La Casa Invisible busca apoyos a la espera del segundo aviso de desalojo del Ayuntamiento de Málaga

Protesta contra el desalojo celebrada el 19 de julio. /Francis Silva
Protesta contra el desalojo celebrada el 19 de julio. / Francis Silva

Los colectivos que gestionan este edificio okupado desde 2011 se reúnen con la Junta en un intento de paralizar el expediente municipal

Francisco Jiménez
FRANCISCO JIMÉNEZMálaga

Los colectivos que integran La Casa Invisible siguen trabajando contra el reloj para intentar paralizar el expediente impulsado por el Ayuntamiento para recuperar el edificio de titularidad municipal de la calle Nosquera que desde que fue okupado en marzo de 2007 funciona como un centro social y cultural de gestión ciudadana. «Es ahora o nunca», aseguran. Pero lo cierto es que el tiempo se les echa encima. De momento, el pasado jueves ya se cumplió el primer plazo de 15 días concedido por el Consistorio para que abandonen este deteriorado inmueble y están a la espera de una segunda notificación, con otros ocho días de margen para hacerlo. En caso de incumplir este nuevo aviso, la Administración local ya ha advertido de que procederá al lanzamiento del edificio con agentes de la Policía Local. Un momento al que los miembros de La Invisible se resisten a ver venir.

«Con los apoyos institucionales y ciudadanos que estamos recibiendo, esperamos que se pueda frenar el expediente y retomar la vía del diálogo para conseguir la cesión del edificio», afirma Amanda Romero, del equipo jurídico de La Invisible, en referencia a las conversaciones que durante años se mantuvieron con el Ayuntamiento para regularizar la situación de este espacio (primero en 2011 y luego en 2015) pero que, tras más de una década en el limbo legal, el equipo de gobierno municipal ha decidido ponerle fin con el argumento del «incumplimiento sistemático» de la orden de la Gerencia Municipal de Urbanismo que desde finales de 2014 impide al colectivo albergar eventos de concurrencia pública debido al mal estado que presenta la construcción, que no superó la Inspección Técnica de Edificios (ITE) en 2011. Una decisión que se adoptó el pasado mes de febrero a raíz de la polémica desatada en torno a unas jornadas sobre la libertad de expresión en la que estaba prevista la participación de dos expresos de la organización terrorista GRAPO.

Pese a que la postura municipal se antoja definitiva, en la Fundación de los Comunes (entidad creada por el colectivo en 2011 para asumir la gestión) aún confían en revertir la situación recabando nuevos apoyos. Entre ellos, destacan los de la Junta de Andalucía y del Museo Reina Sofía, instituciones que junto al Ayuntamiento y la Diputación suscribieron en 2011 un protocolo de intenciones para regularizar la situación de este espacio cultural alternativo. Precisamente ayer, miembros de esta fundación mantuvieron un encuentro con el delegado del Gobierno andaluz en Málaga, José Luis Ruiz Espejo, quien les transmitió que «la Junta se mantiene en los mismos términos y postura del protocolo firmado en 2011», según confirmaron fuentes del Ejecutivo autonómico.

El Museo Reina Sofía pide una reunión para tratar de regularizar la situación del espacio

De forma paralela, el Museo Reina Sofía ha vuelto a mostrar su apoyo en nombre de su director, Manuel Borja-Villel. Si el pasado 18 de julio participaba en unas jornadas con otros representantes de la cultura, la semana pasada hacía lo propio mediante una carta dirigida al Ayuntamiento en la que pone en valor el papel de La Invisible como «servicio de primera magnitud a la ciudadanía» y reclama la convocatoria de una reunión con todas las instituciones firmantes para «dar continuidad al proyecto en los términos en su día acordados».

Rehabilitación

A la espera del desalojo, la hoja de ruta establecida por el Ayuntamiento pasa por la redacción de un proyecto de rehabilitación del inmueble con la idea de sacar a concurso su explotación para uso cultural. A partir de ahí, en función del presupuesto y de la recomendaciones de los técnicos en cuanto a la inmediatez con la que deban acometerse estas obras se optaría por ejecutarlas directamente y luego licitar la gestión de este espacio o bien a la inversa, adjudicando primero la concesión del edificio en el estado actual con la obligación de que los nuevos gestores acometan los trabajos.

A priori, la maniobra más factible sería la segunda opción, ya que las arcas públicas no tendrían que asumir los costes de una rehabilitación que, dando por buenos los planteados en el proyecto que el equipo de arquitectura de La Invisible presentó al Consistorio, rondaría los 1,2 millones de euros. Sin embargo, un informe de Urbanismo que acompaña el expediente pone en duda la viabilidad económica de dejar la rehabilitación en manos de la futura concesionaria advirtiendo de que al tratarse de un espacio cultural la solvencia de los gestores quedaría «muy comprometida por la proporcionalidad entre ingresos y gastos».

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