El Ayuntamiento de Málaga deja de participar en los planes de empleo de la Junta

El problema entre el Ayuntamiento y la Junta de Andalucía a cuenta de los planes de empleo viene de lejos y, en esencia, hunde sus raíces en el hecho de que las condiciones actuales que impone el gobierno autonómico sobre número de horas del contrato y salario correspondiente no son equivalentes al convenio actual que está en vigor para el personal laboral del Ayuntamiento. Es decir, que una persona contratada a través de un plan de empleo de la Junta cobra menos que un trabajador en ese mismo puesto pero vinculado al consistorio, y esta diferencia de criterio y de retribuciones ha llevado en los últimos años a muchos de los contratados por los planes de la Junta a reclamar en los tribunales –y a ganar en algunos casos– esa compensación a su favor que tiene que desembolsar el consistorio.

En este estado de las cosas, tanto la Intervención General del Ayuntamiento como su Asesoría Jurídica y el Área de Recursos Humanos han advertido en dos informes recientes que participar en los dos nuevos planes de empleo impulsados por la Junta supondría al Ayuntamiento un sobrecoste de más de nueve millones de euros en esos conceptos compensatorios. En concreto, los dos programas a los que el consistorio no concurrirá hubieran supuesto una inversión de 10,8 millones de euros y la contratación de 661 personas durante un año.

Precisamente, desde 2016 el Ayuntamiento ha venido solicitando a la Junta «un cambio normativo para evitar la indefensión de los ayuntamientos andaluces a los que estos planes han ocasionado un perjuicio económico, y seguirán haciéndolo en el caso de no aprobar ese cambio normativo». Y ante la «falta de acción» –insistió De la Torre– de la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio de la Junta, «hemos decidido no concurrir». «Una vez que se cambie esta normativa, allí estaremos de nuevo», añadía el regidor, tras referirse al hecho de que la decisión coincida, justo ahora, con el cambio de gobierno: «No hemos buscado el plazo que coincida con ese cambio, pero había que decidirlo ya y así lo hemos hecho», zanjaba De la Torre. En cualquier caso, aún existen unas 300 reclamaciones pendientes de resolver por parte de trabajadores que han participado en programas anteriores y que exigen su correspondiente compensación.

Aún así, el primer edil se reafirmaba en el «compromiso municipal» con el empleo y destacaba que «la creación de puestos de trabajo es la mejor labor social que se puede hacer». Por eso presentaba a cambio la convocatoria de un plan de formación para el empleo –el Proyecto Aquileo– que representará una inversión de más de 12 millones de euros. El programa está enmarcado en una subvención que concede el Ministerio de Política Territorial y Función Pública dentro del Fondo Social Europeo de ayudas a la inserción de personas más vulnerables. De esos 12 millones de euros, cerca de diez los aportará el ministerio y el resto el propio Ayuntamiento.

En concreto, el Proyecto Aquileo desarrollará 125 cursos de formación para el empleo para 1.875 personas, que recibirán una beca de asistencia diaria de 13,45 euros. Se dirige específicamente a colectivos vulnerables, como personas con discapacidad, mayores de 45 años, jóvenes, inmigrantes, mujeres, personas sin hogar, minorías étnicas o familias monoparentales; y las acciones de formación están dirigidas «a las actividades que tienen mejores perspectivas para la inserción laboral». Entre ellas, servicios sociales, salud y calidad de vida, logística, tecnología, actividades turísticas y comercio. Estos programas serán desarrollados y tutelados por el IMFE y sus bases saldrán publicadas una vez que se aprueben en el seno del consejo de este organismo.

El alcalde quiso dejar clara la vocación para la «empleabilidad» de estos cursos y no dudó en establecer una singular comparación entre estos últimos y el programa que impulsa el gobierno autonómico: «Los planes de empleo de la Junta dan el pescado y son pan para hoy y hambre para mañana. Sin embargo el Proyecto Aquileo enseña a pescar».