravo deberá declarar y explicar su actuación y se deberá pronunciar la Asesoría Jurídica- que tendrá una duración de entre quince y veinte días.

«Les insto a que dejen hacer su trabajo a los empleados de esta casa. Ahora no tienen toda la información porque el expediente no ha concluido», sostuvo Bendodo, quien expuso que la Fiscalía puede o no admitir a trámite la denuncia y que en el supuesto de que no lo haga emplazó a los partidos que la presentan a asumir sus responsabilidades.

Bendodo no entró a valorar la decisión de su socio de investidura, Ciudadanos, y sí arremetió contra el PSOE y su portavoz, Francisco Conejo, a quienes acusó, con un símil futbolístico, de intentar ganar los partidos «pegando patadas y no metiendo goles». En este punto, apeló a los nuevos partidos a no dejarse influenciar por las prácticas socialistas.

Francisco Salado, vicepresidente de la Diputación, calificó de «grave irresponsabilidad» llevar el caso a la Fiscalía y acusó a Conejo de tener una estrategia «circense» y de abrir «un proceso inquisitorial» contra Marina Bravo. A este respecto, pidió a Conejo que sea coherente y dimita porque construyó una piscina en su vivienda sin licencia de obras.

El portavoz socialista le respondió que su caso está archivado judicialmente «porque he demostrado mi inocencia» y preguntó al PP si van a poder demostrar la inocencia en el asunto de los contratos de Bravo «donde ha habido trato de favor».

Marina Bravo subrayó que va a demostrar que no ha hecho encargo ninguno a empresas ni tratos de favor y defendió su gestión.

El pleno rechazó por segunda vez, con los votos del PP y Ciudadanos, la petición de dimisión de Bravo, así como la de la vicepresidenta, Ana Carmen Mata, por haber levantado los reparos a dos de las facturas.