Los bomberos de Málaga cumplen dos años de huelga.... y lo que queda

No ha llegado a secundarse para no dejar lastrado un servicio de emergencia, pero por muy silenciosa que sea, la realidad es que los bomberos de Málaga capital cumplen hoy dos años de huelga indefinida, la primera en la historia del Cuerpo y que es consecuencia de un conflicto interno entre buena parte de la plantilla y la Jefatura y en cuyo trasfondo está la exigencia de mejoras en el servicio y en sus condiciones sociolaborales. Unas reivindicaciones que siguen tan vivas como el primer día y que se resumen en las tres 'R': la reducción de una jornada laboral que con 1.822 horas anuales es la más alta del país; la reclasificación profesional del grupo C2 a C1 para tener la categoría de bomberos especialistas como establece la Ley de Emergencia de Andalucía para así equipararse, también económicamente sin necesidad de trabajar más horas, al resto de profesionales de la región; y la redacción de un nuevo reglamento que actualice el vigente desde 1959 y evite que el servicio se organice a golpe de circulares.

Desde que arrancó el conflicto a finales de 2016 nada ha cambiado pese a la huelga indefinida que iniciaron el 14 de marzo de 2017, las movilizaciones celebradas (preparan una nueva manifestación para el próximo 11 de mayo coincidiendo con el inicio de la campaña de las elecciones municipales del día 26) o la presencia de efectivos en cada pleno del Ayuntamiento para recordarle al alcalde que el conflicto sigue latente.

Tampoco ha servido la presión ejercida ni las muestras de apoyo de todos los grupos de la oposición en la Casona del Parque, como la que ayer volvió a constatar IU-Málaga para la Gente. Ni siquiera la de Ciudadanos (hasta hace un mes socio de investidura del alcalde), que sí que se ha marcado un tanto al asumir como un logro suyo la inversión en 2018 de 2,1 millones en vehículos y equipos para el Cuerpo. Aunque de momento solo está sobre el papel, el déficit que padece la plantilla tras años sin cubrirse los huecos dejados por jubilación se verá suavizado con la convocatoria de 20 plazas. La previsión es que las oposiciones puedan materializarse este año, aunque la incorporación de la nueva promoción no sería hasta 2020.

Tanto el cambio de categoría como el recorte de la jornada laboral deben tratarse en la mesa del convenio colectivo del Ayuntamiento con todos los sindicatos, en las que apenas se ha avanzado después de una treintena de reuniones. En cuanto al reglamento interno, más de lo mismo. En diciembre de 2017 se constituyó una mesa técnica para consensuar la redacción de un nuevo documento, pero de poco ha servido.

«Hemos pedido más de 60 reuniones al alcalde y nada. En este tiempo el avance en la negociación es cero, la redacción del reglamento está parada y con lo único que nos estamos encontrando es con expedientes y coacciones», apunta el portavoz del Sindicato Andaluz de Bomberos (SAB), Andrés Millán, quien pese a los nulos progresos procura dejar claro que «la idea de la plantilla es seguir adelante». En esta misma línea se expresa su homólogo en CC OO, José Antonio Jiménez, quien califica de «sinrazón» la situación del Cuerpo mientras el equipo de gobierno «no ha dado ni un paso para entablar una conversación que pudiera acabar con el conflicto».

Echando la vista atrás, el ambiente llevaba caldeado desde el otoño de 2016 por el devenir de la negociación de un acuerdo de funcionarios que no respaldaron los dos sindicatos que representan a la mayoría de efectivos (SAB y CC OO) al no incluir sus principales reivindicaciones laborales, pero esa tensa calma que se evidenciaba con la aparición de banderas pirata en las torres de los parques y con pintadas en paredes y camiones se rompió en vísperas de la Nochevieja a raíz de la modificación de los turnos y el cambio de destino de varios profesionales. Fue la gota que colmó el vaso, y los bomberos se plantaron con un encierro y exigiendo, como primera medida, la destitución del inspector jefe. Apostaron fuerte pidiendo la cabeza de José Cruz como condición para empezar a negociar, y finalmente tuvieron que recular.

Y así siguen pasando los meses, sin que se atisbe el final del conflicto mientras en este tiempo se han encontrado con decenas de expedientes sancionadores por distintos motivos o con 60 bomberos teniendo que acudir a los juzgados (luego fueron absueltos) para declarar al ser denunciados por el Ayuntamiento por la vía penal porque estando fuera de servicio no cogieron el teléfono cuando fueron requeridos al originarse cinco incendios simultáneos en el verano de 2017.