Cientos de personas claman por una educación pública de calidad e inclusiva: «Nuestros hijos tienen derechos»

María Eugenia cuenta que su hijo David, de nueve años y con necesidades educativas especiales, ingresó hace tres días en el hospital por un cuadro grave de ansiedad y estrés postraumático «derivado de la presión y falta de apoyo en su centro escolar». La hija de Sandra tiene autismo y ha sido derivada a un aula específica, «una mala ludoteca, abandonada por el sistema educativo», porque para estar en una clase ordinaria necesitaría personal específico con ella y «no hay recursos». Fátima es madre de un niño con autismo y ha venido desde Antequera para denunciar el «desmantelamiento» de un PTVAL (Proceso de Transición a la Vida Adulta Laboral) de carpintería que lleva 20 años formando a niños con alguna discapacidad. Tres historias de las cientos por las que esta mañana lanzó un grito la comunidad educativa para exigir una educación pública «de calidad e inclusiva».

Cientos de personas acudieron a la llamada de madres y padres de alumnos, sindicatos y partidos políticos de izquierda para pedir más fondos para el sistema educativo, con especial atención en los niños más vulnerables, aquellos con necesidades educativas especiales. «¡No somos cuatro marujas!», exclamó Sandra Bautista, socia fundadora de la plataforma Neurodiverso. «Este movimiento lo habéis conseguido vosotros, porque pensáis que los derechos de nuestros hijos se pueden mendigar. Detrás hay sufrimiento, dolor, pisoteo, maltrato institucional y problemas de salud mental. Nuestros hijos tienen derechos», reivindicó.

La marcha, con numerosas familias con niños, transcurrió con normalidad desde la calle Alcazabilla hasta la plaza de la Marina, con una batucada marcando el ritmo y decenas de turistas en los alrededores que intentaban entender qué decían las pancartas. «Recortar apoyos es recortar futuro», «Más recursos, menos excusas», «No a la privatización de la enseñanza»... O ese «Mi futuro depende de la pública» que portaba Mario, un adolescente autista. «Porque la inclusión depende de los recursos», defendía su padre Juan Diego, que paga de su bolsillo un «monitor sombra», una persona que le acompaña en todo momento en las tareas del colegio. «Pero muchas familias no pueden permitírselo».

Desde IU, Toni Morillas acusó al PP de «pisotear los derechos» de los niños. «Se está ensañando con los más vulnerables, generando un enorme sufrimiento a las familias trabajadoras y una discriminación profunda a los niños y niñas con necesidades educativas especiales», señaló. Patricia Alba, secretaria de Educación del PSOE Andalucía, denunció, por su parte, «la vulneración del principio de equidad y la falta absoluta de sensibilidad de este gobierno». «Estos recortes suponen un ataque directo y frontal a la igualdad de oportunidades y también por supuesto al futuro de estos niños y niñas», señaló Alba.

«Basta ya a un modelo de gestión que desmantela, que tiene en la cola de espera al personal docente pendiente de estabilizarse y que tiene las aulas totalmente saturadas donde nuestros niños no pueden recibir la atención que necesitan y merecen», declaró Alejandra Durán diputada en el Parlamento andaluz de la Confluencia por Andalucía.

Desde CC.OO pidieron más personal de pedagogía terapéutica, de audición y lenguaje y de integración social: «Hay una sobrecarga laboral de los docentes que están atrapados en un mar de burocracia y es insostenible. Necesitamos más plazas docentes para la atención a la diversidad», reclamó. Desde USTEA (Unión de Sindicatos de Trabajadoras y Trabajadores) lamentaron la precarización de la educación y advirtieron: «No vamos a dar ni un paso atrás hasta que el dinero público no se invierta en la escuela pública, hasta que estos niños sean atendidos no vamos a dejar de movilizarnos».

• Temas
• Málaga (Provincia)