El ADN canino sólo genera 36 multas en siete meses por no recoger los excrementos

Concretamente, de esos 304 restos de heces enviados al laboratorio en estos siete meses sólo se ha podido obtener el ADN en 128, lo que en la práctica refleja que únicamente se ha podido identificar a un tercio. ¿Qué ha pasado con las demás pruebas? Una simple cuestión de calidad. La explicación que apuntan desde el Consistorio tiene tres patas. Por un lado, argumentan que el procedimiento de extracción es complejo porque el ADN no se obtiene del excremento en sí, sino de los restos epiteliales del tracto intestinal del perro que quedan encima. Además, en caso de que esté contaminada, como puede ser por el orín de otro perro, se descarta. Y, por último, también alegan que al principio se optó por congelar las muestras para enviarlas por lotes al laboratorio (ubicado en Sevilla), lo que provocó una reducción de su eficacia. Actualmente, se hace la recogida y se lleva al servicio de mensajería en una caja termosellada para que en 24 horas pueda ser analizada.

Las muestras de las heces que se encuentren en la vía pública son tomadas por personal de la empresa adjudicataria del servicio de control de animales (Athisa), y siempre debe ir acompañado por un funcionario del servicio de vigilancia sanitario-ambiental para levantar acta y dar fe, antes de mandarlas al laboratorio para compararla con los perfiles genéticos registrados. Este proceso tiene un coste de 18 euros que, en principio, son asumidos por las arcas públicas, aunque en el caso de localizar al propietario de la mascota se le repercutirá esta cuantía, además de la correspondiente multa por no recoger los excrementos, que está fijada en 217 euros aunque puede llegar hasta los 500 si tiene lugar en parques o jardines, calles peatonales, zonas de gran afluencia o el entorno de centros educativos y sanitarios. Aunque el espíritu de este censo genético se inspira más en su efecto disuasorio que en el puramente sancionador, cabe reseñar que en este mismo periodo la Policía Local ha impuesto un total de 419 multas a propietarios de perros que no llevaban la chapa identificativa obligatoria o el carné correspondiente que acredite que la mascota ha sido registrada en este banco genético municipal, penalizada también con 217 euros. Esta infracción está calificada como leve en la nueva ordenanza de Tenencia de Animales, que entró en vigor en mayo del año pasado aunque su puesta en práctica se pospuso primero seis meses y luego otros dos para dar más margen a los dueños para que acudieran a una clínica veterinaria y realizaran la prueba de identificación de su can, que tiene un coste de 35 euros.

El perfil genético del perro se puede realizar a través de cualquier clínica veterinaria. Una vez realizada la extracción de sangre, se le entrega al dueño una documentación provisional que certifica que ha cumplido este trámite. Posteriormente, cuando se complete la inclusión del perfil genético en el censo municipal se le proporciona la chapa de acero inoxidable y la tarjeta identificativas. De esta forma, la Policía Local puede comprobar fácilmente quién no ha sometido a su mascota a esta prueba. En este sentido, cabe reseñar que marzo ha sido el mes con mayor presión policial, con 98 denuncias, seguidas por las 81 contabilizadas en mayo. En cuanto al ritmo de las inscripciones en el banco genético, el pico más alto tuvo lugar en octubre del año pasado, que teóricamente iba a ser el último de la moratoria de seis meses que se concedió y que se saldó con 3.829 altas. Los otros dos picos se produjeron en diciembre (3.747) y en febrero (3.691), a raíz de que empezaran a imponerse las primeras denuncias. A partir de ahí, lo cierto es que la cifra ha ido bajando, con una media de 800 mensuales, aunque en agosto únicamente fueron 371.